Italia: Pugnas económicas y políticas
Al margen del Estado y de las leyes
Giuseppe Richeri
Por debajo de los avances y los proyectos de
diversificación de los protagonistas de ambos sectores se dibujan batallas
políticas y económicas de relieve. Pero el Estado y sus reglamentos y sus
leyes parecen mantenerse ajenos a estos retos.
El tema de la coincidencia de telecomunicaciones y
audiovisuales ha asumido en Italia algunos aspectos interesantes que casi
siempre se derivan de la estructura jurídica y de la
configuración organizativa del sector. Se trata de una situación que presenta
algunas anomalías en relación a la gran mayoría de los
países europeos, con características que es necesario aclarar aunque sea
brevemente, para comprender cuáles son los factores a tratar y cuáles son sus
competencias.
UNA ESTRUCTURA COMPLEJA
En Italia, con el paso del tiempo, las telecomunicaciones
han adquirido una estructura excesivamente compleja, tanto desde el punto de
vista jurídico como de organización y gestión.
El Estado ha asumido la responsabilidad total del
sector y la ejerce mediante distintos sistemas (gestión directa, concesiones y
autorizaciones) y mediante distintas entidades (ASST, SIP, Italcable,
Telespazio, RAI, privadas, etc.).
A grandes rasgos podemos decir que el Estado
gestiona directamente, mediante la Empresa estatal para los Servicios
Telefónicos (ASST) del Ministerio de PP.TT. (Correos
y Telégrafos), parte del servicio telefónico nacional (red y servicios
interurbanos) e internacional (red y servicios con todos los países europeos y
con siete países de la cuenca del Mediterráneo), el telex
y el telégrafo (con algunas excepciones).
La implantación y la gestión de otras instalaciones
y servicios se cede en concesión a sociedades privadas (controladas por capital
público), como SIP (telefonía urbana y transmisión de datos), Italcable (telefonía, telex y
transmisión de datos intercontinental), Telespazio
(telecomunicación vía satélite), RAI (difusión nacional de los servicios de
radio‑televisión).
Las empresas privadas pueden implantar y gestionar
instalaciones de radiodifusión de ámbito local (pero esta actividad está a la
espera de una reglamentación definitiva), pueden estar autorizadas para
instalar y gestionar repetidores de señal de radio‑televisión emitidas
por entidades extranjeras y nacionales, pueden incluso obtener autorización
para instalar y gestionar redes de teledistribución monocanal por cable local. Pero en este último caso, la
legislación es tan sumamente restrictiva que ninguna entidad privada ha
solicitado autorización para la teledistribución por
cable.
Para completar esta exposición, hay que añadir
que están en fase de debate parlamentario dos importantes iniciativas que se
refieren respectivamente a la reglamentación de la emisión privada y a la
reestructuración del sistema de concesiones de instalaciones y servicios de
telecomunicación, atribuyéndole a la SIP, por consiguiente, las actividades de
ASST y las concesiones de Italcable.
Como puede comprobarse, en Italia, más que en otros
países europeos, existen distintas entidades que operan simultáneamente en la
gestión de la instalaciones y servicios de
telecomunicación y que, por lo tanto, están en posición de desarrollar un
papel dinámico respecto a las posibles convergencias entre telecomunicaciones
y audiovisual. Los sectores más interesados en las posibles convergencias son
las empresas de gestión que mantienen una relación directa con los usuarios
abonados. Para éstos, en mayor medida, la convergencia aporta nuevas oportunidades
para crear negocio, ampliando el abanico de servicios e introduciéndose en
nuevos mercados y en nuevas fuentes de financiación para las instalaciones.
En el ámbito italiano, las entidades privadas por
ahora no han mostrado una especial atención por este tipo de perspectivas, pero
pronto podría convertirse en un tema de actualidad, dado que los grandes
grupos económico‑financieros, como el grupo Berlusconi,
se están preparando para entrar en el sector de la pay‑TV
e incluso existen pequeñas emisoras que han anunciado ya el despegue de
iniciativas en este sector.
Mientras tanto, los dos protagonistas reales que
ahora se enfrentan al problema de la competencia entre telecomunicaciones y
audiovisuales son: la SIP, que, junto a la gestión de la telefonía urbana,
detenta también la exclusiva de las relaciones con los usuarios para los
distintos servicios de telecomunicación, y la RAI, que, además de gestionar
actualmente en exclusiva el servicio de radiodifusión a escala nacional, es
también propietaria de la red de distribución de la señal. En ambos casos
están empezando a adquirir consistencia las expectativas y los temores de que
las tradicionales barreras técnicas, jurídicas y de gestión entre los
respectivos sectores de competencia se amplíen o se
reduzcan con la posibilidad de una desviación recíproca.
LA DESVIACIÓN DE LA RAI HACIA LAS TELECOMUNICACIONES
La RAI es una sociedad constituida en su totalidad
por capital público; desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha gestionado
la radio en monopolio, a partir de 1954 la televisión italiana y desde 1976 ha
tenido que hacer frente a la competencia de las emisoras privadas. En base a la ley vigente (n. 103 de 1975) la RAI ejerce en
monopolio el servicio de difusión a escala nacional de tres programaciones
radiofónicas y tres programaciones de televisión, con la posibilidad de
emitir, simultáneamente o por separado, programaciones de ámbito regional.
Dicho servicio está realizado con redes de transmisión
y repetidores de señal, son propiedad de la misma RAI y cubren todo el territorio
nacional. La red de radio y televisión lleva la señal a más del 99 por ciento
de la población italiana, salvo el tercer canal de televisión, que cubre sólo
el 86 por ciento.
A principios de los años 80, a la RA1 se le presenta
la posibilidad de aprovechar su completa y ramificada infraestructura de
transmisión de señales de radio‑televisión, para ofrecer nuevos
servicios, distintos de los audiovisuales tradicionales, servicios que se
desvían hacia el campo de las telecomunicaciones, que siempre han sido
competencia de la SIP.
La Convención de 1981, renovada en 1988, por la que
el Estado italiano establece el ámbito de concesión del servicio de radio‑televisión,
atribuye a la RAI la posibilidad de realizar el servicio de teletexto, que
toma el nombre de Televídeo a partir de 1984.
Actualmente el servicio de Televídeo,
que afecta a casi cuatro millones de televisores, opera con cuatro líneas de
producción diferentes:
-
Información
periodística aplicada en más de 100 páginas, producida en una redacción de la
RAI;
-
Índices
de servicio con actualización variable realizados por la propia RAI o difundidos
por cuenta de otras entidades que proporcionan la información (information providers), como
entidades locales, ministerios, ferrocarril del Estado, Bolsa de Valores,
etc.;
-
telesoftware, consiste en la transmisión vía radio de programas
o datos para ordenador con un interface determinado;
-
subtítulos en programas televisivos para telespectadores
sordos.
Al abrirse esta posibilidad, la RAI se ha dado
cuenta del enorme potencial comercial y de transmisión de su propia red.
Mediante una gestión incisiva y dinámica, la
dirección de Televídeo, apoyada por el sistema de
marketing de la RAI, está promocionando la comercialización de las funciones
de telecomunicación de la red, lo que podría suponer para la RAI la «gallina de
los huevos de oro» de los años 90. Actualmente la RAI, sobrepasando sus
funciones tradicionales dentro de la actividad audiovisual, desarrolla
funciones de carrier, es decir, de portador de
señales de telecomunicación para terceros. Éste es el caso de los information providers, que pagan
a la RAI para que transmitan su información mediante el Televídeo,
ya sea el gran público, ya sea a grupos cerrados. El ejemplo más significativo
lo encontramos en la Bolsa de Milán, que para informar diariamente de las
cotizaciones de las acciones y de los títulos financieros a los agentes,
bancos y otras entidades acordadas, ha abandonado la SIP en favor de la RAI, ya
que en este caso puede ofrecer un servicio de transmisión de datos de mayor
calidad y menor costo.
Otra área de posible desviación de la RAI hacia
ámbitos gestionados por sociedades concesionarias de servicios de telecomunicación
es el relacionado con los satélites. La RAI ha obtenido la concesión para
utilizar en exclusiva en transmisiones de prueba un canal del Olympus, el satélite para la difusión de la televisión
directa (DBS) de la Agencia Espacial Europea.
La idea es aprovechar esta oportunidad para
experimentar todos los tipos de transmisiones y servicios capaces de generar
beneficios económicos para la RAI. En realidad, se trata de descubrir y crear
para los DBS nuevos mercados junto al televisivo «tradicional», que ya está
muy sobrecargado en Italia y en el resto de Europa, en espera de la televisión
de alta definición, sobre la que todos van a lanzarse. Es evidente que ante
esta perspectiva se presentarán múltiples ocasiones de progresar en el ámbito
de las telecomunicaciones con una iniciativa institucional destinada al tema
audiovisual. Por otra parte, todos estos aspectos, que, como veremos, encuentran
reciprocidad en la SIP, ponen claramente en evidencia que ahora ya las
distinciones jurídicas y operativas entre los dos sectores son mínimas y cada
vez más artificiales.
Sólo una parte, todavía limitada, de la alta
dirección de la RAI, la más estratégica, dinámica y con perspectiva, ha
comprendido la dimensión de estas transformaciones y las grandes implicaciones
que poseen respecto al desarrollo competitivo de la RAI. Uno de los directivos
de la RAI, consciente de los fenómenos actuales, nos ha informado durante una
conferencia, que los ojos de la RAI están puestos en Berlusconi,
considerado como la competencia más peligrosa; pero va siendo hora de que esos
ojos empiecen a mirar a la SIP, de donde durante los años 90 pueden llegar
muchas y desagradables sorpresas en relación con la competencia.
EL AUDIOVISUAL EN LOS PROYECTOS DE LA SIP
Hoy día la SIP se está enfrentando con grandes
dificultades a dos problemas principales: uno de orden cultural y de organización,
otro de orden financiero y técnico. El primer problema consiste en abandonar la
situación de monopolio en la que cómodamente se encontraba, para prepararse a
afrontar el mercado con otras entidades nacionales y extranjeras que están
accediendo al campo de las telecomunicaciones, y con las nuevas y
diversificadas exigencias de los usuarios.
El segundo problema consiste en recuperar el
retraso de unos seis‑siete años, respecto a los principales países
europeos, en cuanto a la calidad de las redes (sobre todo la conmutación
electrónica), y en especial las redes numéricas integradas en los servicios
(RNIS) de banda estrecha y banda ancha.
En este ámbito la SIP ha obtenido ya alguna
experiencia en el sector audiovisual, cuando se han puesto en marcha proyectos
de cableado y de vídeo‑comunicación. Al tener el monopolio de las
comunicaciones urbanas de transmisión por cable, cada vez que se han emprendido
proyectos de televisión por cable, necesariamente se ha tenido que contar con
la SIP. Así ha sucedido cuando distintas entidades públicas y privadas se han
reunido para lanzar la «Lombardía Cablata», que hasta ahora ha sido el único proyecto serio
de la televisión por cable que en Italia se ha puesto a punto en los últimos
años. Tras un profundo estudio que implicaba entre otros a la Región de Lombardía, el Ayuntamiento de Milán, la RAI y la SIP, ésta
ha conseguido poner el proyecto en crisis, porque, en base a
sus parámetros de rentabilidad, el proyecto resultaba ser un fracaso. En realidad,
parece ser que la SIP, consciente de las perspectivas que plantea una red de vídeocomunicación en una zona tan rica como Milán, ha
preferido «deshacerse» del resto de las entidades y prepararse para realizar el
proyecto por sí sola. A1 proceder en plazos más prolongados respecto a sus
proyectos de desarrollo y a sus disponibilidades financieras, la SIP podría
gestionar la operación en posición de líder y no como parte integrante con
otras entidades tan exigentes y conflictivas como la RAI, que tienen la
intención de asumir parte de los servicios remunerados ofrecidos por cable.
Pero dejando a un lado este aspecto del tema, la
SIP prevé llevar a cabo, a mediados de los 90, la realización de redes de vídeocomunicación (RNIS en banda ancha), destinadas
también a la distribución audiovisual.
El plan estratégico de algunos de los máximos
directivos de SIP, a los que hemos entrevistado, es el de crear la gran
infraestructura de los años 2000, que llevará al usuario final todos los
servicios de telecomunicación, incluidos los de radio‑televisión. La SIP
tendrá la propiedad y la gestión de la red básica, que alquilará a entidades
públicas o privadas para realizar distintos servicios, entre ellos la radio‑televisión.
La intención es la de reservarse el monopolio de la telefonía básica y su
gestión, en competencia comercial con otras posibles entidades, de todos aquellos
servicios que se consideran idóneos para garantizar la recuperación del
ingente capital invertido en las nuevas redes.
Por ahora la SIP está padeciendo las desviaciones
de la RAI hacia un territorio considerado de su exclusividad, pero paulatinamente
y a largo plazo se prepara para tener las manos libres y desplazarse de la
telefonía a la radio‑televisión, sin que se vea obligada a repartir el
negocio con nadie. Atenta, sin embargo, al espacio que puede ocupar mientras
la RAI como portadora de señal por su red y como gestora de nuevos servicios
post‑audiovisuales, la SIP está desarrollando, como ya veremos, una
actividad intensa para neutralizar a la RAI en este campo.
LA POLÉMICA ACTUAL
Estos hechos que los observadores aún no han valorado
en su dimensión e importancia real, contribuyen a alimentar una polémica que
hasta ahora se ha desarrollado más o menos entre bastidores, pero que muy
pronto va a aparecer con todo su peso y complejidad. dentro
del debate político.
El principal enfrentamiento se está manifestando en relación a la RAI y a su propiedad de la red de difusión
de la señal de radio‑televisión. En torno a este problema se está formando
un frente que aglutina entidades y personas con objetivos diferentes. Entre
ellos está la SIP, una parte del Ministerio de P.T.T.
y segmentos de distintos partidos políticos (socialistas, democristianos,
republicanos, liberales).
Resumiendo, las razones que aduce cada uno de los
miembros de este frente pueden plantearse como sigue. La SIP no quiere que la
RAI, manteniendo la propiedad y la gestión de su red, «se pase» y se extienda
hacia el terreno de las telecomunicaciones. El Ministerio de P.T.T. querría mantener el control de la gestión de una red
de telecomunicación, que sería de su competencia, pero que se le escaparía con
una RAI que está hoy de hecho sometida a la lógica de los partidos y que sólo a
ellos responde.
Los segmentos de los distintos partidos mencionados
anteriormente se mueven en base a motivos complejos
que no siempre responden a motivaciones claras y razonadas. Para algunos la
RAI no debe ser favorecida respecto a las entidades privadas, por lo que ha de
ser un Estado imparcial el que posea y gestione las redes, poniéndolas a disposición
en iguales condiciones del servicio radio‑televisión público o de las
entidades privadas. Para otros, se trata sencillamente de debilitar a la RAI
para poder someterla a los intereses de los partidos. Incluso hay otros que
piensan que se trata de eliminar un precedente en el que la RAI podría basarse
para justificar una posible ampliación de su propiedad y gestión a otros
sectores de las transmisiones, como el del satélite, o a otras empresas
relacionadas con la programación, como las electrónicas.
También hay quien ve la sustracción de la red a la
RAI como un primer paso indispensable para posiblemente reducir el número de
canales de la televisión pública.
El frente opuesto que une la parte de los directivos
de la RAI más autorizados y autónomos respecto a las pautas de los partidos,
junto a otros segmentos del panorama político italiano, quiere evitar que la
RAI quede reducida a un papel de protagonista secundario dentro del ámbito
audiovisual italiano. Para lograrlo, considera indispensable que la RAI se
extienda fuera del campo de la programación radio‑televisiva, que
participe plenamente en otros campos del mercado de las comunicaciones que
ofrecen perspectivas de negocio y/o que ofrecen un claro beneficio, que se
internacionalice empleando los métodos más idóneos, adquisiciones, creación de
filiales, etc.
Bajo esta perspectiva, la red que posee la RAI puede
convertirse en una palanca o una orientación de su propia expansión, asumiendo
de esta forma un papel estratégico irrenunciable.
La situación que afecta a la convergencia entre
audiovisual y telecomunicación está en movimiento desde hace poco tiempo. Los
principales protagonistas tienen la intención concreta de aprovechar de la
mejor manera esta situación de competencia para crear nuevas perspectivas de
negocio o para configurar y garantizar en mayor medida las condiciones de
rentabilidad de las inversiones futuras. Todas estas transformaciones parecen
ajenas al Estado, que se limita a amontonar reglamentos y leyes al margen de
la actualidad de los problemas que hemos planteado.
Traducción: Pilar Puente Ruiz