E1 tejido comunicativo de la democracia

El tejido comunicativo de la democracia

Por una nueva perspectiva

Jesús Martín‑Barbero

Tras la crisis de las tentativas de democratización y de políticas de comunicación, a través de la deslegitimación de lo político y la fragmentación de lo social, se vislumbra una nueva perspectiva de las relaciones entre comunicación y democracia.

INTRODUCCIÓN

El más viejo y gastado, y a la vez el más candente y renovador de los temas, comunicación y democracia, nos resulta hoy especialmente difícil de abordar. Porque es tanto el mapa conceptual como las referencias históricas de esa relación las que se han tornado ambiguas y opacas. Mientras la academia sigue esforzándose por delimitar y aclarar las ideas, los procesos de la vida social parecen últimamente empeñados en confundir y emborronarlas. De ahí que lo que sigue sea una reflexión más atenta a dibujar los rasgos de la situación y del clima intelectual en que nos encontramos que a pulir las categorías con que esos rasgos deben ser expresados.

Nuestra renovada preocupación por la democracia viene a producirse en un momento dominado por la envergadura sociocultural de los cambios tecnológicos, la radicalidad de la crisis económica que en nuestros países acarrea la deuda externa, la desestructuración política del mundo socialista, y la crisis de identidad ideológica y ética de las democracias occidentales en las que parecería desdibujarse aceleradamente el horizonte de la emancipación. Pero, ¿podrá la democracia sobrevivir sin utopía? ¿Y tendrá sentido seguir hablando de comunicación en un mundo, según los epígonos de la posmodernidad, autorregulado por la información?

Puesto que aún estamos lejos de tener respuestas, intentaremos al menos caminar en la dirección que indican las preguntas: rebasamiento de las políticas limitadas a los medios y acercamiento a la relación comunicación/democracia desde la crisis de la representación, la desagregación de la socialidad y el espesor cultural y comunicativo de la mediación política.

1. DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS: PARADOJAS DE LAS POLÍTICAS Y LIMITACIONES DE LO ALTERNATIVO

Lo que en la Latinoamérica de los años 70 dio fuerza y contenido a la lucha por la democracia comunicativa ha sido la contradicción entre el proyecto de articular la libertad de expresión al fortalecimiento de la esfera pública, a la defensa de los derechos ciudadanos, y un sistema de medios que desde sus comienzos estuvo casi enteramente controlado por intereses privados. Pero esa contradicción ha estado a su vez cargada permanentemente de la opacidad que entraña en nuestros países la identificación y confusión de lo público con lo estatal. Así, mientras las políticas nacionales de comunicación apuntaban, en el pensamiento de los investigadores y analistas críticos, a la reformulación del modelo político y económico de los medios para garantizar los derechos de las mayorías, los gobiernos resignificaban esas propuestas en términos de ampliación de su propia presencia en el espacio massmediático o de ensanchamiento de su capacidad de intervención (Gonzaga Motta, 1982).

Paradójicamente, el único gobierno que propició una reforma radical hacia la propiedad pública de los medios, expropiándolos y poniéndolos en manos de grupos sociales, fue el Gobierno militar de Velasco Alvarado en Perú. La confusión entre lo público y lo estatal acabaría congelando la reforma, más allá de los objetivos de desarrollo social y cultural que la inspiraron, en otro modo de control político de los medios por el Estado. El balance de conjunto de las políticas nacionales de comunicación (E. Fox, 1989) pone el acento con toda justeza en la cerrada oposición del sector privado a unas reformas que, por suaves que fueran, afectaban sus intereses y sus modos de operar. Pero al centrar el análisis en la barrera económica alzada por los intereses mercantiles, se dejan fuera, o son tratados muy superficialmente, el modelo de sociedad y la experiencia política desde las que la democratización de los medios fue concebida. Ha sido en el empeño por comprender esa experiencia‑límite que enfrentaron los pueblos dominados por regímenes autoritarios cuando el sentido político del fracaso ha podido ser tematizado.

Primero, a la luz de lo negado, esto es, de los modos en que la sociedad se comunica cuando el poder rompe las reglas mínimas de la convivencia democrática, y estrangula la libertad y los derechos ciudadanos censurando, destruyendo, amordazando los medios hasta convertirlos en mera caja de resonancia a la voz del amo (Fox y Schmucler, 83; Muraro, 87). Ante la represión que obtura los canales normales, las gentes desde las comunidades barriales o religiosas a las asociaciones profesionales redescubren la capacidad comunicativa de las prácticas cotidianas y los canales subalternos o simplemente alternos: del recado que corre de voz en voz al volante mimeografiado, al casete‑audio o el vídeo difundidos de mano en mano, hasta el aprovechamiento de los resquicios que deja el sistema oficial.

En esta situación, la sociedad descubre que la competencia comunicativa de un medio se halla menos ligada a la potencia tecnológica del medio mismo que a la capacidad de resonancia y de convocatoria de que la carga la situación política y la representatividad social de las voces que por el medio hablan. De ahí su fuerza y sus límites: al cambiar la situación y redefinirse los términos y el sentido de la representatividad, la eficacia del medio y del modo de comunicación cambiarán también. Es por eso que las experiencias alternativas no han aportado tanto como algunos esperaban a la hora de la transición, esto es, de traducirlas en propuestas directas de transformación de la comunicación institucional. Pero esa inadaptación no puede hacernos olvidar lo que la experiencia‑límite sacó a flote: la reubicación del peso y el valor político de la comunicación en el espacio de la sociedad civil, de sus demandas y sus modos de organización, de su capacidad de construir la interpelación política en el intertexto de cualquier discurso ‑estético, religioso, científico‑, y del sentido estratégico que tuvo la comunicación en la reconstrucción del tejido de una socialidad democrática.

De otro lado, tanto el fracaso de las políticas nacionales como la inadaptabilidad de las experiencias alternativas, nos están exigiendo relacionar la cuestión comunicación/democracia con los impases de un pensamiento crítico más preocupado por la destrucción o la toma del Estado que por la transformación de la sociedad, más atento al funcionamiento de los aparatos ideológicos que a la dinámica de los actores sociales, con más herramientas para explicar la lógica de la reproducción del sistema que para comprender la significación de las contradicciones, de los movimientos sociales y la creación cultural. No es extraño entonces que más que en cuanto cuestión de democracia, esto es, referida a la forma de la sociedad ‑de la que hacen parte Estado y mercado, partidos y movimientos, instituciones y vida cotidiana‑, la comunicación que recortan y focalizan las políticas nacionales se agotó en el ámbito de lo democratizable y pensable desde la institucionalidad estatal. Las limitaciones y tentaciones marginalistas que cercan lo alternativo tienen que ver, desde su otro lado, con las enormes dificultades que aún experimentan las izquierdas para incluir la cuestión de la comunicación como algo decisivo en la construcción de la política, no sólo en lo que concierne a la propaganda y las imágenes electorales, sino a las profundas transformaciones que está sufriendo la representación misma y el espacio de lo político.

2. SECULARIZACIÓN Y CRISIS DE LA REPRESENTACIÓN

Una idea nueva de democracia se abre camino en la América Latina de los años 80. No sólo como reacción a lo vivido en el tiempo de las dictaduras, sino como cambio en la comprensión misma de la sociedad: reconocimiento del sentido social de los conflictos por encima de su formulación y sintetización políticas, revalorización de las mediaciones y articulaciones de la sociedad civil, afirmación de las experiencias colectivas al margen de las formas partidarias (Casullo, 1987). De la sospecha con la que despectivamente fuera tachada de burguesa y formal, la democracia pasa a constituirse en condición preliminar a la solución de los problemas, tanto en el ámbito de lo económico como de los derechos humanos.

Pero ese reconocimiento y esa revalorización se ven acompañadas de un profundo desencanto, de un «enfriamiento de la política» (Lechner, 1987) que, especialmente en las izquierdas, expresa el surgimiento de una nueva sensibilidad marcada por el abandono de las totalizaciones ideológicas, la desacralización de los principios políticos y la resignificación de la utopía en términos de la negociación como forma de construcción colectiva del orden. Desencanto que afecta también a los personalismos carismáticos en que se apoyaban los populismos, dramatizando y cargando la política con valores y formas exteriores a las relaciones sociales (Touraine, 1989). La secularización de la política significa entonces la predominancia de su dimensión contractual (G. Marramao, 1987) sobre la comunitaria, con la consiguiente focalización de la atención sobre la diferenciación y especificidad de su espacio, y el predominio de la racionalidad instrumental de las capacidades de gestión.

La otra cara del desencanto político es la que hace visible la crisis de la representación. Problema viejo de la vida democrática que reside en la difícil articulación entre representación de las gentes, de los grupos ‑sean éstos definidos territorial o culturalmente‑, y representación de las concepciones, los intereses, las tendencias políticas (R. Williams, 1984). Problema especialmente vivo hoy, cuando la entrada en escena de nuevas demandas e identidades colectivas nuevas desbordan los cauces y las formas tradicionales de representación en la dimensión de lo representable y en sus modos de operación. Además, en los últimos años el tejido de tradiciones e interacciones que daban consistencia al partido político de masas ha comenzado a disgregarse (Richeri, 89). La descentralización y dispersión de los ámbitos de trabajo, las exigencias dominantes de la urbanización, la reducción de la familia, la diversificación e hibridación de las profesiones son todos procesos que concurren hacia una reducción de la interacción social, de los lugares y las ocasiones de interacción, haciendo que el partido de masa pierda sus lugares de anclaje, de intercambio e interlocución ‑de comunicación‑ con la sociedad. Y desconectados del vivir social ‑por su incapacidad de dar forma a la pluralidad y heterogeneidad de las demandas, y/o por la pérdida del subsuelo que los conectaba con la trama de la sociedad‑ los partidos tenderán a convertirse en maquinaria política, siendo incorporados al aparato de gobierno.

Será de ese distanciamiento, y del vacío que él crea, de donde emerjan los nuevos movimientos sociales: constituidos a un mismo tiempo desde la experiencia cotidiana del desencuentro entre demandas sociales e instituciones políticas, y de la defensa de las identidades colectivas y sus formas propias de comunicación (Castells, 1986). A su manera, los movimientos sociales, étnicos, regionales, feministas, ecológicos, juveniles, de consumidores, de homosexuales, dan forma a todo aquello que una racionalidad política, que se creyó omnicomprensiva de la conflictividad social, no es capaz de representar. Movilizando identidades, subjetividades e imaginarios colectivos en formación, o superando oposiciones basadas en dicotomías barridas por los procesos de trasnacionalización y desterritorialización económica y cultural, esos movimientos desafían la lógica de la política. Pero al no encontrar formas de expresión en el sistema político, esto es, al no lograr articulaciones que les permitan superar la fragmentación, esos movimientos, especialmente en América Latina, pueden llegar a convertirse en amenazas y erosión de nuestras precarias instituciones democráticas.

Paradojas de este extraño tiempo en que vivimos: la secularización de la política desabsolutiza las ideologías y desactiva las intolerancias abriendo el camino a nuevas formas de convivencia y construcción de la vida social, pero al mismo tiempo reduce el espacio público de la deliberación privatizando unos temas, restringiéndolos al dominio exclusivo de los saberes técnicos y legitimando así un estrechamiento de la participación democrática en la toma de decisiones. Del otro lado, la dinámica de renovación de la vida política que los movimientos sociales activan al destotalizar la reapropiación de la sociedad e introducir la pluralidad de dimensiones y demandas, puede, sin embargo, horadar seriamente las bases del consenso, debilitando las formas primordiales de la negociación y el necesario carácter integrador de las propuestas de transformación social.

3. RACIONALIDAD TECNOLÓGICA Y EROSIÓN DE LA SOCIALIDAD

En su radical ambigüedad, la secularización de la política nos habla de otra cosa: de que los cambios están calando hasta las formas mismas de la socialidad. En el origen de esos cambios se halla la erosión progresiva de la legitimidad del Estado, y el distanciamiento creciente entre tecnoestructura y ciudadano por la autonomización de la esfera científico‑técnica, respecto al conjunto de la sociedad, a su capacidad de decisión. El movimiento de conjunción y sumisión a la racionalidad administrativa de los dos polos en que se apoyó la construcción de la modernidad ‑Estado y mercado‑ está produciendo su independización y alejamiento de los «mundos de vida» (Habermas, 1988). Y como no existe una «producción administrativa del sentido», lo que estaríamos viviendo sería la implosión de social (Baudrillard, 1978); la sociedad vaciándose de sentido al ritmo en que se llena de información, convirtiéndose en algo cuya existencia es ya sólo estadística, y cuya expresión última se hallaría en la simulación que la masa efectúa de lo social. La información no sería sino aquello con lo que la administración busca liberar la energía de la masa para hacer con ella algo social.

La peligrosa recaída en la totalización a que conduce el desencanto político y ético, versión Braudillard, no le quita fuerza a la radicalidad con que debe ser analizada la relación entre hegemonía de la racionalidad tecnológica y disgregación de lo social (R. Gubern, 1987). Porque esa relación no tiene nada de abstracta, ella es visible en los cambios que las tecnologías de la información están produciendo en el entorno y la materialidad de la vida cotidiana. Empezando por el desfase generacional y la esquizofrenia cultural que origina la rapidez con que el cambio tecnológico está afectando la esfera educativa y laboral. Afectados por la obsolescencia de sus capacidades y destrezas, por su dificultad para adaptarse a los nuevos escenarios y procesos productivos, los adultos miran las nuevas tecnologías como una poderosa amenaza, mientras los jóvenes, familiarizados desde temprano con el nuevo entorno tecnológico y con su imaginario, ven en ellas la fuente de una nueva legitimidad, la suya (Castells, 1987). Ahondando viejas divisiones, reordenando el mapa de las diferenciaciones y desterritorializando las identidades, las nuevas tecnologías fragmentan el hábitat cultural (Richeri, 1983), disuelven el horizonte común a una sociedad, el tejido de símbolos que cohesiona su representación compartida a nivel colectivo.

Por efecto convergente de aquella deslegitimación de lo político y de esta fragmentación de lo social, las gentes están buscando nuevas modalidades de juntarse, de agruparse en socialidades tribales que, derivadas del propio desarrollo tecnológico y marginales a la racionalidad institucional, retoman viejas pulsiones de lo comunitario (Maffesoli, 1984). Son agregaciones precarias y viscosas, generadas por la comunicación ‑puesta en común‑ de gestos y de gustos, de miedos y expectativas, fuertemente marcadas por la lógica de la identificación sexual, generacional, profesional, etcétera.

Frente a esta fragmentación y reorganización de la socialidad, los mediadores tradicionales se hallan tanto política como culturalmente desconcertados. En su lucha contra los tecnócratas, los intelectuales se erigen en guardianes de la moralidad (Gouldner, 1980) en que se sostiene su hegemonía, pero sólo al precio de fragmentar ellos también la racionalidad de lo social y poder así descalificar moralmente la eficiencia instrumental. Por su parte, los comunicadores, al obtener su legitimación del lugar estratégico que la mediación tecnológica ocupa en la reordenación de la cultura y la política, experimentan grandes dificultades para comprender y valorar el tiempo largo en que se producen los cambios de la socialidad, viéndose así atrapados en una actualidad devorada por el presente inmediato y la rentabilidad informacional. La democracia se halla pues desgarrada, a un nivel menos visible pero no menos vital, entre el apego fundamentalista a unas instituciones en las que lo social se congela, pero sin las cuales la sociedad estallaría, y el experimentalismo de socialidades y sensibilidades centradas en lo próximo y lo íntimo, en lo cotidiano y lo local; desgarrada también entre el pesimismo iluminado de los moralistas y el pragmatismo cínico de los tecnólogos.

4. COMUNICACIÓN Y ESPECTÁCULO: EL ESPESOR COMUNICATIVO DE LA POLITICA

La percepción compartida por estudiosos de la comunicación y analistas de la política es que en el funcionamiento de los medios masivos, y en especial de la televisión, toma forma una especial disolución de lo político. En forma cada día más intensa y excluyente, lo público se va identificando con lo que es escenificado en los medios masivos. Pero no sólo de parte de los televidentes, también entre los políticos es creciente la asimilación del discurso político a los modelos de comunicación que propone la televisión. La espectacularización no sería entonces únicamente el efecto del medio sobre el mensaje, sino la forma misma del discurso de la política en un tiempo en el que «progresivamente separados del tejido social de referencia, los partidos se reducen a sujetos de un evento espectacular lo mismo que los otros» (Richeri, 1989). La comprensión de lo que la espectacularización de la política pone en juego va a exigir un replanteamiento, tanto del marco del análisis político como del modelo de comunicación.

Desde el análisis político, el debate sobre la modernidad está sirviendo para desplazar el centro de gravedad de las cuestiones del orden y el conflicto hacia « el tema de la pluridimensionalidad del tiempo histórico, de la persistencia de estratos profundos de la memoria y la mentalidad colectiva coexistentes con la modernización» (Marramao, 1987). Pues sólo desde esa temporalidad se hacen descifrables las redes simbólicas en que se producen las nuevas interacciones conflictivas. Y si la política es dimensión constitutiva de las colectividades identificantes, lo es en la medida en que ella misma se halla constituida por componentes simbólicos de solidaridad, de ritualidad y teatralidad. De eso trata de dar cuenta la atención, hoy creciente en América Latina, a la cultura política, esto es, a «las formas de intervención de los lenguajes y las culturas en la constitución de los actores y el sistema político» (Landi, 1987).

Emerge así al primer plano la cuestión de los modos de interpelación y reconocimiento, de comunicación, en que los actores políticos se constituyen. Pues a la base de la concepción instrumental que de la democracia han tendido las izquierdas se hallaba una concepción sustancialista de los sujetos sociales y una visión puramente reproductiva de los procesos de comunicación. Entidades que reposan sobre sí mismas (las clases) o en las que lo representable se halla definido antes y por fuera del ejercicio de la representación (los partidos), la política acababa siendo un juego trucado y un espacio improductivo. Tomar en serio la democracia va a significar asumir a fondo la trama cultural y comunicativa de la política: de una parte, que la productividad social de la política no es separable de las batallas que se libran en el terreno simbólico, pues lo que la política pone en juego es en últimas «la producción del sentido en la sociedad y los principios del reconocimiento mutuo» (Larsdi, 1983); y de otra, que el carácter participativo de la democracia se halla cada día más ligado a los modos en que se produce la comunicación.

Ese camino a hacer desde la política está exigiendo un replanteamiento similar en el campo de la comunicación. Un campo que se halla todavía dominado por la polarización entre un modelo pura y duramente instrumental de los conocimientos pertinentes a ese campo, y otro denuncista y voluntarista, incapaz de articular en la práctica una teoría social crítica al análisis de la dinámica propia de los procesos comunicativos. Los avances más significativos en este campo son los que están permitiendo desplazar el modelo informacional, a cuya hegemonía ha contribuido no sólo el perfecto ajuste entre proyecto difusionista y paradigma conductista, sino la complicidad que aquél halló en una teoría crítica dominada por la lógica de la reproducción social y una concepción instrumental de los medios que los reducía a aparatos ideológicos.

Como expuse en otra parte (Martín‑Barbero, 1988), la ruptura con el modelo informacional ‑que identifica la comunicación con el proceso de transmisión de significados ya dados, esto es, anteriores al proceso mismo de la comunicación‑ implica colocar como eje el carácter productivo de las mediaciones y los actores del proceso comunicativo entero ‑desde la emisión a la recepción‑, y la naturaleza transaccional y negociada de toda comunicación. El paradigma de la mediación (Martín Serrano, 1977 y 1986) va a permitir articular el análisis de las formas institucionales que reviste la comunicación en las diferentes formaciones sociales con el de las lógicas que rigen la organización de la producción cultural, y la dinámica específica de los usos sociales de los medios y los productos comunicativos. Desde el modelo semiótico‑textual (Van Dijk, 1983) se hacen pensables las asimetrías constitutivas de la comunicación colectiva, esto es, «la diversidad de las competencias comunicativas del emisor y el receptor, y la articulación diferenciada de los criterios de pertinencia y significancia de los textos masivos» (M. Wolf, 1985).

Condicionada y a la vez dinamizada por esa simetría, la comunicación massmediada se especifica por una organización de las interacciones en las que el emisor construye su discurso a partir de una estrategia de anticipación de las condiciones, situación y competencias del receptor. Lo que vendrá a colocar en el centro del análisis el espacio de la recepción: la especificidad de los modos de reconocimiento y apropiación. Ello ha implicado en América Latina una particular atención a las discontinuidades y destiempos culturales que cubre una modernidad heterogénea, no sólo en el sentido de la diversidad, sino en el modo excéntrico, esquizoide de participación de nuestras culturas en el mercado internacional (J. J. Brunner, 1987), y también a la vigencia de unas culturas populares que, si han servido frecuentemente de sustento a los estatismos populistas y a los chauvinismos románticos, son hoy el espacio de nuevas hibridaciones y de algunas de las posmodernidades más nuestras (García Canclini, 1987 y 1989).

Comprender la especificidad histórica de los procesos de massmediación en América Latina está exigiendo el análisis de los géneros en los que se produce la articulación del imaginario mercantil con la memoria cultural de estos pueblos, y de la lógica transnacional de la producción con la dinámica de los imaginarios nacionales y locales (Martín‑Barbero, 1987). Convergiendo sobre esa perspectiva se halla el análisis de la «sociedad receptora» (V. Fuenzalida y M. E. Hermosilla, 1989) en cuanto espacio de resemantización y apropiación de los televidentes, considerados no como individuos aislados, sino como colectividades, en cuyos diferentes modos de ver se expresan demandas de comunicación y exigencias de participación en la formulación de una televisión democrática.

Desde ese doble replanteamiento del contenido de la política y del sentido de la comunicación se vislumbran algunos rasgos de una perspectiva nueva sobre las relaciones entre comunicación y democracia. El primero de esos rasgos acentúa el carácter sustitutivo de la mediación comunicativa, y podría plantearse así: la desproporción del espacio social ocupado por los medios de comunicación en países con carencias estructurales como los de América Latina ‑en términos de la importancia económica de sus empresas y de la importancia política que adquiere lo que en los medios aparece‑ es proporcional a la ausencia de espacios adecuados a la expresión y negociación de unos conflictos que desbordan lo institucionalmente representable, esto es, a la no representación en el discurso de la política y de la cultura de dimensiones claves de la vida y de los modos de sentir de las mayorías.

Es la realidad de unos países con muy débil sociedad civil y una profunda esquizofrenia cultural la que recarga cotidianamente la capacidad de representación que han adquirido los medios. Se trata de una capacidad de interpelación que no puede ser confundida con los ratings de audiencia. No sólo porque esos ratings de los que nos hablan ‑en el caso de la televisión‑ son apenas de los aparatos encendidos y de cuánta gente está mirándolos, pero no de quiénes y de cómo la ven, sino porque el verdadero poder de la televisión reside en configurar y proyectar imaginarios colectivos: esa mezcla de representaciones e imágenes desde las que vivimos y soñamos, nos agrupamos y nos identificamos. Y eso va mucho más allá de lo medible en horas que pasamos frente al televisor y de los programas que efectivamente vemos. No es que la cantidad de tiempo dedicado o los programas frecuentados no cuenten, lo que estamos planteando es que el peso político y cultural de la televisión ‑como el de cualquier otro medio‑ sólo puede ser evaluado en términos de la mediación social que logran sus imágenes. Y esa capacidad de mediación proviene menos del desarrollo tecnológico del medio o de la modernización de sus formatos que del modo como la sociedad se mira en ese medio: de lo que de él espera y de lo que le pide.

El segundo rasgo recupera para la mediación comunicativa su carácter constitutivo. Pues, aunque sometidos a la lógica del mercado, los medios de comunicación operan, y cada día con más fuerza, como espacios del reconocimiento social. De ahí que la espectacularización de la política en la televisión hable a la vez del vaciado político que producen las imágenes, pero también del modo en que la mediación televisiva complejiza y densifica las dimensiones rituales y teatrales de la política. El medio no se limita a recoger representaciones políticas preexistentes y traducirlas a su lenguaje, el medio no se limita a sustituir, sino que ha entrado a «constituir una escena fundamental de construcción de la vida política» (G. Sunkel, 1989). La televisión le exige a la política negociar las formas de su mediación: es la condición que le pone a cambio de darle acceso al «eje de la mirada» (E. Veron, 1987) desde el que la política puede penetrar el espacio cotidiano reelaborando su discurso para volverse parte de la corporeidad, la gestualidad y teatralidad del mundo cotidiano, que es donde se juega, tanto como en las instituciones parlamentarias, la transformación de nuestras culturas políticas, y las posibilidades de renovación y profundización de la democracia.