Los EE.UU. y el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación

Colleen Roach

Las contradicciones de la postura exterior de Estados Unidos con su propia política interna, su rechazo a conceptos nacidos en el pensamiento norteamericano, se enmarcan en un contexto de intereses económicos. El análisis de estas realidades explica mucho sobre la actual situación del NOMIC.

A medida que se aproxima el fin de la década de 1980 cabe preguntarse: ¿Por qué debe haber alguien todavía interesado en el debate sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC)? Al fin y al cabo los Estados Unidos se retiraron de la UNESCO. Y muchos países del Tercer Mundo, distraídos con la crisis económica de los últimos años, han abandonado su antigua militancia. Sin embargo, esta cuestión todavía merece ser analizada por dos razones.

En primer lugar, la retirada de los EE.UU., bien entendida, debería proporcionarnos algunas de las directrices de la futura política norteamericana hacia el sistema de las Naciones Unidas. En segundo lugar, el hecho de que la polémica sobre el NOMIC se destacase sobre los asuntos que este movimiento esperaba plantear produce la falsa impresión de que con la retirada norteamericana de la UNESCO han desaparecido esas cuestiones. Eso es evidentemente falso. Resumiendo, aunque, en términos generales, el NOMIC ha desaparecido “de la agenda” de quienes dirigen la prensa y la política de los EE.UU. (1), la llamada internacional por un Nuevo Orden se mantiene todavía viva, y las disparidades existentes entre los países desarrollados y en vías de desarrollo que originaron las demandas de igualdad en la comunicación global no se han resuelto aún.

El objetivo de este artículo estriba, en un sentido amplio, en contribuir a que el NOMIC se mantenga en el orden del día de las comunicaciones internacionales. Analiza en particular el “contexto” y las “contradicciones” de los principales argumentos utilizados por los EE.UU. para atacar el NOMIC.

La tendencia mundial a la privatización y desregulación, en aumento desde mediados de la década de 1970 por lo menos, nos proporciona el necesario “contexto” para entender por qué los portavoces norteamericanos han recurrido invariablemente al mismo argumento para atacar el NOMIC: que fomenta el “control gubernamental de los medios”. Las connotaciones políticas e ideológicas del argumento del “control gubernamental” han desviado la atención de su relación con los intereses económicos de los EE.UU., en las comunicaciones internacionales. Nuestro análisis de esta relación se basa en la premisa siguiente: la fase actual de la economía capitalista mundial necesita la expansión sin frenos del sector privado, imperativo que se refleja concretamente en el movimiento internacional hacia la desregulación y privatización del sector público. Es lógico que este movimiento dual de desregulación/privatización, que se corresponde con un ímpetu económico, no pueda tolerar las restricciones de un sector público fuerte en el plano nacional o internacional. Únicamente a la luz de esta realidad es como puede apreciarse plenamente la razón de que el argumento del “control gubernamental” se convirtiese en la plataforma de la posición norteamericana ante el NOMIC.

Los críticos norteamericanos del NOMIC contraponen, claro está, el “control gubernamental de los medios” al más querido de los principios americanos, a saber: el “libre flujo de información”. Mas, por consecuentes que hayan sido los portavoces americanos a la hora de defender este principio, no deja de estar lleno de contradicciones. Si el Gobierno de los EE.UU. fomenta el principio del “libre flujo de información” en los foros internacionales al tiempo que limita ese flujo de información a los ciudadanos norteamericanos, ¿no es esto una contradicción evidente? Si el Gobierno o los medios norteamericanos sostienen conceptos y lemas que ha recogido la UNESCO en el debate sobre el NOMIC, ¿no supone también una clara contradicción? La contradicción más irónica se daría si se demostrase que ciertos conceptos y eslógans del NOMIC surgieron realmente en los Estados Unidos.

La posición norteamericana sobre el NOMIC estuvo ampliamente determinada por consideraciones económicas. Cierto, los autores más famosos del NOMIC, tales como Hamelink, Nordenstreng y Somavia, han examinado en grado diferente los intereses de las transnacionales y el sector privado norteamericano en el debate sobre el NOMIC. Sin embargo, no se ha analizado en detalle la cuestión específica de cómo se han vinculado estos intereses a la articulación del argumento del “control gubernamental” (2). Supongo que el argumento del “control gubernamental” es una formulación político‑ideológica que sirve primordial, aunque no exclusivamente, para defender los imperativos de la expansión del sector privado a escala global.

DESREGULACIÓN Y PRIVATIZACIÓN

No es una exageración afirmar que, prácticamente, toda cuestión o tema relacionado con el NOMIC (“responsabilidad social de la prensa”, “protección de los periodistas”, “el derecho a comunicar”, etc.) se redujo al lema del “control gubernamental de los medios”. La razón de esta estrategia no reside únicamente en la predilección norteamericana por la simplificación excesiva de las cuestiones complejas, ni siquiera en el compromiso histórico con la Primera Enmienda, aunque tampoco hay que menospreciar estos factores. El énfasis que se ha puesto en el argumento del “control gubernamental” refleja sobre todo la necesidad de asegurar que el NOMIC no fuese a reforzar los medios de comunicación gubernamentales o del sector público a expensas del sector privado.

Lo más esencial es la protección del sector privado. El imperativo de los intereses comerciales norteamericanos en las comunicaciones transnacionales se refleja concretamente en la “fiebre desreguladora” y en el movimiento hacia la privatización del sector privado. La unión de los movimientos de desregulación y privatización socava necesariamente un fuerte sector público de la economía, ya sea a nivel nacional o internacional. Si se comprende la vinculación de estas fuerzas se puede apreciar mejor por qué el argumento del “control gubernamental” se convirtió en la plataforma de la postura norteamericana ante el NOMIC.

En el contexto internacional, el apoyo norteamericano a la privatización y desregulación a nivel global se puso de manifiesto, claro está, en las negociaciones con la UNESCO. La evolución de la postura norteamericana ante el NOMIC entre 1976 y 1984 se caracterizó por la creciente importancia que se dio a las preocupaciones del sector privado. La creación del World Press Freedom Committee ‑WPFC (Comité por la Libertad de la Prensa Mundial) en 1976 reunió bajo una misma cobertura a los representantes del sector privado que tenían algún interés en el debate del NOMIC. Tampoco debe olvidarse el papel hostil desempeñado por The New York Times y The Washington Post (3). Y una de las razones de que los Estados Unidos hayan manifestado poco entusiasmo hacia su propia creación, el Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDO), estriba precisamente en la falta de garantías de que se les dé prioridad a los proyectos destinados a promover el sector privado norteamericano en los países en vías de desarrollo.

El papel decisivo desempeñado por el sector privado norteamericano en las negociaciones con la UNESCO adquirió cierta significación simbólica a medida que se difundía la historia del NOMIC. El discurso del representante de los EE.UU. en la Comisión de Comunicación de la Conferencia General de la UNESCO de 1982, James Philips, empezaba así: “En nombre del gobierno y del sector privado” (4). La persona elegida para encabezar la delegación norteamericana a la última Conferencia General de la UNESCO en la que participaron los EE.UU, (en 1983) fue Edmund P. Hennelly, director de la Mobil Oil Corporation.

Pero sería un error grave deducir que se seleccionó a la UNESCO para este tipo de estrategia. La privatización y el realce de las “fuerzas del libre mercado”, especialmente en los países en vías de desarrollo, los llevaron los EE.UU. a todo el sistema de las Naciones Unidas. Esta estrategia se puso claramente de manifiesto en la Segunda Conferencia Internacional de la ONU sobre Población, celebrada en México en agosto de 1984, donde los EE.UU. vincularon la solución de los problemas demográficos con el fomento de la “economía de mercado” y la “necesidad de estimular la inversión privada” (5). Según un informe, los delegados norteamericanos sugirieron que “si se deja funcionar el sistema de libre empresa, habrá suficiente crecimiento económico para prevenir las crisis” (6). Robert McNamara, antiguo presidente del Banco Mundial comentó que la “conferencia se reiría de los americanos si acentuaban este tema. Es absurdo” (7).

A pesar de los comentarios de McNamara, los EE.UU. han persistido en esta postura. En la Asamblea General de la ONU sobre la crisis económica de África, celebrada en Nueva York en junio de 1986, los EE.UU. no adoptaron ningún compromiso específico para ayudar por aire o aliviar la deuda. Pero, apoyado por otras “naciones donantes”, se las arregló para insertar la frase siguiente en el documento de la Asamblea General: “También hay que estimular el papel del sector privado mediante políticas consecuentes y bien definidas” (8).

Y aunque los delegados africanos estaban incomprensiblemente decepcionados con los escasos resultados de la Conferencia, el secretario de Estado, George Shultz, elogió lo que él llamaba “la nueva disposición de los africanos a aplicar medidas de mercado en el tratamiento de sus dificultades económicas”, lo que “equivale a la reestructuración total de las economías africanas” (9).

El movimiento de desregulación/reprivatización en las telecomunicaciones tiene, por supuesto, un alcance internacional, especialmente en Japón y en el Reino Unido. El monopolio estatal de la radiodifusión se ha roto también en Francia, Italia y España. En los países en desarrollo, uno de los debates nacionales más importantes en países tan diversos como la Argentina y la India se refiere precisamente a la cantidad de privatización que debe permitirse.

Dado que el sector público se ve socavado en el mundo industrializado y que los países en vías de desarrollo se consideran como fuente de mercados en expansión, no resulta casual que el “control gubernamental” de los medios de comunicación se utilizase como principal argumento para atacar el NOMIC a mediados y finales de la década de 1970. Su dominio coincidió también con la defensa de otra querida libertad americana: la libertad para ampliar los mercados mundiales (10).

INTERVENCIONISMO ESTATAL EN EE.UU.

El argumento del “control gubernamental de los medios” presupone que en los EE.UU. los medios están totalmente libres de intervención estatal. Pero no es así, claro está. En radiodifusión, con su notable definición de ondas “públicas”, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) disponía hasta hace muy poco de dos medios fundamentales de control: la Regla de Tiempo Igual y la Doctrina de la Imparcialidad. Aunque las emisoras comerciales, aliadas con la FCC, consiguieron revocar la doctrina de la Imparcialidad, su posible resurrección por miembros favorables del Congreso, junto con el mantenimiento de la Regla de Tiempo Igual, sirven para recordarnos el papel del Gobierno en la regulación de los medios (11). Los medios impresos de los EE.UU. no parecen estar “regulados”, pero, como observa Picard, “el Gobierno de los EE.UU. ha salido regularmente a la arena económica, junto con la ayuda y el estímulo de la industria periodística, para corregir y restablecer el mercado tan apreciado por los libertarios (12). Los críticos de la intervención estatal no reconocen estas ayudas gubernamentales porque, según Picard, apoyan “las infraestructuras de la industria comercial corporativista y contribuyen a hacer que la industria periodística sea una de las más rentables de los EE.UU.” (13).

El público americano apoya también la regulación “positiva” de los medios por parte del Gobierno. Una encuesta sobre la libertad de expresión efectuada por la Public Agenda Foundation en 1980 documenta esta observación.

Así, por ejemplo, los encuestados eran partidarios de leyes que exijan que los adversarios de una política controvertida dispongan del mismo espacio y difusión que sus defensoras, tanto en los periódicos como en la televisión (73 por ciento a 17 por ciento) (14).

Según este estudio,

... aunque la gente rechaza las leyes que entienden como censura, defienden un tipo diferente de ley, que podría denominarse regulaciones de “policía de tráfico”, destinada a garantizar el flujo equilibrado y diversificado de información. La gente considera la imparcialidad de los medios como algo más que un objetivo loable. Están dispuestos a sostener su compromiso con la imparcialidad con la fuerza de la ley. Desde el punto de vista del público, las leyes relativas a la imparcialidad aumentan la libertad de expresión (15).

La creencia del público norteamericano en el “flujo equilibrado y diversificado de información” tiene una especial importancia para el debate del NOMIC. Una de las primeras victorias de las fuerzas del Tercer Mundo fue la adopción, por parte de la UNESCO, en 1974, de la fórmula relativa a la necesidad de “un flujo libre y equilibrado de información” (modificado después de un “flujo más amplio y mejor equilibrado de información”) en su descripción del NOMIC. Aunque la delegación norteamericana estuvo conforme con este término en las negociaciones, los duros de los EE.UU. jamás aceptaron la idea de “equilibrio”. Vincularon “equilibrio” a “control gubernamental” al plantear la cuestión retórica de quién efectuaría el equilibrio. Tal como respondió un editorial del New York Times sobre la Declaración de la UNESCO sobre Medios de Masas en 1978, “pese a toda la palabrería sobre una información “libre” y “objetiva”, lo que realmente defiende es algo llamado “equilibrio”, tal como lo definen los declarantes, que son Gobiernos” (16).

A pesar de estas objeciones, es más que probable que el término “un flujo libre y equilibrado de información” surgiese en los EE.UU. En sesiones del Congreso celebradas en junio de 1977 ante el Subcomité de Operaciones Internacionales del Comité Senatorial de Relaciones Exteriores, William Harley, especialista en comunicación y antiguo vicepresidente de la Comisión Nacional norteamericana para la UNESCO, afirmó lo siguiente: “en 1978, principalmente a iniciativa de los EE.UU., se adoptó el concepto de “flujo equilibrado y libre de información” como parte de la corregida Declaración de Derechos Humanos de la UNESCO” (17). La terminología diplomática utilizada en las resoluciones y declaraciones suele ser vino añejo en odres nuevos. Es muy probable que los diplomáticos del Tercer Mundo estuviesen familiarizados con la terminología de 1978 (o quizá incluso presentes en las negociaciones de donde surgió esta frase) y que la adoptasen luego para uso propio de un contexto diferente. Sea como fuere, no sería ésta la última vez que los americanos se opondrían tenazmente a un término o concepto que ellos mismos crearon.

Otra contradicción de la postura norteamericana ante “los medios controlados por el Gobierno” se pone de manifiesto al examinar las sucursales radiodifusoras internacionales patrocinadas por el Gobierno de los EE.UU. Así, por ejemplo, el programa WORLDNET, con 1,6 millones de dólares de servicio por transmitir los programas de la Agencia de Información de los EE.UU. (USIA) vía satélite a Europa, iniciada en abril de 1985. Aunque la USIA lo ha calificado de enorme “oportunidad diplomática” global (18), existen otras reacciones menos optimistas. Durante su fase experimental un locutor germano occidental afirmó que las ofertas iniciales estaban “muy próximas a la propaganda” (19).

Otra actividad controvertida de la USIA fue la apertura de Radio Martí en 1985 (20). Descrita francamente por la prensa institucional y los principales investigadores como “emisora de propaganda” (21), Radio Martí ha estado sometida a una gran crítica tanto en Cuba como en EE.UU. Cuba la denunció con razón como un esfuerzo para desestabilizar el Gobierno, mientras que los adversarios de los EE.UU. estaban preocupados por los esfuerzos de la Administración por hacerla funcionar sin la supervisión del Congreso.

Otros ejemplos de intervención del Gobierno norteamericano están relacionados con la censura militar y el creciente manto de “seguridad nacional” con que se cubren cuestiones abiertamente polémicas. Si echamos una mirada retrospectiva, la censura militar impuesta durante la invasión de Granada a finales de 1983 puede contemplarse como la primera “prueba importante” de una nueva estrategia gubernamental destinada a crear el equivalente norteamericano del “estado de seguridad nacional” impuesto en numerosos Estados latinoamericanos. Aunque esta comparación no está enteramente justificada, es sorprendente, empero, que las preocupaciones por la “seguridad nacional” se invoquen cada vez más para frenar el acceso de los periodistas a la información.

Después del bloque de noticias durante la invasión de Granada, numerosas organizaciones de medios de los EE.UU. elevaron un clamor de propuesta, especialmente la American Society of Newspaper Editors, la American Newspaper Publishers Association, Sigma Delta Chi, Associated Press Managing Editors y el Reporters” Committee for Freedom of the Press (22). La contradicción entre este “bloqueo” y la postura norteamericana ante el NOMIC resultó evidente para varios observadores bien situados. Así, por ejemplo, Seymour Topping, editor gerente del New York Times, observó que “las extraordinarias restricciones impuestas a la prensa en el reportaje de la invasión de Granada prejuzga la posición que han tomado los EE.UU. en los foros internacionales sobre la libertad de prensa” (23). Otro pequeño manotazo ocurrió tras el desastre del “Challenger” en enero de 1986 cuando la NASA embargó la película de algunas de las mayores organizaciones informativas del país (incluidas AP y UPI). Este hecho acaeció después de que se hubiesen expresado ya ciertas protestas por el rígido control de la información por parte de la NASA (24).

Existen otras contradicciones en el argumento norteamericano del “control gubernamental” que salen a la superficie cuando se examina el empleo de esta postura contra los países subdesarrollados del mundo. La mayoría de los defensores tercermundistas del flujo “equilibrado de información” dan cuenta de la presencia manifiesta del Gobierno en sus sistemas de medios conforme a uno de estos tres argumentos. Primero, como las potencias coloniales, especialmente en Asia y África, dejaron sistemas de comunicación muy centralizados y controlados por los Gobiernos coloniales, los nuevos Estados independientes no hicieron sino perpetuar las estructuras heredadas. Segundo, como en la mayoría de los países subdesarrollados el sector privado era muy débil, resulta que el Estado es la única fuente de capital para establecer sistemas de comunicación. Tercero, como muchos países envías de desarrollo aún no han consolidado su unidad nacional, el Gobierno tiene que utilizar los medios para tal fin. Así que estos portavoces subrayan la necesidad de cierta participación del Gobierno nacional por razones históricas a fin de estimular cualquier tipo de organización de los medios.

ATENTADOS INTERNOS CONTRA EL LIBRE FLUJO

Irónicamente, los paradigmas de comunicación de los años 50 y 60 fomentados en el Tercer Mundo por los norteamericanos, especialmente por Wilbur Schramm, favorecían proyectos de desarrollo planificados y ejecutados por los Gobiernos nacionales, con un flujo de información ampliamente unilateral desde las agencias de desarrollo gubernamentales al pueblo. Sin embargo, conforme a la lógica de los críticos actuales no hay sino un paso entre participación gubernamental y control. Como apuntó Charles Wick en un discurso durante la Conferencia General de la UNESCO de 1983 en París:

“Esta queja de “desequilibrio” en el flujo de información iba unida a otro punto de vista más radical. Para algunos, y me apresuro a añadir que afortunadamente no todos, países del Tercer Mundo existe la convicción de que los medios deben utilizarse como instrumentos para el desarrollo. Esto nos lleva, claro está, a la conclusión inaceptable de que los medios deben estar controlados por el Estado” (25).

Evidentemente, los tiempos han cambiado. Lo que los EE.UU, defendían después de la II Guerra Mundial como parte del proceso de modernización del Tercer Mundo ya no era aplicable en la década de los 80.

Cierto, el deseo del Tercer Mundo de utilizar los medios para el desarrollo no justifica que estos regímenes apliquen la retórica de la UNESCO para reforzar el control estricto, y a veces total, de los medios. Ésta es la principal contradicción en la postura de los defensores del NOMIC. La UNESCO, sin embargo, no ha hecho el menor intento por esquivar la cuestión. El antiguo director general de la UNESCO, Amadou Mahtar M’bow, afirmó en numerosas ocasiones que los países del Tercer Mundo tienen que mejorar sus situaciones nacionales antes de exigir acción a nivel internacional. Pero si se le exige lógica a un lado, también se le debe exigir al otro. Dentro del contexto del NOMIC, las críticas norteamericanas de los países que controlan la prensa y persiguen a los periodistas no ha impedido que los EE.UU. apoyen regímenes como los de África del Sur y Chile, cuya supervivencia depende de las restricciones a la libertad de prensa.

El corolario del lema del “control gubernamental de los medios” es la doctrina del “libre flujo de información”. Aunque hubo un pequeño margen para las negociaciones sobre la doctrina del libre flujo bajo el presidente Carter, la Administración Reagan la ha defendido a rajatabla. En septiembre de 1981 envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes afirmando que “EE.UU. han considerado desde hace tiempo el principio de libre flujo de información como un pilar de cualquier orden político”. Y en la carta del secretario de Estado, Shultz, de diciembre de 1983 a la UNESCO, en la que anunciaba la retirada de los EE.UU., la única mención de las comunicaciones era una referencia a la necesidad de respetar el libre flujo de información.

Sin embargo, lo que se conoce menos es el hecho de que, dentro de los EE.UU., los grupos por las libertades civiles, abogados y periodistas afines han atacado a la Administración por sus violaciones de los principios del libre flujo de información en los mismos EE.UU, (26). En 1981, por ejemplo, agentes de aduanas de los EE.UU. empezaron a confiscar todo material escrito procedente de Cuba y anunciaron que los ciudadanos que quisieran su correo debían informar al Gobierno de quiénes eran y por qué lo querían. La ley invocada para justificar tales actos fue la “Ley de comercio con el enemigo”, cuya lógica reside en que el Gobierno de los EE.UU. tiene derecho a “restringir el flujo de dólares a naciones hostiles”.

En febrero de 1983, el Gobierno de los EE.UU. intentó restringir la distribución de tres películas canadienses (un documental contra la guerra nuclear y dos películas sobre los peligros de la lluvia ácida). El Departamento de Justicia declaró que las tres películas eran “propaganda política” y que, por consiguiente, su proyección debía ir precedida de un comunicado señalando la oposición del Gobierno de los EE.UU. Otra directiva gubernamental estipulaba que el Gobierno debía recibir una lista de todas las organizaciones que tuvieran copias de las películas. La movilización de los grupos ecológicos, las asociaciones pro libertades civiles, los miembros del Congreso y hasta el Gobierno canadiense llevaron a que el Departamento de justicia tuviera que suspender la acción en 1983 por orden de un juez federal de California (27). Sin embargo, en abril de 1987, y en una decisión ampliamente criticada por los grupos prolibertades civiles, la Corte Suprema de los EE.UU. confirmó el derecho de la Administración a calificar de “propaganda política” las tres películas canadienses (28).

El principal grupo de los EE.UU. en la movilización contra las restricciones al libre flujo de información es la American Civil Liberties Union ‑ ACLU (la Unión Americana pro Libertades Civiles). El número de primavera de 1986 de la circular de la ACLU lleva el adecuado título de “Opening America”s Borders to a Free Flow of information” (Abrir las fronteras de América al libre flujo de información). La ACLU ha lanzado una especial “Campaña por el Mercado Libre de las Ideas”, cuyo punto clave es el “acceso a la información. Los promotores de la campaña subrayan que, desde 1981, los derechos americanos se han visto seriamente restringidos en cuatro áreas: el derecho a viajar; el derecho a importar ideas del extranjero; el derecho a exportar ideas a otros países; y el derecho a invitar conferenciantes extranjeros a los EE.UU. sin importar sus creencias ni asociaciones políticas. El objetivo de la ACLU es que tanto el Senado como la Cámara de Representantes aprueben leyes que supriman las restricciones existentes en estas áreas (29).

Una de las contradicciones más evidentes existentes en la defensa estadounidense de la doctrina del libre flujo de información reside en el flujo de programas televisivos, cuestión que, en opinión de muchos observadores, inició el debate sobre el NOMIC. Un estudio de Kaarle Nordenstreng y Tapio Varis, publicado por la UNESCO en 1974, llegaba a la conclusión de que, durante un período de cinco años, los EE.UU. dominaron el mercado de exportación internacional de TV, vendiendo más del doble de programas que todos los demás países juntos (30). Estas pruebas del dominio cultural norteamericano (mencionadas incluso en documentos del Congreso de EE.UU.) oscurecían el hecho de que los EE.UU. no importaron casi nada; las 16 emisoras comerciales norteamericanas analizadas no importaron en total más que el 1 por ciento de su programación y las 18 emisoras públicas solamente el 2 por ciento.

La puesta al día de este proyecto en 1983 apenas reveló dato alguno: una cifra global del 2 por ciento para todas las importaciones de las emisoras comerciales y públicas (31). Así que, en el limitado panorama televisivo de los EE.UU., las virtudes del “libre flujo de información” discurren en una sola dirección. La ironía de esta situación se revela igualmente en una serie de académicos bien situados, entre ellos el director ejecutivo de International and Allied Arenas, del programa de Harvard sobre Política de Recursos de Información, quien observó que “se trata principalmente de una cuestión comercial, pero en cierto modo hace que los EE.UU., la nación más rica del mundo en recursos de comunicación e información, sea una de las naciones culturalmente más pobres del mundo” (32).

CONCEPTOS “BOOMERANG”

Otro corolario de la doctrina del libre flujo directamente relacionado con los medios es la “libertad de prensa”. En el debate del NOMIC este concepto se presentó como el ideal universal de la democracia y la antítesis del “control gubernamental de los medios”. También estaba íntimamente relacionado con la defensa de la Primera Enmienda. A pesar de ciertos ataques específicos a la libertad de prensa en los años 80, el mayor impedimento a la realización genuina de este principio democrático es la estructura monopolista de la propia prensa. Se ha convertido casi en un lugar común la afirmación de que la libertad de prensa sólo se aplica en los EE.UU. a quienes son lo bastante ricos como para tener una prensa. La amplia gama de periódicos asequibles en muchos países europeos no se ha mantenido en los EE.UU. debido a la creciente concentración de la industria (33).

Uno de los pocos americanos que han cuestionado el sacrosanto principio de la libertad norteamericana de la prensa en relación con las discusiones del NOMIC fue el representante George Crockett, del Estado de Michigan. Al dar el único voto contrario durante las sesiones congresuales de 1981 relativas a un voto de censura contra la UNESCO, afirmó que los EE.UU. tienen:

“Una prensa que actúa en un mercado cada vez más monopolista y que sólo parece ser cada vez más responsable ante los intereses de sus consejos de administración corporativos. Por eso parece hipócrita que alguien presente una simple resolución que propone condenar toda la operación de la UNESCO porque la noción de algunos de sus miembros de prensa libre difiera de la nuestra, especialmente cuando nuestras manos no están limpias. Quitemos primero la mota de nuestros ojos. Así podremos ayudar mejor a que otras naciones hagan lo mismo” (34).

Tal como se ha expresado en el contexto del NOMIC, la postura de la UNESCO ha sido la de que la libertad de prensa va de la mano con la responsabilidad de la prensa. No obstante, los EE.UU. volvieron a hacer fuertes objeciones en el sentido de que cualquier mención de responsabilidad era una ocultación del control gubernamental de los medios.

Hay muchos ejemplos de la articulación de esta postura por parte de los portavoces estadounidenses. Como dice Rosemary Righter, diplomática del Departamento de Estado que participaba en las negociaciones sobre lo que por entonces no era más que un borrador de Declaración Sobre los Medios, dijo en 1978: “Nos oponemos básicamente a cualquier conexión entre medios y responsabilidad, se exprese como se exprese” (subrayado en el original) (35).

Durante la Conferencia General de la UNESCO en 1980, el Washington Post publicó un editorial titulado “International Big Brother”, que presentaba también las objeciones norteamericanas a este concepto: “su (de la UNESCO) nuevo “orden” equivaldría a un orden impuesto y vigilado por ellos. Se dice que la UNESCO está preparada para nombrarse a sí misma árbritro de las comunicaciones mundiales, a establecer normas de información “responsable” (36).

Sin embargo, como han señalado autores como Schiller y Nordenstreng, los orígenes de la teoría de la “responsabilidad social” se, encuentran en los propios EE.UU. La expresión institucional de la teoría de la “responsabilidad social” fue la de la Comisión Hutchins sobre libertad de prensa, creada en los EE.UU, a mediados de la década de 1940. Esta comisión de distinguidos académicos llegó a la conclusión de que la importancia de la prensa en la sociedad moderna implica una obligación equivalente de responsabilidad social y de que tal vez sea necesario cierto tipo de regulación gubernamental para asegurar que la prensa acepte su responsabilidad (37). Aunque los medios estadounidenses nunca aceptaron las principales conclusiones del informe Hutchins, el trabajo de la comisión, y especialmente su defensa de la “responsabilidad social” de los medios, ha tenido un efecto notable y duradero sobre el periodismo occidental. Tanto los representantes conservadores como los liberales de los medios estadounidenses siguen invocando la necesidad de “libertad y responsabilidad”.

A comienzos de la década de 1980, William Randolph Hearst, editor jefe de la Cadena Hearst, insistía en que la “libertad no es suficiente. Debe ir acompañada de cierto sentido de responsabilidad. Los Padres Fundadores pensaron en eso cuando en 1791 añadieron la Carta de Derechos a la Constitución” (38). El concepto de prensa responsable se menciona en el código deontológico oficial de la Sigma Delta Chi (la asociación profesional de periodistas más conocida de los EE.UU.). Y, paradójicamente, el establecimiento de “medios responsables” se menciona como uno de los objetivos del Comité por la Libertad de la Prensa Mundial, el grupo estadounidense creado en 1976 para combatir expresamente el NOMIC. El membrete oficial del Comité afirma que la organización está dedicada a “medios responsables y objetivos”.

DERECHO A COMUNICAR Y PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS

A estas alturas debería ser evidente que ha surgido un modelo claro: aunque muchos de los conceptos del debate del NOMIC tienen sus orígenes en los EE.UU., estos mismos conceptos han encontrado la sistemática oposición americana cuando los han adoptado países del Tercer Mundo. Este análisis se aplica también a otra cuestión importante del NOMIC: el “derecho a comunicar”.

Las objeciones norteamericanas al “derecho a comunicar” se manifestaron a comienzos de la década de 1980, cuando la UNESCO empezó también a apoyar una nueva generación de “derechos de gentes”. Al presentar el “derecho a comunicar” como uno de estos nuevos derechos, se vio envuelta en la amplia polémica sobre “derechos colectivos” versus “derechos individuales”. La polémica estadounidense se expresó claramente en la información de la AP (25 de octubre de 1983) sobre la Conferencia General de la UNESCO de 1983. Tras referirse al “derecho a comunicar” como “uno de los “derechos colectivos o del pueblo`, el corresponsal de la AP decía: “muchas naciones no industrializadas sostienen que los derechos del pueblo deben ser iguales a los derechos humanos individuales. Las naciones occidentales sostienen que los Gobiernos autoritarios pueden utilizar ese concepto para saltarse los derechos individuales”. Estos reparos aparecen en un editorial de 1983 que sostiene que el compromiso de la UNESCO con el derecho a comunicar “significa el fin de la propiedad privada de los medios de comunicación. Significa que estos medios se convierten en órganos de propaganda oficial... La UNESCO tiene que ceder. El control no es la respuesta” (39).

Semejante crítica ignora el hecho de que la mayoría del trabajo conceptual referente al “derecho a comunicar” se elaboró en Occidente durante la década de 1970. El Instituto Internacional de Comunicación, afincado en Londres, efectuó un trabajo pionero en este campo. El padre del derecho a comunicar fue el difunto francés Jean d’Arcy. Y el Instituto de Comunicación Este‑Oeste de la Universidad de Hawaii, desempeñó un papel principal en la investigación Este‑Oeste de la Universidad de Hawaii en la primera fase de la investigación, el “derecho a comunicar” se basaba en naciones tales como comunicación interactiva, bidireccional, con el acento en la participación social (40), referencias éstas que luego serían casi sinónimas con las demandas del NOMIC.

Leonard Sussman, uno de los primeros y más firmes críticos de la UNESCO y del NOMIC, admite también el origen occidental del “derecho a comunicar”:

“El concepto de este “derecho”, todavía teórico, surgió en Occidente, como ocurrió con la mayoría de las garantías de Derechos Humanos incluidos ahora en los convenios universales... Aunque la mayor parte del trabajo teórico sobre la formulación de este “derecho” en la legislación internacional se ha efectuado en Europa y en los EE.UU., los países en vías de desarrollo apoyan plenamente el enfoque en general” (41).

Una cuestión final relacionada con el argumento del “control gubernamental” es la protección de los periodistas. En febrero de 1981, en una reunión patrocinada por la UNESCO, los principales grupos de interés norteamericanos, ayudados por los más destacados periódicos estadounidenses consiguieron equiparar los conceptos de “protección de los periodistas”, “autorización de los periodistas” y “control gubernamental de los medios”. Desde entonces, cualquier mención de la protección de los periodistas se ha estigmatizado como encubrimiento del control gubernamental de los medios (42).

La noción de “autorización” nunca se ha definido. Si “autorización” significa sencillamente acreditación del periodista, garantizada por el Gobierno, resulta que ese procedimiento existe en casi todo el mundo. En los EE.UU., las agencias federales otorgan normalmente documentos especiales que acreditan a los miembros de la comunidad de periodistas. Además, desde principios de la década de 1980 existe un debate en los EE.UU. sobre el empleo de visados de entrada como medio de establecer un sistema de autorización de facto para periodistas extranjeros. Frank Campbell, por entonces ministro de Información de Guayana, suscitó esta cuestión en una entrevista mantenida el 15 de febrero de 1981 con el New York Times:

“El periodista de Guayana que quiera ir a los EE.UU. debe cumplir los requisitos normales de visado. Con harta frecuencia lo rechazan, pero si nosotros le negamos el visado a un periodista norteamericano resulta que es un asunto de libertad de prensa. Hagamos que los principios se cumplan en todas partes”.

Esta cuestión la suscitó incluso una de las organizaciones que han dirigido una campaña contra la UNESCO y el NOMIC: la Asociación Interamericana de la Prensa (IAPA), cuyo Comité Ejecutivo ha considerado conveniente examinar “si el Servicio de Inmigración y Naturalización de los EE.UU. utiliza o no la concesión de visados como medio de acreditar o autorizar a periodistas extranjeros para trabajar en ese país” (IAPA News, febrero de 1984, p. 2).

Robert Rutka, periodista canadiense que durante cuatro años había estado acreditado como corresponsal en Washington de la agencia cubana Prensa Latina, fue informado en 1984 de que la jurisdicción norteamericana prohíbe que se trate con Cuba, calificada de “nación enemiga”, a menos de que se disponga de una licencia. También se le informó de que “en las condiciones actuales” no se le otorgaría una licencia (43). La contradicción existente entre esta acción y la postura de la Administración Reagan ante el supuesto fomento de licencias por parte de la UNESCO no pasó inadvertida. La conservadora Gazette de Montreal publicó un editorial en febrero de 1984 en donde aducía que, al ordenar que Rutka abandonase Washington, los EE.UU. estaban socavando su propio argumento sobre la libertad de prensa con su negativa a otorgar la licencia del periodista. Este sentimiento halló eco en la conservadora revista norteamericana Editor and Publisher.

“Una de las razones de que el Gobierno norteamericano haya dicho que se retira de la UNESCO es por algunas de las cosas propuestas por el Nuevo Orden Mundial de la Información. La autorización de periodistas es una de ellas. Ahora nosotros hacemos lo mismo” (44).

La revista liberal neoyorquina The Nation se ha visto también involucrada en la polémica de las licencias. En un editorial de 1984 que respondía a otro del New York Times, donde se criticaba la autorización de periodistas en América Latina, The Nation escribió lo siguiente:

“Lo curioso de toda esta historia es la suposición implícita de que no existe semejante sistema de autorización en los EE.UU., perjudicial para la libertad. Claro que existe. La única diferencia estriba en que, en los EE.UU,, el Gobierno confía informalmente a los medios ortodoxos el mantenimiento y supervisión del sistema, con lo que el Gobierno se ahorra así mucho tiempo y gastos” (45).

Aunque los EE.UU, han criticado la preocupación de la UNESCO por la protección de los periodistas, en 1981 se creó en la ciudad de Nueva York un Comité Estadounidense para Proteger a los Periodistas. Además de Walter Cronkite, que actúa de presidente honorario, el consejo de dirección lo componen toda una serie de personalidades norteamericanas de los medios, tales como Ben Bagdikian, Antjony Lewis y Dan Rather.

¿Indican necesariamente las numerosas contradicciones que se dan en el argumento norteamericano del “control gubernamental” que las consideraciones económicas constituyen la base de la posición de EE.UU. ante el NOMIC? La mayoría de los investigadores, cualquiera que sea su orientación política, admitiría que las contradicciones indican efectivamente “algo”. La polémica se suscita en torno a la naturaleza de este “algo” y si importa o no.

LOS INTERESES ECONÓMICOS

En mi opinión, este “algo” no sólo señala los caprichos de la política ola dificultad de reconciliar los objetivos nacionales con los internacionales. La importancia económica de las comunicaciones internacionales para las economías de los EE.UU. y la mayoría de los países occidentales es algo indiscutible desde la década de 1970. Unida al ímpetu del movimiento de privatización/desregulación, esta observación nos proporciona un “algo” plausible para explicar por qué el argumento del “control gubernamental” ha sido y sigue siendo, a pesar de sus infinitas contradicciones, el principal elemento político‑ideológico de la postura oficial de los EE.UU. ante el NOMIC.

La cuestión pendiente es la siguiente: ¿importa? Evidentemente no, si se es totalmente cínico sobre el papel que desempeñan los investigadores en el cambio social. Pero en tanto en cuanto el movimiento NOMIC lo han defendido miembros sinceramente motivados de la comunidad investigadora crítica, representa uno de nuestros momentos más delicados. Pocas cuestiones defendidas por cualquier otra área de las ciencias sociales han ocasionado tanto interés y discusión sobre asuntos reales, concretos, tales como la explotación, el poder, el dominio, la dependencia y la construcción de un orden social más humano.

No obstante, existen numerosas pruebas de que el ataque americano al NOMIC ha producido, al menos en parte, los resultados perseguidos. Hay numerosos indicios de que, desde la retirada de los EE.UU. de la UNESCO en enero de 1985, la organización ha retrocedido en su compromiso con el NOMIC. Desde 1986, antes incluso del nombramiento de Federico Mayor como director de la organización, la UNESCO ha retirado del mercado americano la versión inglesa completa del Informe MacBride. Aunque profesores de los EE.UU. que han intentado sin éxito pedir el libro para sus clases son conscientes de esto, hace muy poco que la situación ha llamado la atención de la comunidad investigadora en general. Más aún, “Bernan Unipub”, la distribuidora norteamericana del Informe MacBride, ha sido muy ingenua al explicar que fue una decisión de la sede central de la UNESCO en París. El personal de la Bernal Unipub ha manifestado su sorpresa por la decisión de la UNESCO, “ya que existe un mercado muy claro en los EE.UU. para el Informe MacBride”. Los distribuidores han afirmado también que pronto tampoco será asequible lea versión resumida del informe. La Unión por la Comunicación Democrática (UDC) y la Asociación Internacional de Comunicación (ICA), dos grupos de investigación con sede en EE.UU., han aprobado en 1988 resoluciones en las que se pide a la UNESCO que reedite el Informe MacBride en inglés.

Cuando en la reunión de la UDC, celebrada en abril de 1988 en Ottawa, se aprobó la resolución sobre el Informe MacBride, un investigador tomó la palabra para decir lo siguiente: “En un viaje reciente al Caribe esta persona se encontró con un funcionario de la UNESCO que le dijo que había recibido instrucciones de París para que no aceptase ningún compromiso para hablar del NOMIC. Otro serio indicio de que los sentimientos hacia la comunicación han cambiado notablemente en París se dio en febrero de 1988 cuando se canceló definitivamente el programado simposio de la UNESCO para conmemorar la Declaración sobre los Medios de Masas. Es bien sabido que la Declaración sobre los Medios de Masas marcó un hito decisivo en la historia del movimiento del NOMIC. De ahí que la acción de la UNESCO fuera un signo claro de que los poderes actuales de la organización cedían ante los grupos occidentales del sector privado que habían estado cabildeando contra esta reunión durante más de un año.

Así que, aunque en las últimas resoluciones de la UNESCO todavía se menciona el NOMIC como “proceso evolutivo y continuo” (terminología occidental impuesta poco antes de que los EE.UU. y el Reino Unido se retirasen de la UNESCO), es evidente que ese movimiento recibirá escaso apoyo del sistema de la ONU a menos que se dé otro cambio en las relaciones internacionales de poder.

Sin embargo, el movimiento del NOMIC ha sido siempre, por fortuna, mucho más amplio que el de la UNESCO, punto éste que se olvida con demasiada facilidad. En la actualidad existe un nuevo interés tanto en el NOMIC en su conjunto como en sus partes constitutivas, puesto de manifiesto por el número de libros publicados recientemente sobre el tema (46). Uno de los aspectos publicados más significativos de la situación actual es que este interés aumenta especialmente en los EE. UU. La National Lawyers’ Guild, un grupo de abogados progresistas, estudia ahora, junto con la UDC, cómo aplicar en los EE.UU. la Declaración de la UNESCO sobre Medios de Masas en cuanto a instrumento de la legislación internacional. En una conferencia reciente de Activistas Internacionales por la Paz, celebrada en la ciudad de Nueva York en abril de 1988, también fueron frecuentes los llamamientos de los dirigentes de grupos norteamericanos en favor del NOMIC.

Cierto, parte del interés de algunos activistas por la paz y grupos como la Lawyers Guild se deben a los años sumamente represivos de la Administración Reagan, así como a la creciente atención prestada a las leyes internacionales. La creciente brecha existente entre los “ricos en información” y los “pobres en información” de los EE.UU. también ha suscitado la preocupación por los objetivos del NOMIC. Sin embargo, a la larga, y a menos que amplios sectores de la opinión pública norteamericana se convenzan de que los objetivos del NOMIC descansan primordialmente en un régimen de justicia internacional, también pasará la “segunda ola” de interés por este movimiento.

(Traducción: Vicente Romano.)

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

(1) Hay pocas excepciones notables. Así, por ejemplo, en septiembre de 1987, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Reagan, hizo la siguiente mención del NOMIC: “No podemos permitir que se intente controlar los medios y fomentar la censura bajo la trampa del llamado Nuevo Orden Mundial de la Información”. (New York Times, 22 septiembre 1987). En marzo de 1987, el Christian Science Monitor patrocinó una conferencia sobre “El Tercer Mundo y la Responsabilidad de los Medios”, que incluyó un panel sobre el NOMIC. Desgraciadamente estuvo dominado por Duna Bullen, del Comité por la Libertad de la Prensa Mundial. (Vid.: Roach, Colleen: “The Position of the Reagan Administration on the NWICO”, Media Development, London, vol. XXXIV, Nº4, 1987, pp, 32‑37, Traducción española de este artículo actualmente en prensa en CHASQUI Revista Latinoamericana de Comunicación).

(2) Un estudio basado en esta vinculación iría parejo con la obra de Mattelart y Schiller, cuyos conceptos han tenido una importancia decisiva para el debate del NOMIC. Así es, recientemente ambos se han preocupado de la importancia del movimiento de privatización/desregulación para las comunicaciones internacionales.

(3) Estos dos gigantes de la prensa estadounidense y no, como generalmente se cree, el Departamento de Estado, fueron los actores más “duros” implicados en la elaboración de la postura norteamericana. Así, por ejemplo, después de la Conferencia General de la UNESCO de 1978, cuando tras más de seis años de negociaciones se llegó a un consenso sobre la Declaración sobre los Medios de Masas, tanto el New York Times como el Washington Post publicaron editoriales sumamente críticos, rechazando abiertamente la postura de los diplomáticos norteamericanos (vid. New York Times, 27 noviembre 1978, y Washington Post, 27 noviembre 1978).

(4) Phillps, James, Remarks before the Communications Commission, 4ª Sesión Extraordinaria de la Conferencia General de la UNESCO, 26 noviembre 1982.

(5) “Les États‑Unies s’engagent á ne pas verser de fonds qui seraient utilisés pour l‘avortement”, Le Monde, París, 8 agosto 1984.

(6) “Bad Population Politics”, International Herald Tribune, París, 9 agosto 1984.

(7) Ibíd.

(8) “UN In Agreement on Steps to Bring Recovery”, New York Times, 2 junio 1986.

(9) “Africans Unhappy at Replies at UN Ad Session”, New York Times, 29 mayo 1986.

(10) Para el análisis de la relación entre privatización/NOMIC/y el escándalo “Contragate en los Estados Unidos, véase: Roach Colleen, “Contragate y el NOII”, CHASQUI: Revista Latinoamericana de Comunicación, Quito, N.° 22, abril/junio 1987, pp, 28‑31.

(11) Hay que admitir que ciertos observadores del debate sobre el NOMIC se han referido a esta contradicción. Por ejemplo, el desaparecido Leonard Theberge, antiguo director del Media Institute, al referirse al argumento del “control gubernamental”, escribió lo siguiente: “las emisoras han estado siempre reguladas por la FCC y se les exige que se adhieran a la Doctrina de la Imparcialidad”. (Vid. Theberge, Leonard, “Comments: Journalism in the Service of the State”, Political Communication and Persuasion, New York, vol. 2, N° 1, 1982, p. 87.).

(12) Picard, Robert G.: “State Intervention in U. S. Press Economics”, Gazette, Amsterdam, vol. 30, N.° 1, 1982, p, 4.

(13) Ibíd., pp. 9‑10.

(14) Public Agenda Foundation: The Speaker and the Listener: A Public Perspective en Freedom of Expression, New York, Pubic Agenda Foundation, 1980, p. 29.

(15) Ibíd.

(16) “A Simple No to UNESCO”, New York Times (publicado en el International Herald Tribune, París, 11 septiembre 1987).

(17) United States Congress Congressional Record, Proceedings and Debates of the 95th Congress, Washington D.C. 13 junio 1977.

(18) “U.S. Agency Transmits TV Programs to Europe”, New York Times, 23 abril 1985.

(19) “Global U.S. Press Conferencé”, IPTC News, London, N.° 56, marzo 1984, p. 35.

(20) Frederick, Howard: Cuban‑American Radio Wars: Ideology in International Telecommunications, Norwood, N. J., Ablex, 1986.

(21) Véase, 1) “A Victory on Martí”, New York Times, 27 sept 1983, y 2) Nichols, John Spicer, “When Nobody Listens: Assessing the Political Success of Radio Martí”, Communication Research, Beverly Hills, California, vol. 11, N° 2, abril 1984.

(22) “Around the Hemispheré”, IAPA News, Miami, Florida, febrero 1984, p. 10.

(23) “Press Sees Grenada News Curbs Hurting U. S. Stand on Controls”, International Herald Tribune, París, 9 noviembre 1983.

(24) “News Groups Protesting NASA’s Seizing of Film”, New York Times, 31 enero 1986.

(25) Wick, Charles Z., “UNESCO: A time for Change Observaciones preparadas para entregarlas en el French Instituto for International Relations, París, 27 octubre 1983.

(26) Para el resumen más reciente y completo de la censura bajo la Administración Reagan, véase: Demac, Donna A., Liberty Delnied. The Current Rise of Censorship in Amenca, New York, PEN American Center, 1988.

(27) Véase: 1) “Canada Asks U.S., To Reconsider Ruling on Three Propaganda Films”, International Herald Tribune, París, 28 febrero 1983; 2) “Judge Lifts Label on Canada Films”, International Herald Tribune, París, 25 mayo 1983; 3) “U. S, Restricts Three Films as Propaganda”, International Herald Tribune, París, 26‑27 febrero 1983.

(28) “Court Backs Propaganda Libel for Three Canadian Films”, New York Times, 29 abril 1987.

(29) “Opening America’s Borders to a Free Flow of Information”, Civil Liberties (Circular de la Amerlcan Civil Liberties Union), New York, Nº 357, primavera de 1986.

(30) Nordenstreng, Kaarle y Varis, Tapio: Television Trafic, A One‑Way Street?, Reports and Papers on Mass Communication, N.° 70, París, UNESCO, 1974.

(31) Varis, Tapio: International Flow of Televislon Frogrammes, Reports and Papers on Mass Communication, N. 100, París, UNESCO, 1985.

(32) Ganley, Oswald y Ganley, Gladys: To Inform or To Control The New Communications Network, New York, McGraw Hlll, 1982, pp, 67‑68.

(33) Véase Bagdikian, Ben H.: The Media Monopoly, Boston, Beacon Press, 1987,

(34) Crockett, Hon. George W.: “Prepared Statement of Hon George W. Crockett in Opposition to House Resolution 142”, en Revtew of U.S. Participation in UNESCO, Hearings and Markup before the Sub‑Committees en International Operations and Human Rights and International Organizations of the Committee of Foreign Affairs, House of Representatives, 97th Congress, 10 marzo, 9 y 16 julio de 1981, Washington D.C.: U.S., Government Printing Office, 1982, p. 203,

(35) Righter, Rosemary, Whose News? Politics, the Press and the Third World, London, André Deutsch, 1979. (Righter, que ha sido uno de los críticos más mordaces de la UNESCO y del NOMIC, describe, no obstante, la postura norteamericana ante la responsabilidad de los medios como confrentacionismo crudo y estereotipado”.).

(36) “International Big Brother”, Washington Post (publicado en el International Herald Tribune, París, 21 octubre 1980).

(37) Commission en Freedom of the Press, A Free and Responsable Press, Chicago, University of Chicago Press, 1947.

(38) “Editor’s Report”, San Francisco Examiner, 9 mayo 1982.

(39) Freedom to Communicate , Daily American, West Frankfurt, Illinois, 29 junio 1983.

(40) Harms, L. S. y J. Richstad (Eds.): Evolving Perspectives on the Right to Communicate, Honolulu East‑West Communications Institute, 1977.

(41) Sussman Leonard. Warning of a Bloodless Dialect Glossary for International Communications, Washington D.C.: Media Institute, 1983.

(42) Para un análisis detallado de la cuestión de la protección de los periodistas, véase Roach, Colleen: “The Position of the Reagan Administration on the NWICO”, Media Development, London, vol. XXXIV, N,° 4, 1987.

(43) “Canada, Prensa Latina Reporter Surprised, Angry by U.S. Ouster”, IPS News Service, 21 febrero 1986.

(44) “E & P Takes Issue with U S, “Licensing” Casé”, IAPA News, Miami, Florida, agosto 1984, p. 5.

(45) “Old World Information Order The Nation, 7‑14 julio 1984, pp 6‑7.

(46) Véase, por ejemplo, 1) Giffard, Anthony C: Unesco and the Media, New York/London, Longman 1988. 2) Mehra, Achal: Free Flow of Information, A New Paradigm?, Westport, Connecticut, Greewood Press, 1986. 3) Stevenson, Robert L.: Communication, Development and the Third World, New York/London, Longman, 1988, 4) Wells, Clare: The UN, Unesco and the Politics of Knowledge, London, MacMillan Press 1987.