Los EE.UU. y el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación

 

Colleen Roach

 

Las contradicciones de la postura exterior de Estados Unidos con su propia política interna, su rechazo a conceptos nacidos en el pensamiento norteamericano, se enmarcan en un contexto de intereses económicos. El análisis de estas realidades explica mucho sobre la actual situa­ción del NOMIC.

 

 A medida que se aproxima el fin de la década de 1980 cabe preguntarse: ¿Por qué debe haber alguien todavía interesa­do en el debate sobre el Nue­vo Orden Mundial de la Infor­mación y la Comunicación (NOMIC)? Al fin y al cabo los Estados Unidos se retiraron de la UNESCO. Y muchos países del Tercer Mundo, distraídos con la crisis económi­ca de los últimos años, han abandonado su anti­gua militancia. Sin embargo, esta cuestión toda­vía merece ser analizada por dos razones.

En primer lugar, la retirada de los EE.UU., bien entendida, debería proporcionarnos algu­nas de las directrices de la futura política nor­teamericana hacia el sistema de las Naciones Unidas. En segundo lugar, el hecho de que la polémica sobre el NOMIC se destacase sobre los asuntos que este movimiento esperaba plan­tear produce la falsa impresión de que con la retirada norteamericana de la UNESCO han de­saparecido esas cuestiones. Eso es evidente­mente falso. Resumiendo, aunque, en términos generales, el NOMIC ha desaparecido “de la agenda” de quienes dirigen la prensa y la polí­tica de los EE.UU. (1), la llamada internacional por un Nuevo Orden se mantiene todavía viva, y las disparidades existentes entre los países desarrollados y en vías de desarrollo que origi­naron las demandas de igualdad en la comuni­cación global no se han resuelto aún.

El objetivo de este artículo estriba, en un sen­tido amplio, en contribuir a que el NOMIC se mantenga en el orden del día de las comunica­ciones internacionales. Analiza en particular el “contexto” y las “contradicciones” de los princi­pales argumentos utilizados por los EE.UU. para atacar el NOMIC.

La tendencia mundial a la privatización y des­regulación, en aumento desde mediados de la década de 1970 por lo menos, nos proporciona el necesario “contexto” para entender por qué los portavoces norteamericanos han recurrido invariablemente al mismo argumento para ata­car el NOMIC: que fomenta el “control guber­namental de los medios”. Las connotaciones po­líticas e ideológicas del argumento del “control gubernamental” han desviado la atención de su relación con los intereses económicos de los EE.UU., en las comunicaciones internacionales. Nuestro análisis de esta relación se basa en la premisa siguiente: la fase actual de la economía capitalista mundial necesita la expansión sin fre­nos del sector privado, imperativo que se refle­ja concretamente en el movimiento internacio­nal hacia la desregulación y privatización del sector público. Es lógico que este movimiento dual de desregulación/privatización, que se co­rresponde con un ímpetu económico, no pueda tolerar las restricciones de un sector público fuerte en el plano nacional o internacional. Úni­camente a la luz de esta realidad es como pue­de apreciarse plenamente la razón de que el argumento del “control gubernamental” se con­virtiese en la plataforma de la posición nortea­mericana ante el NOMIC.

Los críticos norteamericanos del NOMIC con­traponen, claro está, el “control gubernamental de los medios” al más querido de los principios americanos, a saber: el “libre flujo de informa­ción”. Mas, por consecuentes que hayan sido los portavoces americanos a la hora de defender este principio, no deja de estar lleno de contra­dicciones. Si el Gobierno de los EE.UU. fomenta el principio del “libre flujo de información” en los foros internacionales al tiempo que limita ese flujo de información a los ciudadanos nor­teamericanos, ¿no es esto una contradicción evidente? Si el Gobierno o los medios nortea­mericanos sostienen conceptos y lemas que ha recogido la UNESCO en el debate sobre el NO­MIC, ¿no supone también una clara contradic­ción? La contradicción más irónica se daría si se demostrase que ciertos conceptos y eslógans del NOMIC surgieron realmente en los Estados Unidos.

La posición norteamericana sobre el NOMIC estuvo ampliamente determinada por conside­raciones económicas. Cierto, los autores más fa­mosos del NOMIC, tales como Hamelink, Nor­denstreng y Somavia, han examinado en grado diferente los intereses de las transnacionales y el sector privado norteamericano en el debate sobre el NOMIC. Sin embargo, no se ha anali­zado en detalle la cuestión específica de cómo se han vinculado estos intereses a la articula­ción del argumento del “control gubernamental” (2). Supongo que el argumento del “control gu­bernamental” es una formulación político‑ideo­lógica que sirve primordial, aunque no exclusi­vamente, para defender los imperativos de la expansión del sector privado a escala global.

 

DESREGULACIÓN Y PRIVATIZACIÓN

 

No es una exageración afirmar que, práctica­mente, toda cuestión o tema relacionado con el NOMIC (“responsabilidad social de la prensa”, “protección de los periodistas”, “el derecho a comunicar”, etc.) se redujo al lema del “control gubernamental de los medios”. La razón de esta estrategia no reside únicamente en la predilec­ción norteamericana por la simplificación exce­siva de las cuestiones complejas, ni siquiera en el compromiso histórico con la Primera Enmien­da, aunque tampoco hay que menospreciar estos factores. El énfasis que se ha puesto en el argumento del “control gubernamental” refleja sobre todo la necesidad de asegurar que el NOMIC no fuese a reforzar los medios de co­municación gubernamentales o del sector pú­blico a expensas del sector privado.

Lo más esencial es la protección del sector privado. El imperativo de los intereses comer­ciales norteamericanos en las comunicaciones transnacionales se refleja concretamente en la “fiebre desreguladora” y en el movimiento hacia la privatización del sector privado. La unión de los movimientos de desregulación y privatiza­ción socava necesariamente un fuerte sector público de la economía, ya sea a nivel nacional o internacional. Si se comprende la vinculación de estas fuerzas se puede apreciar mejor por qué el argumento del “control gubernamental” se convirtió en la plataforma de la postura nor­teamericana ante el NOMIC.

En el contexto internacional, el apoyo nortea­mericano a la privatización y desregulación a nivel global se puso de manifiesto, claro está, en las negociaciones con la UNESCO. La evolu­ción de la postura norteamericana ante el NO­MIC entre 1976 y 1984 se caracterizó por la cre­ciente importancia que se dio a las preocupa­ciones del sector privado. La creación del World Press Freedom Committee ‑WPFC­ (Comité por la Libertad de la Prensa Mundial) en 1976 reunió bajo una misma cobertura a los representantes del sector privado que tenían algún interés en el debate del NOMIC. Tampo­co debe olvidarse el papel hostil desempeñado por The New York Times y The Washington Post (3). Y una de las razones de que los Esta­dos Unidos hayan manifestado poco entusiasmo hacia su propia creación, el Programa Interna­cional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDO), estriba precisamente en la falta de ga­rantías de que se les dé prioridad a los proyec­tos destinados a promover el sector privado norteamericano en los países en vías de desa­rrollo.

El papel decisivo desempeñado por el sector privado norteamericano en las negociaciones con la UNESCO adquirió cierta significación simbólica a medida que se difundía la historia del NOMIC. El discurso del representante de los EE.UU. en la Comisión de Comunicación de la Conferencia General de la UNESCO de 1982, James Philips, empezaba así: “En nombre del gobierno y del sector privado” (4). La persona elegida para encabezar la delegación nortea­mericana a la última Conferencia General de la UNESCO en la que participaron los EE.UU, (en 1983) fue Edmund P. Hennelly, director de la Mobil Oil Corporation.

Pero sería un error grave deducir que se se­leccionó a la UNESCO para este tipo de estra­tegia. La privatización y el realce de las “fuerzas del libre mercado”, especialmente en los países en vías de desarrollo, los llevaron los EE.UU. a todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta es­trategia se puso claramente de manifiesto en la Segunda Conferencia Internacional de la ONU sobre Población, celebrada en México en agos­to de 1984, donde los EE.UU. vincularon la solu­ción de los problemas demográficos con el fo­mento de la “economía de mercado” y la “nece­sidad de estimular la inversión privada” (5). Se­gún un informe, los delegados norteamericanos sugirieron que “si se deja funcionar el sistema de libre empresa, habrá suficiente crecimiento económico para prevenir las crisis” (6). Robert McNamara, antiguo presidente del Banco Mun­dial comentó que la “conferencia se reiría de los americanos si acentuaban este tema. Es ab­surdo” (7).

A pesar de los comentarios de McNamara, los EE.UU. han persistido en esta postura. En la Asamblea General de la ONU sobre la crisis económica de África, celebrada en Nueva York en junio de 1986, los EE.UU. no adoptaron nin­gún compromiso específico para ayudar por aire o aliviar la deuda. Pero, apoyado por otras “naciones donantes”, se las arregló para insertar la frase siguiente en el documento de la Asam­blea General: “También hay que estimular el papel del sector privado mediante políticas consecuentes y bien definidas” (8).

Y aunque los delegados africanos estaban in­comprensiblemente decepcionados con los es­casos resultados de la Conferencia, el secreta­rio de Estado, George Shultz, elogió lo que él lla­maba “la nueva disposición de los africanos a aplicar medidas de mercado en el tratamiento de sus dificultades económicas”, lo que “equiva­le a la reestructuración total de las economías africanas” (9).

El movimiento de desregulación/reprivatiza­ción en las telecomunicaciones tiene, por su­puesto, un alcance internacional, especialmente en Japón y en el Reino Unido. El monopolio es­tatal de la radiodifusión se ha roto también en Francia, Italia y España. En los países en desa­rrollo, uno de los debates nacionales más im­portantes en países tan diversos como la Argen­tina y la India se refiere precisamente a la can­tidad de privatización que debe permitirse.

 

Dado que el sector público se ve socavado en el mundo industrializado y que los países en vías de desarrollo se consideran como fuente de mercados en expansión, no resulta casual que el “control gubernamental” de los medios de comunicación se utilizase como principal ar­gumento para atacar el NOMIC a mediados y fi­nales de la década de 1970. Su dominio coinci­dió también con la defensa de otra querida li­bertad americana: la libertad para ampliar los mercados mundiales (10).

 

INTERVENCIONISMO ESTATAL EN EE.UU.

 

El argumento del “control gubernamental de los medios” presupone que en los EE.UU. los medios están totalmente libres de intervención estatal. Pero no es así, claro está. En radiodifu­sión, con su notable definición de ondas “públi­cas”, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) disponía hasta hace muy poco de dos medios fundamentales de control: la Regla de Tiempo Igual y la Doctrina de la Imparcialidad. Aunque las emisoras comerciales, aliadas con la FCC, consiguieron revocar la doctrina de la Im­parcialidad, su posible resurrección por miem­bros favorables del Congreso, junto con el man­tenimiento de la Regla de Tiempo Igual, sirven para recordarnos el papel del Gobierno en la regulación de los medios (11). Los medios im­presos de los EE.UU. no parecen estar “regula­dos”, pero, como observa Picard, “el Gobierno de los EE.UU. ha salido regularmente a la arena económica, junto con la ayuda y el estímulo de la industria periodística, para corregir y resta­blecer el mercado tan apreciado por los liber­tarios (12). Los críticos de la intervención estatal no reconocen estas ayudas gubernamentales porque, según Picard, apoyan “las infraestructu­ras de la industria comercial corporativista y contribuyen a hacer que la industria periodísti­ca sea una de las más rentables de los EE.UU.” (13).

El público americano apoya también la regu­lación “positiva” de los medios por parte del Gobierno. Una encuesta sobre la libertad de expresión efectuada por la Public Agenda Foundation en 1980 documenta esta observa­ción.

Así, por ejemplo, los encuestados eran parti­darios de leyes que exijan que los adversarios de una política controvertida dispongan del mismo espacio y difusión que sus defensoras, tanto en los periódicos como en la televisión (73 por ciento a 17 por ciento) (14).

Según este estudio,

 

... aunque la gente rechaza las leyes que entien­den como censura, defienden un tipo diferente de ley, que podría denominarse regulaciones de “po­licía de tráfico”, destinada a garantizar el flujo equi­librado y diversificado de información. La gente considera la imparcialidad de los medios como algo más que un objetivo loable. Están dispuestos a sostener su compromiso con la imparcialidad con la fuerza de la ley. Desde el punto de vista del público, las leyes relativas a la imparcialidad aumentan la libertad de expresión (15).

 

La creencia del público norteamericano en el “flujo equilibrado y diversificado de informa­ción” tiene una especial importancia para el de­bate del NOMIC. Una de las primeras victorias de las fuerzas del Tercer Mundo fue la adop­ción, por parte de la UNESCO, en 1974, de la fórmula relativa a la necesidad de “un flujo libre y equilibrado de información” (modificado des­pués de un “flujo más amplio y mejor equilibra­do de información”) en su descripción del NO­MIC. Aunque la delegación norteamericana es­tuvo conforme con este término en las negocia­ciones, los duros de los EE.UU. jamás aceptaron la idea de “equilibrio”. Vincularon “equilibrio” a “control gubernamental” al plantear la cuestión retórica de quién efectuaría el equilibrio. Tal como respondió un editorial del New York Ti­mes sobre la Declaración de la UNESCO sobre Medios de Masas en 1978, “pese a toda la pala­brería sobre una información “libre” y “objetiva”, lo que realmente defiende es algo llamado “equilibrio”, tal como lo definen los declarantes, que son Gobiernos” (16).

A pesar de estas objeciones, es más que pro­bable que el término “un flujo libre y equilibra­do de información” surgiese en los EE.UU. En sesiones del Congreso celebradas en junio de 1977 ante el Subcomité de Operaciones Interna­cionales del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, William Harley, especialista en co­municación y antiguo vicepresidente de la Co­misión Nacional norteamericana para la UNES­CO, afirmó lo siguiente: “en 1978, principalmen­te a iniciativa de los EE.UU., se adoptó el con­cepto de “flujo equilibrado y libre de informa­ción” como parte de la corregida Declaración de Derechos Humanos de la UNESCO” (17). La terminología diplomática utilizada en las resolu­ciones y declaraciones suele ser vino añejo en odres nuevos. Es muy probable que los diplo­máticos del Tercer Mundo estuviesen familiarizados con la terminología de 1978 (o quizá in­cluso presentes en las negociaciones de donde surgió esta frase) y que la adoptasen luego para uso propio de un contexto diferente. Sea como fuere, no sería ésta la última vez que los ameri­canos se opondrían tenazmente a un término o concepto que ellos mismos crearon.

 

Otra contradicción de la postura norteameri­cana ante “los medios controlados por el Go­bierno” se pone de manifiesto al examinar las sucursales radiodifusoras internacionales patro­cinadas por el Gobierno de los EE.UU. Así, por ejemplo, el programa WORLDNET, con 1,6 mi­llones de dólares de servicio por transmitir los programas de la Agencia de Información de los EE.UU. (USIA) vía satélite a Europa, iniciada en abril de 1985. Aunque la USIA lo ha calificado de enorme “oportunidad diplomática” global (18), existen otras reacciones menos optimistas. Durante su fase experimental un locutor germa­no occidental afirmó que las ofertas iniciales es­taban “muy próximas a la propaganda” (19).

Otra actividad controvertida de la USIA fue la apertura de Radio Martí en 1985 (20). Descrita francamente por la prensa institucional y los principales investigadores como “emisora de propaganda” (21), Radio Martí ha estado someti­da a una gran crítica tanto en Cuba como en EE.UU. Cuba la denunció con razón como un esfuerzo para desestabilizar el Gobierno, mien­tras que los adversarios de los EE.UU. estaban preocupados por los esfuerzos de la Administra­ción por hacerla funcionar sin la supervisión del Congreso.

Otros ejemplos de intervención del Gobierno norteamericano están relacionados con la cen­sura militar y el creciente manto de “seguridad nacional” con que se cubren cuestiones abierta­mente polémicas. Si echamos una mirada re­trospectiva, la censura militar impuesta durante la invasión de Granada a finales de 1983 puede contemplarse como la primera “prueba impor­tante” de una nueva estrategia gubernamental destinada a crear el equivalente norteamerica­no del “estado de seguridad nacional” impuesto en numerosos Estados latinoamericanos. Aun­que esta comparación no está enteramente jus­tificada, es sorprendente, empero, que las preocupaciones por la “seguridad nacional” se invoquen cada vez más para frenar el acceso de los periodistas a la información.

Después del bloque de noticias durante la in­vasión de Granada, numerosas organizaciones de medios de los EE.UU. elevaron un clamor de propuesta, especialmente la American Society of Newspaper Editors, la American Newspaper Publishers Association, Sigma Delta Chi, Asso­ciated Press Managing Editors y el Repor­ters” Committee for Freedom of the Press (22). La contradicción entre este “bloqueo” y la pos­tura norteamericana ante el NOMIC resultó evi­dente para varios observadores bien situados. Así, por ejemplo, Seymour Topping, editor ge­rente del New York Times, observó que “las ex­traordinarias restricciones impuestas a la pren­sa en el reportaje de la invasión de Granada prejuzga la posición que han tomado los EE.UU. en los foros internacionales sobre la libertad de prensa” (23). Otro pequeño manotazo ocurrió tras el desastre del “Challenger” en enero de 1986 cuando la NASA embargó la película de algunas de las mayores organizaciones informa­tivas del país (incluidas AP y UPI). Este hecho acaeció después de que se hubiesen expresa­do ya ciertas protestas por el rígido control de la información por parte de la NASA (24).

Existen otras contradicciones en el argumen­to norteamericano del “control gubernamental” que salen a la superficie cuando se examina el empleo de esta postura contra los países sub­desarrollados del mundo. La mayoría de los de­fensores tercermundistas del flujo “equilibrado de información” dan cuenta de la presencia ma­nifiesta del Gobierno en sus sistemas de medios conforme a uno de estos tres argumentos. Pri­mero, como las potencias coloniales, especial­mente en Asia y África, dejaron sistemas de co­municación muy centralizados y controlados por los Gobiernos coloniales, los nuevos Estados in­dependientes no hicieron sino perpetuar las es­tructuras heredadas. Segundo, como en la ma­yoría de los países subdesarrollados el sector privado era muy débil, resulta que el Estado es la única fuente de capital para establecer siste­mas de comunicación. Tercero, como muchos países envías de desarrollo aún no han consoli­dado su unidad nacional, el Gobierno tiene que utilizar los medios para tal fin. Así que estos portavoces subrayan la necesidad de cierta participación del Gobierno nacional por razo­nes históricas a fin de estimular cualquier tipo de organización de los medios.

 

ATENTADOS INTERNOS CONTRA EL LIBRE FLUJO

 

Irónicamente, los paradigmas de comunica­ción de los años 50 y 60 fomentados en el Tercer Mundo por los norteamericanos, especialmente por Wilbur Schramm, favorecían proyectos de desarrollo planificados y ejecutados por los Go­biernos nacionales, con un flujo de información ampliamente unilateral desde las agencias de desarrollo gubernamentales al pueblo. Sin em­bargo, conforme a la lógica de los críticos ac­tuales no hay sino un paso entre participación gubernamental y control. Como apuntó Charles Wick en un discurso durante la Conferencia General de la UNESCO de 1983 en París:

 

“Esta queja de “desequilibrio” en el flujo de infor­mación iba unida a otro punto de vista más radi­cal. Para algunos, y me apresuro a añadir que afortunadamente no todos, países del Tercer Mun­do existe la convicción de que los medios deben utilizarse como instrumentos para el desarrollo. Esto nos lleva, claro está, a la conclusión inacep­table de que los medios deben estar controlados por el Estado” (25).

 

Evidentemente, los tiempos han cambiado. Lo que los EE.UU, defendían después de la II Guerra Mundial como parte del proceso de mo­dernización del Tercer Mundo ya no era aplica­ble en la década de los 80.

Cierto, el deseo del Tercer Mundo de utilizar los medios para el desarrollo no justifica que estos regímenes apliquen la retórica de la UNESCO para reforzar el control estricto, y a veces total, de los medios. Ésta es la principal contradicción en la postura de los defensores del NOMIC. La UNESCO, sin embargo, no ha hecho el menor intento por esquivar la cuestión. El antiguo director general de la UNESCO, Amadou Mahtar M’bow, afirmó en numerosas ocasiones que los países del Tercer Mundo tie­nen que mejorar sus situaciones nacionales an­tes de exigir acción a nivel internacional. Pero si se le exige lógica a un lado, también se le debe exigir al otro. Dentro del contexto del NOMIC, las críticas norteamericanas de los paí­ses que controlan la prensa y persiguen a los periodistas no ha impedido que los EE.UU. apo­yen regímenes como los de África del Sur y Chile, cuya supervivencia depende de las res­tricciones a la libertad de prensa.

El corolario del lema del “control guberna­mental de los medios” es la doctrina del “libre flujo de información”. Aunque hubo un pequeño margen para las negociaciones sobre la doctri­na del libre flujo bajo el presidente Carter, la Administración Reagan la ha defendido a rajata­bla. En septiembre de 1981 envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes afirmando que “EE.UU. han considerado desde hace tiempo el principio de libre flujo de infor­mación como un pilar de cualquier orden políti­co”. Y en la carta del secretario de Estado, Shultz, de diciembre de 1983 a la UNESCO, en la que anunciaba la retirada de los EE.UU., la única mención de las comunicaciones era una referencia a la necesidad de respetar el libre flujo de información.

Sin embargo, lo que se conoce menos es el hecho de que, dentro de los EE.UU., los grupos por las libertades civiles, abogados y periodis­tas afines han atacado a la Administración por sus violaciones de los principios del libre flujo de información en los mismos EE.UU, (26). En 1981, por ejemplo, agentes de aduanas de los EE.UU. empezaron a confiscar todo material es­crito procedente de Cuba y anunciaron que los ciudadanos que quisieran su correo debían in­formar al Gobierno de quiénes eran y por qué lo querían. La ley invocada para justificar tales actos fue la “Ley de comercio con el enemigo”, cuya lógica reside en que el Gobierno de los EE.UU. tiene derecho a “restringir el flujo de dólares a naciones hostiles”.

En febrero de 1983, el Gobierno de los EE.UU. intentó restringir la distribución de tres películas canadienses (un documental contra la guerra nuclear y dos películas sobre los peli­gros de la lluvia ácida). El Departamento de Justicia declaró que las tres películas eran “pro­paganda política” y que, por consiguiente, su proyección debía ir precedida de un comunica­do señalando la oposición del Gobierno de los EE.UU. Otra directiva gubernamental estipulaba que el Gobierno debía recibir una lista de to­das las organizaciones que tuvieran copias de las películas. La movilización de los grupos eco­lógicos, las asociaciones pro libertades civiles, los miembros del Congreso y hasta el Gobierno canadiense llevaron a que el Departamento de justicia tuviera que suspender la acción en 1983 por orden de un juez federal de California (27). Sin embargo, en abril de 1987, y en una deci­sión ampliamente criticada por los grupos pro­libertades civiles, la Corte Suprema de los EE.UU. confirmó el derecho de la Administra­ción a calificar de “propaganda política” las tres películas canadienses (28).

El principal grupo de los EE.UU. en la movili­zación contra las restricciones al libre flujo de información es la American Civil Liberties Union ‑ ACLU (la Unión Americana pro Liberta­des Civiles). El número de primavera de 1986 de la circular de la ACLU lleva el adecuado tí­tulo de “Opening America”s Borders to a Free Flow of information” (Abrir las fronteras de América al libre flujo de información). La ACLU ha lanzado una especial “Campaña por el Mer­cado Libre de las Ideas”, cuyo punto clave es el “acceso a la información. Los promotores de la campaña subrayan que, desde 1981, los dere­chos americanos se han visto seriamente res­tringidos en cuatro áreas: el derecho a viajar; el derecho a importar ideas del extranjero; el de­recho a exportar ideas a otros países; y el dere­cho a invitar conferenciantes extranjeros a los EE.UU. sin importar sus creencias ni asociacio­nes políticas. El objetivo de la ACLU es que tanto el Senado como la Cámara de Represen­tantes aprueben leyes que supriman las restric­ciones existentes en estas áreas (29).

Una de las contradicciones más evidentes existentes en la defensa estadounidense de la doctrina del libre flujo de información reside en el flujo de programas televisivos, cuestión que, en opinión de muchos observadores, inició el debate sobre el NOMIC. Un estudio de Kaarle Nordenstreng y Tapio Varis, publicado por la UNESCO en 1974, llegaba a la conclusión de que, durante un período de cinco años, los EE.UU. dominaron el mercado de exportación internacional de TV, vendiendo más del doble de programas que todos los demás países jun­tos (30). Estas pruebas del dominio cultural nor­teamericano (mencionadas incluso en docu­mentos del Congreso de EE.UU.) oscurecían el hecho de que los EE.UU. no importaron casi nada; las 16 emisoras comerciales norteameri­canas analizadas no importaron en total más que el 1 por ciento de su programación y las 18 emisoras públicas solamente el 2 por ciento.

La puesta al día de este proyecto en 1983 apenas reveló dato alguno: una cifra global del 2 por ciento para todas las importaciones de las emisoras comerciales y públicas (31). Así que, en el limitado panorama televisivo de los EE.UU., las virtudes del “libre flujo de informa­ción” discurren en una sola dirección. La ironía de esta situación se revela igualmente en una serie de académicos bien situados, entre ellos el director ejecutivo de International and Allied Arenas, del programa de Harvard sobre Políti­ca de Recursos de Información, quien observó que “se trata principalmente de una cuestión comercial, pero en cierto modo hace que los EE.UU., la nación más rica del mundo en recur­sos de comunicación e información, sea una de las naciones culturalmente más pobres del mundo” (32).

 

CONCEPTOS “BOOMERANG”

 

Otro corolario de la doctrina del libre flujo di­rectamente relacionado con los medios es la “li­bertad de prensa”. En el debate del NOMIC este concepto se presentó como el ideal univer­sal de la democracia y la antítesis del “control gubernamental de los medios”. También estaba íntimamente relacionado con la defensa de la Primera Enmienda. A pesar de ciertos ataques específicos a la libertad de prensa en los años 80, el mayor impedimento a la realización ge­nuina de este principio democrático es la es­tructura monopolista de la propia prensa. Se ha convertido casi en un lugar común la afirmación de que la libertad de prensa sólo se aplica en los EE.UU. a quienes son lo bastante ricos como para tener una prensa. La amplia gama de pe­riódicos asequibles en muchos países europeos no se ha mantenido en los EE.UU. debido a la creciente concentración de la industria (33).

Uno de los pocos americanos que han cues­tionado el sacrosanto principio de la libertad norteamericana de la prensa en relación con las discusiones del NOMIC fue el representan­te George Crockett, del Estado de Michigan. Al dar el único voto contrario durante las sesiones congresuales de 1981 relativas a un voto de censura contra la UNESCO, afirmó que los EE.UU. tienen:

 

“Una prensa que actúa en un mercado cada vez más monopolista y que sólo parece ser cada vez más responsable ante los intereses de sus conse­jos de administración corporativos. Por eso pare­ce hipócrita que alguien presente una simple re­solución que propone condenar toda la operación de la UNESCO porque la noción de algunos de sus miembros de prensa libre difiera de la nues­tra, especialmente cuando nuestras manos no es­tán limpias. Quitemos primero la mota de nuestros ojos. Así podremos ayudar mejor a que otras na­ciones hagan lo mismo” (34).

 

Tal como se ha expresado en el contexto del NOMIC, la postura de la UNESCO ha sido la de que la libertad de prensa va de la mano con la responsabilidad de la prensa. No obstante, los EE.UU. volvieron a hacer fuertes objeciones en el sentido de que cualquier mención de res­ponsabilidad era una ocultación del control gu­bernamental de los medios.

Hay muchos ejemplos de la articulación de esta postura por parte de los portavoces esta­dounidenses. Como dice Rosemary Righter, di­plomática del Departamento de Estado que participaba en las negociaciones sobre lo que por entonces no era más que un borrador de Declaración Sobre los Medios, dijo en 1978: “Nos oponemos básicamente a cualquier cone­xión entre medios y responsabilidad, se expre­se como se exprese” (subrayado en el original) (35).

Durante la Conferencia General de la UNES­CO en 1980, el Washington Post publicó un edi­torial titulado “International Big Brother”, que presentaba también las objeciones norteameri­canas a este concepto: “su (de la UNESCO) nuevo “orden” equivaldría a un orden impuesto y vigilado por ellos. Se dice que la UNESCO está preparada para nombrarse a sí misma árbritro de las comunicaciones mundiales, a establecer normas de información “responsable” (36).

Sin embargo, como han señalado autores como Schiller y Nordenstreng, los orígenes de la teoría de la “responsabilidad social” se, en­cuentran en los propios EE.UU. La expresión institucional de la teoría de la “responsabilidad social” fue la de la Comisión Hutchins sobre li­bertad de prensa, creada en los EE.UU, a me­diados de la década de 1940. Esta comisión de distinguidos académicos llegó a la conclusión de que la importancia de la prensa en la socie­dad moderna implica una obligación equivalen­te de responsabilidad social y de que tal vez sea necesario cierto tipo de regulación guber­namental para asegurar que la prensa acepte su responsabilidad (37). Aunque los medios es­tadounidenses nunca aceptaron las principales conclusiones del informe Hutchins, el trabajo de la comisión, y especialmente su defensa de la “responsabilidad social” de los medios, ha tenido un efecto notable y duradero sobre el periodis­mo occidental. Tanto los representantes conser­vadores como los liberales de los medios esta­dounidenses siguen invocando la necesidad de “libertad y responsabilidad”.

A comienzos de la década de 1980, William Randolph Hearst, editor jefe de la Cadena Hearst, insistía en que la “libertad no es sufi­ciente. Debe ir acompañada de cierto sentido de responsabilidad. Los Padres Fundadores pensaron en eso cuando en 1791 añadieron la Carta de Derechos a la Constitución” (38). El concepto de prensa responsable se menciona en el código deontológico oficial de la Sigma Delta Chi (la asociación profesional de periodis­tas más conocida de los EE.UU.). Y, paradójica­mente, el establecimiento de “medios responsa­bles” se menciona como uno de los objetivos del Comité por la Libertad de la Prensa Mundial, el grupo estadounidense creado en 1976 para combatir expresamente el NOMIC. El membrete oficial del Comité afirma que la or­ganización está dedicada a “medios responsa­bles y objetivos”.

 

DERECHO A COMUNICAR Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

 

A estas alturas debería ser evidente que ha surgido un modelo claro: aunque muchos de los conceptos del debate del NOMIC tienen sus orígenes en los EE.UU., estos mismos conceptos han encontrado la sistemática oposición ameri­cana cuando los han adoptado países del Tercer Mundo. Este análisis se aplica también a otra cuestión importante del NOMIC: el “derecho a comunicar”.

Las objeciones norteamericanas al “derecho a comunicar” se manifestaron a comienzos de la década de 1980, cuando la UNESCO empezó también a apoyar una nueva generación de “de­rechos de gentes”. Al presentar el “derecho a comunicar” como uno de estos nuevos dere­chos, se vio envuelta en la amplia polémica so­bre “derechos colectivos” versus “derechos in­dividuales”. La polémica estadounidense se ex­presó claramente en la información de la AP (25 de octubre de 1983) sobre la Conferencia General de la UNESCO de 1983. Tras referirse al “derecho a comunicar” como “uno de los “de­rechos colectivos o del pueblo`, el corresponsal de la AP decía: “muchas naciones no industriali­zadas sostienen que los derechos del pueblo deben ser iguales a los derechos humanos indi­viduales. Las naciones occidentales sostienen que los Gobiernos autoritarios pueden utilizar ese concepto para saltarse los derechos indivi­duales”. Estos reparos aparecen en un editorial de 1983 que sostiene que el compromiso de la UNESCO con el derecho a comunicar “significa el fin de la propiedad privada de los medios de comunicación. Significa que estos medios se convierten en órganos de propaganda oficial... La UNESCO tiene que ceder. El control no es la respuesta” (39).

Semejante crítica ignora el hecho de que la mayoría del trabajo conceptual referente al “de­recho a comunicar” se elaboró en Occidente durante la década de 1970. El Instituto Interna­cional de Comunicación, afincado en Londres, efectuó un trabajo pionero en este campo. El padre del derecho a comunicar fue el difunto francés Jean d’Arcy. Y el Instituto de Comunica­ción Este‑Oeste de la Universidad de Hawaii, desempeñó un papel principal en la investiga­ción Este‑Oeste de la Universidad de Hawaii en la primera fase de la investigación, el “dere­cho a comunicar” se basaba en naciones tales como comunicación interactiva, bidireccional, con el acento en la participación social (40), re­ferencias éstas que luego serían casi sinónimas con las demandas del NOMIC.

Leonard Sussman, uno de los primeros y más firmes críticos de la UNESCO y del NOMIC, ad­mite también el origen occidental del “derecho a comunicar”:

 

“El concepto de este “derecho”, todavía teórico, surgió en Occidente, como ocurrió con la mayoría de las garantías de Derechos Humanos incluidos ahora en los convenios universales... Aunque la mayor parte del trabajo teórico sobre la formula­ción de este “derecho” en la legislación internacio­nal se ha efectuado en Europa y en los EE.UU., los países en vías de desarrollo apoyan plena­mente el enfoque en general” (41).

 

Una cuestión final relacionada con el argu­mento del “control gubernamental” es la protec­ción de los periodistas. En febrero de 1981, en una reunión patrocinada por la UNESCO, los principales grupos de interés norteamericanos, ayudados por los más destacados periódicos estadounidenses consiguieron equiparar los conceptos de “protección de los periodistas”, “autorización de los periodistas” y “control gu­bernamental de los medios”. Desde entonces, cualquier mención de la protección de los pe­riodistas se ha estigmatizado como encubri­miento del control gubernamental de los me­dios (42).

La noción de “autorización” nunca se ha defi­nido. Si “autorización” significa sencillamente acreditación del periodista, garantizada por el Gobierno, resulta que ese procedimiento existe en casi todo el mundo. En los EE.UU., las agen­cias federales otorgan normalmente documen­tos especiales que acreditan a los miembros de la comunidad de periodistas. Además, desde principios de la década de 1980 existe un deba­te en los EE.UU. sobre el empleo de visados de entrada como medio de establecer un sistema de autorización de facto para periodistas ex­tranjeros. Frank Campbell, por entonces minis­tro de Información de Guayana, suscitó esta cuestión en una entrevista mantenida el 15 de febrero de 1981 con el New York Times:


“El periodista de Guayana que quiera ir a los EE.UU. debe cumplir los requisitos normales de visado. Con harta frecuencia lo rechazan, pero si nosotros le negamos el visado a un periodista nor­teamericano resulta que es un asunto de libertad de prensa. Hagamos que los principios se cum­plan en todas partes”.

 

Esta cuestión la suscitó incluso una de las or­ganizaciones que han dirigido una campaña contra la UNESCO y el NOMIC: la Asociación Interamericana de la Prensa (IAPA), cuyo Co­mité Ejecutivo ha considerado conveniente exa­minar “si el Servicio de Inmigración y Naturali­zación de los EE.UU. utiliza o no la concesión de visados como medio de acreditar o autorizar a periodistas extranjeros para trabajar en ese país” (IAPA News, febrero de 1984, p. 2).

Robert Rutka, periodista canadiense que du­rante cuatro años había estado acreditado como corresponsal en Washington de la agencia cu­bana Prensa Latina, fue informado en 1984 de que la jurisdicción norteamericana prohíbe que se trate con Cuba, calificada de “nación enemi­ga”, a menos de que se disponga de una licen­cia. También se le informó de que “en las con­diciones actuales” no se le otorgaría una licen­cia (43). La contradicción existente entre esta acción y la postura de la Administración Rea­gan ante el supuesto fomento de licencias por parte de la UNESCO no pasó inadvertida. La conservadora Gazette de Montreal publicó un editorial en febrero de 1984 en donde aducía que, al ordenar que Rutka abandonase Wash­ington, los EE.UU. estaban socavando su propio argumento sobre la libertad de prensa con su negativa a otorgar la licencia del periodista. Este sentimiento halló eco en la conservadora revista norteamericana Editor and Publisher.

 

“Una de las razones de que el Gobierno nortea­mericano haya dicho que se retira de la UNESCO es por algunas de las cosas propuestas por el Nuevo Orden Mundial de la Información. La auto­rización de periodistas es una de ellas. Ahora no­sotros hacemos lo mismo” (44).

 

La revista liberal neoyorquina The Nation se ha visto también involucrada en la polémica de las licencias. En un editorial de 1984 que res­pondía a otro del New York Times, donde se criticaba la autorización de periodistas en Amé­rica Latina, The Nation escribió lo siguiente:

 

“Lo curioso de toda esta historia es la suposición implícita de que no existe semejante sistema de autorización en los EE.UU., perjudicial para la li­bertad. Claro que existe. La única diferencia estriba en que, en los EE.UU,, el Gobierno confía informalmente a los medios ortodoxos el manteni­miento y supervisión del sistema, con lo que el Gobierno se ahorra así mucho tiempo y gastos” (45).

 

Aunque los EE.UU, han criticado la preocupa­ción de la UNESCO por la protección de los pe­riodistas, en 1981 se creó en la ciudad de Nue­va York un Comité Estadounidense para Prote­ger a los Periodistas. Además de Walter Cron­kite, que actúa de presidente honorario, el con­sejo de dirección lo componen toda una serie de personalidades norteamericanas de los me­dios, tales como Ben Bagdikian, Antjony Lewis y Dan Rather.

¿Indican necesariamente las numerosas con­tradicciones que se dan en el argumento nor­teamericano del “control gubernamental” que las consideraciones económicas constituyen la base de la posición de EE.UU. ante el NOMIC? La mayoría de los investigadores, cualquiera que sea su orientación política, admitiría que las contradicciones indican efectivamente “algo”. La polémica se suscita en torno a la naturaleza de este “algo” y si importa o no.

 

LOS INTERESES ECONÓMICOS

 

En mi opinión, este “algo” no sólo señala los caprichos de la política ola dificultad de recon­ciliar los objetivos nacionales con los internacio­nales. La importancia económica de las comuni­caciones internacionales para las economías de los EE.UU. y la mayoría de los países occidenta­les es algo indiscutible desde la década de 1970. Unida al ímpetu del movimiento de priva­tización/desregulación, esta observación nos proporciona un “algo” plausible para explicar por qué el argumento del “control gubernamen­tal” ha sido y sigue siendo, a pesar de sus infini­tas contradicciones, el principal elemento políti­co‑ideológico de la postura oficial de los EE.UU. ante el NOMIC.

La cuestión pendiente es la siguiente: ¿impor­ta? Evidentemente no, si se es totalmente cínico sobre el papel que desempeñan los investiga­dores en el cambio social. Pero en tanto en cuanto el movimiento NOMIC lo han defendido miembros sinceramente motivados de la comu­nidad investigadora crítica, representa uno de nuestros momentos más delicados. Pocas cues­tiones defendidas por cualquier otra área de las ciencias sociales han ocasionado tanto interés y discusión sobre asuntos reales, concretos, tales como la explotación, el poder, el dominio, la dependencia y la construcción de un orden so­cial más humano.

No obstante, existen numerosas pruebas de que el ataque americano al NOMIC ha produci­do, al menos en parte, los resultados persegui­dos. Hay numerosos indicios de que, desde la retirada de los EE.UU. de la UNESCO en enero de 1985, la organización ha retrocedido en su compromiso con el NOMIC. Desde 1986, antes incluso del nombramiento de Federico Mayor como director de la organización, la UNESCO ha retirado del mercado americano la versión inglesa completa del Informe MacBride. Aun­que profesores de los EE.UU. que han intentado sin éxito pedir el libro para sus clases son cons­cientes de esto, hace muy poco que la situación ha llamado la atención de la comunidad investi­gadora en general. Más aún, “Bernan Unipub”, la distribuidora norteamericana del Informe MacBride, ha sido muy ingenua al explicar que fue una decisión de la sede central de la UNES­CO en París. El personal de la Bernal Unipub ha manifestado su sorpresa por la decisión de la UNESCO, “ya que existe un mercado muy claro en los EE.UU. para el Informe MacBride”. Los distribuidores han afirmado también que pronto tampoco será asequible lea versión resu­mida del informe. La Unión por la Comunica­ción Democrática (UDC) y la Asociación Inter­nacional de Comunicación (ICA), dos grupos de investigación con sede en EE.UU., han aprobado en 1988 resoluciones en las que se pide a la UNESCO que reedite el Informe MacBride en inglés.

Cuando en la reunión de la UDC, celebrada en abril de 1988 en Ottawa, se aprobó la resolu­ción sobre el Informe MacBride, un investiga­dor tomó la palabra para decir lo siguiente: “En un viaje reciente al Caribe esta persona se en­contró con un funcionario de la UNESCO que le dijo que había recibido instrucciones de París para que no aceptase ningún compromiso para hablar del NOMIC. Otro serio indicio de que los sentimientos hacia la comunicación han cambiado notablemente en París se dio en fe­brero de 1988 cuando se canceló definitivamen­te el programado simposio de la UNESCO para conmemorar la Declaración sobre los Medios de Masas. Es bien sabido que la Declaración sobre los Medios de Masas marcó un hito deci­sivo en la historia del movimiento del NOMIC. De ahí que la acción de la UNESCO fuera un signo claro de que los poderes actuales de la organización cedían ante los grupos occidentales del sector privado que habían estado cabil­deando contra esta reunión durante más de un año.

Así que, aunque en las últimas resoluciones de la UNESCO todavía se menciona el NOMIC como “proceso evolutivo y continuo” (terminolo­gía occidental impuesta poco antes de que los EE.UU. y el Reino Unido se retirasen de la UNESCO), es evidente que ese movimiento re­cibirá escaso apoyo del sistema de la ONU a menos que se dé otro cambio en las relaciones internacionales de poder.

Sin embargo, el movimiento del NOMIC ha sido siempre, por fortuna, mucho más amplio que el de la UNESCO, punto éste que se olvida con demasiada facilidad. En la actualidad existe un nuevo interés tanto en el NOMIC en su con­junto como en sus partes constitutivas, puesto de manifiesto por el número de libros publica­dos recientemente sobre el tema (46). Uno de los aspectos publicados más significativos de la situación actual es que este interés aumenta es­pecialmente en los EE. UU. La National Law­yers’ Guild, un grupo de abogados progresistas, estudia ahora, junto con la UDC, cómo aplicar en los EE.UU. la Declaración de la UNESCO so­bre Medios de Masas en cuanto a instrumento de la legislación internacional. En una conferen­cia reciente de Activistas Internacionales por la Paz, celebrada en la ciudad de Nueva York en abril de 1988, también fueron frecuentes los lla­mamientos de los dirigentes de grupos nortea­mericanos en favor del NOMIC.

Cierto, parte del interés de algunos activistas por la paz y grupos como la Lawyers Guild se deben a los años sumamente represivos de la Administración Reagan, así como a la creciente atención prestada a las leyes internacionales. La creciente brecha existente entre los “ricos en información” y los “pobres en información” de los EE.UU. también ha suscitado la preocu­pación por los objetivos del NOMIC. Sin embar­go, a la larga, y a menos que amplios sectores de la opinión pública norteamericana se con­venzan de que los objetivos del NOMIC des­cansan primordialmente en un régimen de justi­cia internacional, también pasará la “segunda ola” de interés por este movimiento.

 

(Traducción: Vicente Romano.)

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 

(1) Hay pocas excepciones notables. Así, por ejemplo, en sep­tiembre de 1987, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Reagan, hizo la siguiente mención del NOMIC: “No podemos permitir que se intente controlar los medios y fomen­tar la censura bajo la trampa del llamado Nuevo Orden Mundial de la Información”. (New York Times, 22 septiembre 1987). En marzo de 1987, el Christian Science Monitor patrocinó una conferencia so­bre “El Tercer Mundo y la Responsabilidad de los Medios”, que in­cluyó un panel sobre el NOMIC. Desgraciadamente estuvo domina­do por Duna Bullen, del Comité por la Libertad de la Prensa Mun­dial. (Vid.: Roach, Colleen: “The Position of the Reagan Administra­tion on the NWICO”, Media Development, London, vol. XXXIV, Nº4, 1987, pp, 32‑37, Traducción española de este artículo actualmente en prensa en CHASQUI Revista Latinoamericana de Comunicación).

(2) Un estudio basado en esta vinculación iría parejo con la obra de Mattelart y Schiller, cuyos conceptos han tenido una importancia decisiva para el debate del NOMIC. Así es, recientemente ambos se han preocupado de la importancia del movimiento de privatiza­ción/desregulación para las comunicaciones internacionales.

(3) Estos dos gigantes de la prensa estadounidense y no, como generalmente se cree, el Departamento de Estado, fueron los acto­res más “duros” implicados en la elaboración de la postura nortea­mericana. Así, por ejemplo, después de la Conferencia General de la UNESCO de 1978, cuando tras más de seis años de negociaciones se llegó a un consenso sobre la Declaración sobre los Medios de Masas, tanto el New York Times como el Washington Post publica­ron editoriales sumamente críticos, rechazando abiertamente la pos­tura de los diplomáticos norteamericanos (vid. New York Times, 27 noviembre 1978, y Washington Post, 27 noviembre 1978).

(4) Phillps, James, Remarks before the Communications Commis­sion, 4ª Sesión Extraordinaria de la Conferencia General de la UNESCO, 26 noviembre 1982.

(5) “Les États‑Unies s’engagent á ne pas verser de fonds qui se­raient utilisés pour l‘avortement”, Le Monde, París, 8 agosto 1984.

(6) “Bad Population Politics”, International Herald Tribune, París, 9 agosto 1984.

(7) Ibíd.

(8) “UN In Agreement on Steps to Bring Recovery”, New York Ti­mes, 2 junio 1986.

(9) “Africans Unhappy at Replies at UN Ad Session”, New York Times, 29 mayo 1986.

(10) Para el análisis de la relación entre privatización/NOMIC/y el escándalo “Contragate en los Estados Unidos, véase: Roach Co­lleen, “Contragate y el NOII”, CHASQUI: Revista Latinoamericana de Comunicación, Quito, N.° 22, abril/junio 1987, pp, 28‑31.

(11) Hay que admitir que ciertos observadores del debate sobre el NOMIC se han referido a esta contradicción. Por ejemplo, el de­saparecido Leonard Theberge, antiguo director del Media Institute, al referirse al argumento del “control gubernamental”, escribió lo si­guiente: “las emisoras han estado siempre reguladas por la FCC y se les exige que se adhieran a la Doctrina de la Imparcialidad”. (Vid. Theberge, Leonard, “Comments: Journalism in the Service of the State”, Political Communication and Persuasion, New York, vol. 2, N° 1, 1982, p. 87.).

(12) Picard, Robert G.: “State Intervention in U. S. Press Econo­mics”, Gazette, Amsterdam, vol. 30, N.° 1, 1982, p, 4.

(13) Ibíd., pp. 9‑10.

(14) Public Agenda Foundation: The Speaker and the Listener: A Public Perspective en Freedom of Expression, New York, Pubic Agenda Foundation, 1980, p. 29.

(15) Ibíd.

(16) “A Simple No to UNESCO”, New York Times (publicado en el International Herald Tribune, París, 11 septiembre 1987).

(17) United States Congress Congressional Record, Proceedings and Debates of the 95th Congress, Washington D.C. 13 junio 1977.

(18) “U.S. Agency Transmits TV Programs to Europe”, New York Times, 23 abril 1985.

(19) “Global U.S. Press Conferencé”, IPTC News, London, N.° 56, marzo 1984, p. 35.

(20) Frederick, Howard: Cuban‑American Radio Wars: Ideology in International Telecommunications, Norwood, N. J., Ablex, 1986.

(21) Véase, 1) “A Victory on Martí”, New York Times, 27 sept 1983, y 2) Nichols, John Spicer, “When Nobody Listens: Assessing the Political Success of Radio Martí”, Communication Research, Be­verly Hills, California, vol. 11, N° 2, abril 1984.

(22) “Around the Hemispheré”, IAPA News, Miami, Florida, febre­ro 1984, p. 10.

(23) “Press Sees Grenada News Curbs Hurting U. S. Stand on Controls”, International Herald Tribune, París, 9 noviembre 1983.

(24) “News Groups Protesting NASA’s Seizing of Film”, New York Times, 31 enero 1986.

(25) Wick, Charles Z., “UNESCO: A time for Change Observacio­nes preparadas para entregarlas en el French Instituto for Interna­tional Relations, París, 27 octubre 1983.

(26) Para el resumen más reciente y completo de la censura bajo la Administración Reagan, véase: Demac, Donna A., Liberty Delnied. The Current Rise of Censorship in Amenca, New York, PEN American Center, 1988.

(27) Véase: 1) “Canada Asks U.S., To Reconsider Ruling on Three Propaganda Films”, International Herald Tribune, París, 28 febrero 1983; 2) “Judge Lifts Label on Canada Films”, International Herald Tribune, París, 25 mayo 1983; 3) “U. S, Restricts Three Films as Pro­paganda”, International Herald Tribune, París, 26‑27 febrero 1983.

(28) “Court Backs Propaganda Libel for Three Canadian Films”, New York Times, 29 abril 1987.

(29) “Opening America’s Borders to a Free Flow of Information”, Civil Liberties (Circular de la Amerlcan Civil Liberties Union), New York, Nº 357, primavera de 1986.

(30) Nordenstreng, Kaarle y Varis, Tapio: Television Trafic, A One‑Way Street?, Reports and Papers on Mass Communication, N.° 70, París, UNESCO, 1974.

(31) Varis, Tapio: International Flow of Televislon Frogrammes, Reports and Papers on Mass Communication, N. 100, París, UNES­CO, 1985.

(32) Ganley, Oswald y Ganley, Gladys: To Inform or To Control The New Communications Network, New York, McGraw Hlll, 1982, pp, 67‑68.

(33) Véase Bagdikian, Ben H.: The Media Monopoly, Boston, Bea­con Press, 1987,

(34) Crockett, Hon. George W.: “Prepared Statement of Hon George W. Crockett in Opposition to House Resolution 142”, en Re­vtew of U.S. Participation in UNESCO, Hearings and Markup before the Sub‑Committees en International Operations and Human Rights and International Organizations of the Committee of Foreign Affairs, House of Representatives, 97th Congress, 10 marzo, 9 y 16 julio de 1981, Washington D.C.: U.S., Government Printing Office, 1982, p. 203,

(35) Righter, Rosemary, Whose News? Politics, the Press and the Third World, London, André Deutsch, 1979. (Righter, que ha sido uno de los críticos más mordaces de la UNESCO y del NOMIC, des­cribe, no obstante, la postura norteamericana ante la responsabili­dad de los medios como confrentacionismo crudo y estereotipa­do”.).

(36) “International Big Brother”, Washington Post (publicado en el International Herald Tribune, París, 21 octubre 1980).

(37) Commission en Freedom of the Press, A Free and Responsa­ble Press, Chicago, University of Chicago Press, 1947.

(38) “Editor’s Report”, San Francisco Examiner, 9 mayo 1982.

(39) Freedom to Communicate , Daily American, West Frankfurt, Illinois, 29 junio 1983.

(40) Harms, L. S. y J. Richstad (Eds.): Evolving Perspectives on the Right to Communicate, Honolulu East‑West Communications Institu­te, 1977.

(41) Sussman Leonard. Warning of a Bloodless Dialect Glossary for International Communications, Washington D.C.: Media Institute, 1983.

(42) Para un análisis detallado de la cuestión de la protección de los periodistas, véase Roach, Colleen: “The Position of the Reagan Administration on the NWICO”, Media Development, London, vol. XXXIV, N,° 4, 1987.

(43) “Canada, Prensa Latina Reporter Surprised, Angry by U.S. Ouster”, IPS News Service, 21 febrero 1986.

(44) “E & P Takes Issue with U S, “Licensing” Casé”, IAPA News, Miami, Florida, agosto 1984, p. 5.

(45) “Old World Information Order The Nation, 7‑14 julio 1984, pp 6‑7.

(46) Véase, por ejemplo, 1) Giffard, Anthony C: Unesco and the Media, New York/London, Longman 1988. 2) Mehra, Achal: Free Flow of Information, A New Paradigm?, Westport, Connecticut, Greewood Press, 1986. 3) Stevenson, Robert L.: Communication, De­velopment and the Third World, New York/London, Longman, 1988, 4) Wells, Clare: The UN, Unesco and the Politics of Knowledge, Lon­don, MacMillan Press 1987.