Signos , Teoría y práctica
de la educación , 22 Octubre – Diciembre 1997 Página 64-65 ISSN 1131-8600
DECRETO DE CIENCIAS
SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA
LA ENSENANZA DE LA
HISTORIA COMO PRETEXTO
Raimundo Cuesta
Después de un dilatado silencio, la historia impartida en las aulas ha
irrumpido en los escenarios que producen la actualidad y contribuyen a inventar
los supuestos objetos de pública preocupación. En la actual polémica acerca de
los males de la educación histórica de los escolares españoles ha terciado,
como decía el padre Feijoo en sus Reflexiones sobre la historia, todo tipo de
"sabios de conversación e historiadores de corrillo". Pocos
intelectuales han resistido la tentación de opinar, en los más diversos medios
de información, sobre tan grave y trascendental cuestión; en su mayoría, y
salvo excepciones, han prestado su pluma, su voz y su imagen a una lamentable
operación de recuperación de las ideologías dominantes del "sentido
común", lo que evidencia la ligera tintura crítica que impregna el
territorio de muchas de las conciencias vivas del país. Y eso por no paramos a
mencionar los dignísimos arrebatos de amor patrio que ha exhibido buena parte
de la sufrida profesión periodística o las no menos entusiásticas apologías
nacionalistas ejecutadas por algunos políticos que a sí mismos se dicen de esa
confesión, y por otros que, negándola, la practican en igual o superior grado.
Sin duda este aluvión de
opiniones, esta moda del decir sobre la historia y su enseñanza, ha venido
impuesta desde el exterior de los historiadores y de los docentes, que se y han
topado de bruces con que el objeto disciplinar de su oficio adquiría
súbitamente valor de cambio en el mercado de los valores simbólicos al afectar
coyunturalmente a una serie de equilibrios y contraprestaciones políticas.
A decir verdad, la
historia como disciplina escolar, cuya evolución he estudiado con algún detalle
en Sociogénesis de una disciplina escolar la historia, (PomaresCorredor,
Barcelona, 1997), y en Clío en las aulas, (Akal, Madrid, en prensa) fija su
código disciplinar (sus discursos y sus prácticas) como una dimensión
constituyente más del Estado burgués de la era isabelina, fundando desde
entonces una auténtica tradición social que se prolonga durante más de un
siglo. En esa sociogénesis quedan firmemente impresas, entre otras marcas
indelebles y duraderas, las huellas del nacionalismo y de la educación de las
élites. La fuerte función nacionalizante atribuida al conocimiento histórico propició
que la historia escolar haya sido una de las asignaturas (primero en la segunda
enseñanza, más tarde en la primaria) que más confortablemente se acomodara al
espacio curricular de la escuela capitalista, ya que su enseñanza concitó,
desde el principio, una indubitable y general aceptación.
Ahora bien, la unanimidad
acerca del valor educativo del saber histórico empieza a resquebrajarse, hasta
cierto punto y no sólo en España, cuando los sistema escolares acceden al modo
de educación tecnocrático de masas. Porque, entre otras razones, se multiplican
las formas de nacionalización de las conciencias y se vislumbran otras formas
de saber y aprender. En este contexto acontece un cierta "crisis de
identidad" de la historia escolar (más rotunda en España por la brusca
caída del andamiaje centralista) que, paradójicamente, ha sido resuelta, en
buena parte de los casos, con un "regreso a la historia". En efecto,
después de las experiencias más renovadoras de los años sesenta y setenta, se
puede apreciar, desde la década de los ochenta, una revisión conservadora del
curriculum consistente en una vuelta a las disciplinas clásicas, entre ellas la
historia, al saber "legítimo" y a la cultura "culta".
Este proceso, que he dado
en llamar "disciplinazo", llega a España con algún retraso. El Plan
de Mejora de las Humanidades se inscribe en una tendencia general hacia el
retrohumanismo, que puede definirse como una ideología neoconservadora tendente
a restituir a las clases dirigentes el capital social y simbólico de lo que
Apple llamaría "conocimiento oficial", aquel tipo de saber
disciplinar que históricamente había distinguido y segmentado a los cursantes
de los distintos tipos de centros y vías de escolarización.
En este clima
retrohumanista, favorecido por los vientos gremialistas, y dentro de una
contrarreforma educativa ya iniciada en tiempos del PSOE, la propuesta de
cambiar los contenidos mínimos estatales para la enseñanza de la historia nos
es más que una versión hispana del "disciplinazo", aderezada con las
picardías de una escaramuza de intereses políticos más o menos accidentales. A
diferencia de otros países, como Inglaterra o Francia, aquí la profesión (los
historiadores y los docentes) han ido detrás de los políticos. La ministra
Aguirre, en efecto, ya destapó el tarro de las esencias en su comparecencia, en
octubre de 1996, ante la Real Academia de la Historia, donde se dolía del
"arrinconamiento de la enseñanza de la historia" y de la clamorosa
ausencia de la cronología y del "estudio de las grandes personalidades
políticas". Estas lastimeras observaciones finalmente encontraron cobijo y
consuelo académico en el trabajo de las comisiones de expertas. En junio de
1997 se entregaba el Informe de la comisión de historia y en octubre del mismo
año se hacía público un proyecto de decreto con el que se pretendía modificar
los mínimos de esta disciplina.
No es este el lugar
oportuno para diseccionar el decreto con un cierto detalle. Tampoco es de
nuestra incumbencia entrar en el cruce de acusaciones intranacionalistas, o en
las refriegas acaecidas en el interior de la comunidad de historiadores
profesionales o en la brega de los grupos políticos. Nos corresponde, en
cambio, recordar que la confección del decreto debe mucho a la Comisión, o lo
que es lo mismo, que las decisiones políticas se quieren legitimar con
apelaciones técnicas, ya que el alumbramiento es, en parte, obra de
historiadores profesionales.
La criatura resultante de
los trabajos de la Comisión y el proyecto de decreto puede calificarse de
engendro que expele un fuerte olor a naftalina. En efecto, se parte de la falaz
premisa (de cuya falsedad puede dar cuenta cualquier docente con una cierta
experiencia en su oficio) de que ampliando los contenidos de los programas
obligatorios se amplía automáticamente la cultura histórica de los estudiantes
y, para colino de la insensatez, se propone una canon de historia escolar que
evoca los más arcaicos signos del código disciplinar de la historia en el modo
de educación tradicional-elitista. De esta suerte, se rehabilita la vieja
invención decimonónica: la pareja curricular historia universal-historia de
España tratadas en riguroso orden cronológico. En suma, se revive un vetusto y
duradero arbitrario cultural que equipara la historia universal al pasado
contemplado desde Occidente y que imagina la historia patria como el resultado
de nacionalizar el pasado del territorio sobre el que actúan los poderes del
actual Estado.
Es, usando el término de
Citron, la sacralización escolar de la "memoria oficial" (tan oficial
como la que se van inventando, con el inapreciable apoyo de sus propios
historiadores connacionales, los microestados autónomos en el territorio a su
cargo) que se presenta como un producto "natural" de un saber
cosificado, que por su relevancia, para la ciencia y la conciencia, debe ser
trasladado al escenario escolar. Poco importa que la propuesta tenga escasa
relación con lo mejor de la producción historiográfica actual, y menos preocupa
incluso que tanto historiadores como gestores ministeriales ignoren la
vertiente histórica y social del propio conocimiento histórico.
Al fin y a la postre,
tras la maleza del debate sobre la enseñanza de la Historia, lo que asoma,
implícita o explícitamente, es la necesidad de redisciplinar el currículo y
acabar con los aspectos más progresistas de las reformas habidas en los últimos
años. De ahí que la enseñanza de la historia se haya convertido en un pretexto
para las querellas entre nacionalismos y en un instrumento ideológico para la
difusión del "disciplinazo" que se nos viene encima. Sea el que fuere
el destino del errático decreto de Aguirre, la ministra ha conseguido situar en
el centro del debate los argumentos populistas de derechas acerca de la cultura
histórica en la escuela.
Raimundo Cuesta es profesor de Ciencias Sociales,
Geografía e Historia en el IES Fray Luis de León de Salamanca y miembro del
grupo Cronos (teléfono de contacto: 92323 11 94).