EL MITO DE LA DIRECCIÓN:
NUEVOS CÓDIGOS PARA ANTIGUAS ANDANZAS
Rosa Vázquez Recio*
Se abordan algunos de los
mitos más frecuentes que desde una tendencia hacia la profesionalización se
están instaurando sobre la dirección escolar. Realiza un recorrido comparativo
entre la ley de Instrucción Primaria del año 1965 y la LOPEGCE de 1995,
resaltando los numerosos puntos de encuentro entre estas dos leyes.
"Tristes armas
si no son las
palabras"
Miguel Hernández
I.
Introducción
No se puede decir que a
estas alturas del debate educativo, la dirección de centro sea un tema novedoso
y escasamente discutido (I ), dada la ingente cantidad de publicaciones (2) que
se está produciendo en los últimos años, especialmente desde comienzos de los
noventa. Pero lo que más sorprende de estos discursos, que ya resultan un tanto
maniqueos, es que se quedan casi siempre, por no decir siempre, en aspectos
superficiales que forman tal tela de araña que impiden ver, con pulcritud, las
razones fundamentales que justifican el estado actual de la dirección de los
centros educativos. No obstante, el permanecer en la epidermis de los
planteamientos oficiales y no oficiales sobre el estado de la cuestión no
responde a actitudes ingenuas de quienes practican ese tipo de retóricas. Todo
lo contrario, es una estrategia sumamente familiar en la historia de la
política educativa española que los doctos en educación hábilmente han
utilizado y utilizan para convencernos de aquello que quieren convencernos. Se
ha generado, de esta forma, un pensamiento uniforme y único con respecto a la
dirección escolar: la escuela
falla porque los
directores (3) fallan. Basta recordar las palabras de Alvarez Fernández,
"el éxito o el fracaso de la reforma está, sobre todo, en manos de los
directores" (1994, 71); demasiado peso y responsabilidad para una sola
persona.
Dejemos por un momento, al
menos, de ser ilusos y afrontemos la situación desde una perspectiva amplia y,
sobre todo, crítica; no cegarnos en una visión patologicista de la dirección
que dé razones de¡ descalabro de la escuela pública. Focalicemos nuestra
atención en otras piezas del sistema, esto es, en los supuestos ideológicos de
la actual política neoliberal y gerencialista que son los verdaderos artífices
de la adulteración de la escuela pública, democrática y laica.
Escribir un artículo
siempre nos brinda la oportunidad de hacer públicos nuestros pensamientos y
reflexiones; no privaticemos el gran tesoro que hombres y mujeres tenemos en
nuestras manos: la capacidad de pensar y cuestionar los mensajes que llegan a
nosotros por los múltiples canales de nuestro entorno próximo y lejano. Las
pretenciones de este escrito no es la de llegar a ser un tractatus al estilo de
Wittgenstein, sería demasiado pretencioso. Simplemente desmenuzar los
planteamientos que se están difundiendo y asentando tanto en los discursos
académicos como vulgatas, sobre la solución perfecta a la crisis que padece la
dirección de centros, en particular y la escuela pública, en general. Me
refiero, exactamente, a la formación y profesionalización de la función
directiva (Villalaín 1989; Gómez Dacal 1992; Alvarez Fernández 1990, 1991,
1994, 1997; Armas Castro y Junquera 1992; Borrel 1992; Sobrado Fernández 1992;
Lorenzo Delgado 1996; Gairín Sallán 1997a, 1997b; Antúnez 1997) .
Hablar de formación y
profesionalidad para los directores de los centros educativos no es una
cuestión libiana y sencilla adjetivos que pueden ser canjeados por otros
dependiendo del nivel de compromiso público que se quiera asumir .
Defender la profesionalidad de la dirección no es sólo gritar a los cuatro
vientos que es necesario que se les otorgue a los directores la profesionalidad
merecida para el desempeño de las funciones que se les encomienda en una
sociedad cada vez más exigente y saturada de informaciones que sólo provocan el
colapso y las dificultades de discernimiento sensato. Detrás de la férrea
defensa se esconde la impoluta trama de razones que verdaderamente justifican
la tan proclamada profesionalidad de los directores de los centros. Estas razones
responden básicamente a los requerimientos empresariales de la gestión de
calidad que, como arena que arrastra el mar, llega a cubrir todos los recodos
de la tan sufrida escuela pública.
2. Preliminares legislativos
De entre todas las etapas
por las que ha pasado la historia de la dirección en España desde comienzos de
siglo con la creación de la escuela graduada, es de excepcional interés
rescatar una que, teniendo presente las peculiaridades políticas del momentos
(4), presenta un perfil que grosso modo, puede llegar a reproducirse a las
puertas del siglo XXI. Para ser exactos, la fecha clave es el 21 de Diciembre
de 1965. En este año, se aprueba la Ley 169/1965 de Instrucción Primaria, por
la que se modifica la Ley de 17 de julio de 1945 sobre la Reforma de la
Enseñanza Primaria (5).
Con ella se produce uno de
los cambios más importantes para las escuelas: se crea el Cuerpo de Directores
Escolares como cuerpo especial de la Administración civil del Estado. No
obstante, no será hasta dos años más tarde, en 1967, cuando se apruebe el
Reglamento del Cuerpo de Directores Escolares (6) que desarrolla dicho
artículo. En el artículo primero del capítulo I del citado reglamento, queda
definida la figura de los directores: "El Director Escolar tiene como misión
profesional y específca el ejercicio de la función directiva en los Colegios
Nacionales, Colegios de Prácticas de las Escuelas Normales y Agrupaciones
Escolares de ocho o más unidades, incluidas maternal y párvulos. Los
Directores Escolares constituyen un Cuerpo Especial de la Administración Civil
del Estado. El Director Escolar es el representante jurídico del Centro de su
dirección, superior inmediato de los maestros en el mismo, cualquiera que sea
su función y procedencia. Será presidente del Consejo Escolar y de cuantas
instituciones funcionen dependientes del Centro con fnalidad docente, económica
y administrativa" (Boletín Oficial del Estado, 16 de Mayo de 1967, n° 116,
tomado de Aranzadi 1965, 1035) (7).
El significado de esta
decisión por parte de los burócratas del momento queda explicitado: los
directores son la prolongación de las fuerzas del Estado en las escuelas con
cuyas acciones de vigilancia y control, envueltas en una aureola de dogmatismo
pedagógico y preocupación por la buena marcha de la educación española,
aseguran que ninguna "oveja se descarrile". Ya, las acciones
depuradoras se habían iniciado durante los primeros años de la guerra, como
queda constatado en la orden
de
1936 (8). Las comisiones
depuradoras que se crean, no sólo con carácter punitivo sino también
preventivo, tenían la misión "de proponer la separación inexorable de sus
funciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a
sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado
'Frente Popular'. Los individuos que integran esas hordas revolucionarias,
cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente, los hijos espirituales
de los catedráticos y profesores que a través de instituciones como la llamada
'Libre de Enseñanza' forjaron generaciones incrédulas y anárquicas"
(Boletín 10 de Diciembre de 1936, n° 52, tomado de Aranzadi 1936, 883) (9).
Pero lo peculiar del caso
no es la ubicación en cada centro escolar de un director, al estilo del
Gran Hermano diseñado por Orwell , como instrumento fundamental para el
cumplimiento de lo dictado, según los requerimientos oficiales del Estado
Mayor, que por otra parte, no ha de sorprendernos dado los principios del
régimen franquista, sino esencialmente la formación de un cuerpo profesional.
Para ingresar en el cuerpo especial tenían que superar dos pruebas con carácter
eliminatorio; la primera, oposición
libre y la segunda, un curso de
formación.
Superadas las dos fases, a
los directores se les expedía un título profesional y una tarjeta de identidad
(Art. 11 del Decreto 20 de Abril de 1967). Otorgar un título específico para
los directores era una forma de consolidar un cuerpo especializado y
diferenciado del resto de los agentes educativos, y en particular, de los
docentes sobre los que aquellos ejercían su autoridad y control. Sin embargo,
no hemos de llevarnos las manos a la cabeza con esta materialización simbólica
de la jerarquización educativa, dado que la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros
Docentes, en el capítulo III del Título II dedicado a la dirección de los centros,
recoge un nuevo sistema para la elección de los directores/as que gira en torno
a un axioma que se constituye en el nuevo código, más sutil, para la diferenciación
y jerarquización. Claramente expone, desde las primeras líneas del documento
legal, que sólo podrán ser elegidos como directores aquellos profesores que
estén acreditados para el cargo; acreditación que se obtiene tras demostrar su
formación en materia directiva o bien hacer uso de otros méritos como haber
pertenecido al cuerpo de directores escolares. De esta manera, la acreditación
viene a ser la nueva tarjeta de identidad.
En el Real Decreto 2.191 /
1995, de 28 de Diciembre (10), por el que se regula la acreditación para el
ejercicio de la dirección, justifica la adopción de nuevas medidas para la
elección de los directores, que en último término viene a coincidir con las
finalidades que justificaban la creación del cuerpo de directores. Se busca
"una mayor exigencia en cuanto a la garantía de que quienes accedan a
esta importante función estén suficientemente formados y puedan asumir sus
responsabilidades de modo más ajustado. Elemento esencial de este nuevo sistema
es la exigencia de una serie de requisitos, entre los que adquiere especial
relevancia la obligación de obtener una acreditación
específica a quienes deseen ser candidatos a la elección de Director"
(B.O.E. 30 de Diciembre de 1995, tomado de 1995, 2221) [la negrita es mía].
El Cuerpo de Directores se
declaró a extinguir con la Ley General de Educación y de Financiamiento de la
Reforma Educativa, (Ley 14/70, 4 de Agosto de 1970) (11), y pese a desaparecer,
al menos a nivel legislativo, se ha seguido manteniendo el énfasis en la
formación específica para el desempeño de la dirección; énfasis que, si bien se
vio mitigado con la LODE, vuelve a tomar las riendas con la LOPEGCE y sus
posteriores decretos y ordenes ministeriales. ¿Estaremos dirigiéndonos con los
nuevos requisitos administrativos hacia un cuerpo de directores?
3. La mercantilización de las palabras
¿Somos realmente
conscientes de lo que supone abogar por una formación específica para los
directores de centros? Ya es lamentable que quienes defienden desmesuradamente
la formación inicial y permanente para el desempeño de la función directiva,
hablan de los directores y no de equipos directivos (y si lo hacen, uno llega
a descubrir en el desarrollo de sus planteamientos que a quienes realmente va
dirigido es a los primeros y no a los segundos) pese a que se utilicen en esos
discursos palabras como participación, colaboración, reflexión.
El simple hecho de
englobar estos términos, términos que, por otra parte, han sido hurtados
de los planteamientos de los sectores más críticos de la educación,
desvirtuando su propio sentido, y que han llegado a convertirse en moneda
corriente , tampoco es una novedad puesto que durante el franquismo ya se
hacían uso de los mismos. Tenemos el ejemplo en el decreto que regula el cuerpo
de directores (Decreto, 20 de Abril de 1967, n° 985/67) en su Capítulo 111,
sobre los derechos y deberes de los directores. En su punto cuarto se recoge:
"Asumir la dirección y el gobierno del Centro, respetando y estimulando el
espíritu de iniciativa y la colaboración de los maestros para lograr la unidad
y coordinación precisa que debe presidir todo el quehacer escolar"
(Boletín Oficial del Estado, 16 de Mayo de 1967, n° 116, tomado de Aranzadi
1967, 1036).
El cambio no deviene por
verbigracia de términos que decoran los nuevos discursos educativos,
haciéndonos creer que se han dado pasos importantes en nuestra educación. Los
constructos en el campo de las ciencias sociales tienen la peculiaridad de
estar sujetos a las acciones sociohistóricas que los generan, dotándoles no
sólo de un significado, carácter formal, sino especialmente de tantos sentidos
(12) como posicionamientos políticos y culturales que los interpreten. Codd
(1989, 159) señala que "la definición que se dé de una situación social
dependerá casi por entero de la perspectiva cultural o ideológica desde la que
se percibe". Es decir, no centrarnos en el significado de la
participación, colaboración o responsabilidad compartida (también se recoge la
responsabilidad compartida en una resolución de 1965 (13) sino en los sentidos
que se plasman, generalmente con carácter implícito, en acciones sociales
concretas. Sin lugar a dudas, el sentido dado a la participación o a la
responsabilidad compartida durante el franquismo e incluso en los actuales
discursos neoliberales, dista del sentido que los Movimientos de Renovación
Pedagógica les ha dado. Al parecer, las negativas a la formación de los directores
es una cuestión ideológica: "el debate en torno a la necesidad de la formación
específica de equipos directivos escolares ha constituido un tema recurrente a
lo largo de los últimos años dado que se han manifestado opiniones contrarias
respecto a su conveniencia, las cuales provenían más de consideraciones de tipo
ideológico que de un análisis detallado de las necesidades de formación de los
miembros de los equipos directivos" (Pèlanch Buson 1996, 246). ¿Y acaso se
pueden hacer valoraciones y discursos vacíos de contenidos ideológicos? Lo que
ocurre es que pesa demasiado, por nuestra tradición, hacer explícitos los
supuestos desde los que se parte a la hora de tomar partida en los asuntos
educativos, que son asuntos sociales de interés público. Resulta mucho más
fácil tirar de discursos técnicos, con los cuales ya estamos familiarizados,
que de discursos que partan de aspectos culturales e ideológicos en tanto en
cuanto suponen tomar posturas, que al hacerse públicas, pueden llegar a ser
sumamente comprometidas para con los diferentes colectivos sociales.
Vivimos en una época cuyas
leyes del libre mercado llegan a penetrar hasta en los términos que se toman
para elaborar los discursos, es decir, ya podemos hablar de la mercantilización
de las palabras que tienen como principio máximo atrapar a los ciudadanos y
ciudadanas en una nebulosa espesa que les impida realizar cualquier juicio
crítico, o al menos, dudar de lo que se les pone en bandeja. No devoremos, sino
degustemos los discursos y comprobemos cuál es la esencia real de ellos. El
nuevo aire innovador con que se les dota a los programas de formación se
desvanece cuando se analizan la estructura, contenidos y actividades,
quedando al descubierto el soporte tecnológico sobre el que se construyen (por
ejemplo, los materiales de apoyo para los Cursos de Formación para Equipos
Directivos, del M.E.C. 1994).
Los defensores de la
formación de directores centran sus construcciones teóricas sobre la base de la
reflexión y la colaboración constituyéndose ambas en la clave para él éxito de
los programas, y en consecuencia, de una fructífera formación para el
desempeño de la función que le permitirá a los directores hacer frente a las
situaciones adversas."(...) Sólo cuando los directivos de los Centros
Escolares las [las grandes líneas de reflexión] hayan reflexionado,
interiorizado y conseguido dar una respuesta suficientemente profunda,
coherente e idónea estarán en condiciones de afrontar con posibilidades de
éxito el reto que hoy implica la dirección de una institución educativa"
(Delgado Agudo 1994, 9). La reflexión no sólo se sustenta en una práctica
privada; por supuesto que es necesario el autoexamen, como diría San Agustín,
pero es preciso y esencial dar el siguiente paso que es la reflexión en o
durante la acción y la reflexión crítica o la reflexión sobre la reconstrucción
a posteriori de la propia práctica (Gimeno y Pérez Gómez 1994). Y en ese
proceso de juicio deliberativo interviene, como elemento fundamental, el
diálogo profesional (Fullan y Hargreaves 1997) con los otros. Las respuestas a
las situaciones adversas extrañamente se encontrarán en las prácticas
reflexivas descontextualizadas de los directores; se encontrarán cuando todos,
sin distinción de cargos, las afronten conjuntamente .
Nuevamente tropezamos con
el uso desnaturalizado de los términos que ocasionan obnubilación a quienes son
receptores inmediatos de los mismos. La reflexión la podemos encontrar tanto en
los discursos tecnológicos como en aquellos que parte de la reconstrucción
crítica y emancipatoria del conocimiento (Zeichner 1992), siendo interpretada y
concebida de forma diferenciada. Desde la racionalidad tecnológica, "la
reflexión (...) se reduce a saber en qué medida práctica se relacionan con los
promedios que proporcionan algunos aspectos de la investigación(...) (ibidem,
313). junto a esta, otra característica que reduce la reflexión a unos límites
muy precisos y concretos es sustraer de la práctica todas aquellas cuestiones
que pongan en tela de juicio al sistema social y educativo. Y si observamos
los mensajes recogidos en los programas de formación y en las producciones
teóricas que la defienden se acogen a las dos aspectos de la racionalidad
instrumental.
Sin embargo, el uso de la
terminología que hemos estado comentado hasta estos momentos responde, a una lógica
que otrora se regía por los principios del Management Científico. A las puertas
del siglo XXI, la lógica imperante en nuestra educación es la Gestión de la
Calidad Total. Y aquí llegamos al corazón mismo de las razones que justifican
la defensa de la formación y profesionalización de los directores.
4. Los primeros pasos: la aniquilación de la
Escuela Pública en nombre de la calidad
En primer lugar, y
estableciendo referentes, la LOGSE nace en un contexto que responde a las
exigencias del movimiento generalizado que había dado comienzo a mediados de
los años ochenta bajo la bandera de la calidad, organizándose los discursos y
las actuaciones legislativas en torno a ella (Angulo 1994). Desde entonces
hasta la fecha, la calidad se ha convertido en uno de los temas más debatidos y
controvertidos.
El advenimiento de la
calidad como tema acaparador del discurso educativo, no se produce de forma
fortuita, caprichosa o desinteresada, sino todo lo contrario. Es una de las
razones de las que se sirve las políticas neoliberales y neoconservadoras para
justificar el desmantelamiento del Estado del Bienestar, mostrar con ello la
ineficacia del servicio público y reforzar, de esta forma, las prácticas
privatizadoras colocando en el estandarte los principios gerenciales de la
eficacia.
España, aunque más
tardíamente que en otros paises, inicia su campaña por la lucha por la calidad
de la enseñanza, y de los centros educativos (14) a comienzos de los noventa.
Las dos leyes orgánicas vienen a ser la clara constatación del nuevo rumbo que
se le quiere dar a la educación, girando todo el articulado en torno a la
calidad. El título IV de la LOGSE (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre) está
dedicado a la calidad de la enseñanza, si bien será en la siguiente, en la LOPEGCE
conocida como la Ley Pertierra , (Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre) donde se desarrolle ampliamente el tema: "la presente ley da
un nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos sectores de
la comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco
legal capaz de estimular de modo fructífero el conjunto de factores que
propician y desarrollan la calidad de la enseñanza y su mejora" (BOE, 21
de noviembre de 1995).
Pero, indudablemente, lo
sorprendente del hecho no es tanto lo que estas prerrogativas administrativas
establecen con carácter general sino, especialmente, cómo toman cuerpo en los
discursos y planteamientos teóricos que actúan como referente inmediato para la
práctica en los centros escolares. Son diversos los aspectos sobre los que
recaen la atención prioritaria: cualificación y formación del profesorado,
programación docente, innovación e investigación educativa, evaluación,
inspección, recursos educativos y función directiva. De todas estas esferas, se
ha tomado como báculo para la búsqueda y consecución de la calidad y la
excelencia educativa la función directiva. No por ello, las restantes
dimensiones se hacen desmerecedoras de una atención por parte de la diosa
administración, ya que cumplen su función para legitimar el estado y las
necesidades de cambio en la dirección de los centros escolares. Así, sería
ingenuo pensar que la evaluación no ha jugado un papel decisivo en las
determinaciones sobre qué acciones llevar a cabo para impedir unas iniciativas
y potenciar otras en lo que respecta a la dirección. El problema de la falta
de calidad busca una solución amparada en la evaluación. Hablar de evaluación
no es hablar de una actividad vacía, neutra y exenta de propósitos, temores y juicios.
Valoración y justificación son en los dos contextos en los que se mueve la
evaluación, siendo éste último un buen recurso para evitar todo análisis
político que explicite el porqué y el para qué sirve una evaluación,
ocultándose de este modo los valores básicos que determinan la génesis de la
evaluación.
Pero la problemática no
acaba aquí. Gimeno apunta, en relación a la ley Pertierra (1996, 59) que ésta
"da pie a establecer una conexión entre la evaluación de los centros y
una mayor posibilidad de que los padres elijan el centro público (...) El
debate sobre la elección de centro afecta ya a la educación y el cheque escolar
empieza a justificarse como una 'experiencia que merece la pena ensayar"'.
Ya la cuestión no es elegir entre un centro privado y un centro público, sino
el aceptar el juego del libre mercado dentro de las escuelas públicas, que
conlleva la pérdida de su propia filosofía. Dar la opción a los padres para que
elijan centros para sus hijos, convirtiéndose así en clientes directos, sin
duda resulta una oferta atractiva, pero no para todos; será, especialmente,
para aquellos que tengan mejor situación económica, ubicación geográfica, y con
criterios para poder elegir centro. Los demás ciudadanos y ciudadanas, los más
desfavorecidos de la sociedad, no tienen otra opción que ir a las escuelas, que
tras ser evaluadas, muestran índices de calidad que no son los deseados por el
resto de la ciudadanía. De esta forma, "para cubrir los necesidades de
los más desfavorecidos ya quedará el Estado mínimo" (Gimeno 1996, 62).
Querámoslo o no, estamos
ante la entrada de la privatización en el sector público sometiéndose éste a
los cánones del fundamentalismo neoliberal, que está llegando a regular las
vidas de las personas, aniquilando toda posibilidad de ser libres en la
sociedad, privándolas de participar en las cuestiones relacionadas con la
sociedad en la que vive (Torres Santomé 1996), y haciéndolas caer en la trampa
de la privacidad y el consumismo. Vivimos atrapados.
El estado actual en que se
encuentra la escuela pública, me trae a la memoria un fenómeno del siglo XVIII
conocido como la "teoría del pararrayos" (15), en torno a la que se
explicaba la conjugación de actitudes de protección y rechazo de los que por
aquellos momentos eran llamados idiotas. Este tema no tiene que ver con la
naturaleza de la escuela pública, pero sí nos permite, al menos a mi parecer,
hacer una interpretación de las actitudes que se ponen de manifiesto hacia la
misma. Es apreciable, en la sociedad de nuestros días, una actitud de rechazo
hacia la escuela como servicio público por un número cada vez más significativo
de ciudadanos/as, ahora clientes, que ven como este servicio se deteriora o
no mejora de calidad a pesar de los costos que ocasiona, actitud que ha
sido provocada por quienes son doctos en hacer de los discursos neoliberales la
clave para salvaguardar la educación. Pero al mismo tiempo, se da una actitud
de protección que en nuestro caso sería, conservación con una doble
cara: la visible, sobre la que se hará recaer toda la culpabilidad del estado
actual de la educación y mostrar la ineficacia del Estado; y la invisible,
sobre la que recaerá la misión de educar a los más desfavorecidos, excluidos
de la sociedad.
La necesidad de mantener
el discurso sobre lo público, y en concreto, la escuela pública, no significa
que se mantenga intacta la filosofía que da sentido a este servicio, sino que
aunque se deslegitime en origen y sufra una mutación o adulteración
(Pérez Gómez 1997), como
la que está padeciendo al querer aplicarse los procedimientos que se han
revelado eficientes en la gestión de lo privado, sirve de referencia para
mostrar y hacerles ver a los clientes, cada vez más exigentes, las
consecuencias que trae, como se ha mencionado ya, la ineficacia del Estado en
materia educativa.
5. El espejo de la escuela: el mundo empresarial
Se dice que las
comparaciones son odiosas pero, al parecer, cuando tocamos el terreno de la
educación las escrupulosidades se pierden, pues fácilmente podemos comprobar
como, una y otra vez, se comparan las empresas con las escuelas, aplicándose
finalmente los principios de aquella a ésta dado los buenos resultados que se
obtienen. En la época que vivimos, las comparaciones y traslaciones se están
realizando con las empresas que han puesto en marcha una forma de gestión que
se conoce con el nombre de la Gestión de la Calidad Total (Quality Total
Management).
Uno de los ejemplos más
claro lo tenemos en la obra del Director General de Centros Educativos del
MEC, Francisco López Rúperez (16), La gestión de la calidad (1994), que tras
hacer el paralelismo entre empresas eficaces y escuelas, y sin ningún tipo de
remilgos ni tapujos, nos quiere convencer de "las posibilidades que ofrece
la llamada gestión de calidad (17) propia, en principio, de entornos
empresariales en tanto que filosofía de gestión potencialmente aplicable
al mundo de la educación" (López Rupérez 1994, 38). Y si nos queda alguna
duda de tales posibilidades, añade el principio de invariancia:
"consideradas a un cierto nivel de generalidad, las claves del
funcionamiento eficaz y eficiente de las organizaciones resultan invariantes
bajos cambios en la naturaleza del objeto al que dichas organizaciones están
orientadas" (ibídem), porque lo que tienen en común todas las
organizaciones, empresas y escuelas, es el hombre. Reducir todo al hombre en su
sentido nominal es sumamente sencillo pero al mismo tiempo peligroso porque
suprime cualquier posicionamiento ideológico y moral. Sería más arriesgado ir
directamente al grano argumentando que lo que tienen en común las escuelas y
las empresas son los clientes (18). A fin de cuentas, la satisfacción de los
clientes es el fin último que se persigue desde la gestión de la calidad total.
Tanto en la obra citada
como la de otros autores españoles que admiten la viabilidad de los principios
de la calidad total a la educación (Gento 1996; Cobo Suero 1995; Municio 1995)
sitúan a la dirección como la pieza clave para alcanzar las máximas cotas de
calidad. Según E. W Deming (1940), pionero en la gestión de calidad total en
el mundo empresarial, el 85% de los problemas de calidad en las
organizaciones son problemas de la dirección (López Rupérez 1994, 48). La
pregunta que surge ante este dato es si los problemas que se plantean en una
escuela son tan idénticos a los que se presentan en una empresa para permitir
hacer esta extrapolación de datos. Lo de menos es plantearse los problemas de
uno y otro ámbito porque se llegaría a la conclusión de que se trata de mundos
diferentes con finalidades diferentes. Interesa descontextualizar determinados
discursos, como el señalado, que desprovistos de los matices específicos,
actúan de caldo de cultivo para el levantamiento de un público que ha pasado de
ser ciudadano a ser cliente. En las consideraciones previas del documento de
las "77 medidas", publicado bajo el título Centros educativos y calidad de la enseñanza se recoge ese sentir:
"La función directiva es reconocida por la LOGSE como uno de los factores
que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza. En este reconocimiento
coinciden la mayoría de las investigaciones, informes y estudios realizados,
así como los propios documentos oficiales de buena parte de los países
desarrollados" (MEC 1994, 65).
Tras este reconocimiento
preponderante de la dirección como factor clave de la calidad se esconde
nuevas formas o mecanismos de control, que puede llegar a ser más perniciosos
en tanto que permanecen soslayados , que los empleados durante el
período del franquismos caracterizado por una férrea centralización de poder.
Ahora, las medidas amparadas por el lema de la democracia, buscan en la
descentralización la estrategia que le permita al Estado hacer frente a las
nuevas necesidades de producción y desarrollo económico, buscando vías que
permitan recuperar la legitimación perdida o casi perdida; existen, de esta
forma, necesidades de legitimación tanto políticas como económicas, pero una
legitimación compensatoria, utilizando los términos de Weiler (1992) que se
mueve entre la centralización y descentralización, es decir, el Estado
mantiene al máximo el control, centralizado, de y sobre las unidades
subordinadas al tiempo que obtiene la legitimación necesaria con la
transferencia de responsabilidades a aquellas que vienen a resultar de una
peculiar formar de entender la distribución autentica de poder. Este proceso
aparentemente contradictorio puede ser presentado bajo término de pseudodescentralización.
Antes tales
circunstancias, al delegar en los directores tantas responsabilidades, los
problemas y conflictos que puedan generarse en sus propios centros, serán, en
última instancia, debidos al poco o mal aprovechamiento de la autonomía de la
que se les ha dotado para gestionar los mismos, a la toma de decisiones
erróneas o actuaciones inapropiadas antes las nuevas responsabilidades. Con
ello, la Administración se exime de todo tipo de culpabilidades, mostrando al
público que los inefiicaces son los centros, y por ende, los directores que no
han sabido aprovechar las oportunidades ofrecidas; se llevará también los
honores en los casos donde se demuestre, según sus procedimientos evaluadores,
el incremento de la calidad de la enseñanza. Como puede apreciarse, nunca sale
perdiendo.
Difícilmente, en este
contexto de política educativa marcada por el libre mercado calibrado por los
clientes, tiene cabida una descentralización en los términos en que lo hace
Angulo (1994). La descentralización, "es en un sistema democrático, no una
concesión a, sino un derecho de la sociedad civil(..) Se descentraliza no para
incrementar los círculos centrales del poder(...), sino para distribuir equitativamente
dicho poder entre los sectores básicos que conforman la estructura social(..
)Pero la descentralización no es un asunto exclusivo entre Estados (central y
autonómicos o federales), o entre éstos y el capital; la descentralización
tiene que ver prioritariamente con la sociedad civil(..) El reparto de poderes
que toda descentralización conlleva implica la asunción de la capacidad de la
sociedad civil por participar, tomar decisiones y crear sus propios procesos
de cambio y actuación. Un sistema descentralizado es, por tanto, un sistema
formado y conformado por ciudadanos y no solo por burócratas(...) y
mercaderes(...)" (Angulo 1994, 74).
6. La gran pócima: la formación y
profesionalización de los directores
Lógicamente, desde la
empresa se han tomado medidas que subsanen los problemas a los que antes hemos
hecho mención. El vehículo para remediarlos, la formación adecuada de los
directores de las empresas. "Todos los estudios sobre la gestión destacan
el papel clave de la dirección (...) la formación de directivos es la
principal estrategia de cambio en la Administración pública" (López
Rupérez 1994, 87). Situándonos en el campo de la educación, y como hemos
estado comentando hasta ahora, el punto cardinal de las acciones
administrativas ha sido el introducir las modificaciones oportunas en la
dirección, que sin hacer mención expresa de los principios gerencialistas de
la calidad total, buscan un perfil de dirección que se aleja, pese a sus
discursos, de lo que podría ser una dirección colegiada o dirección funcional
(Beltrán 1994, 72) (19).
Al parecer, se tiene muy
asumido y reconocido en los foros educativos la necesidad de profesionalizar la
dirección de los centros. Dentro del mundo empresarial es un hecho que queda
constado por su propia naturaleza. Sin embargo, pedir la profesionalización de
los directores de las escuelas públicas conlleva una serie de consecuencias que
no han de pasar desapercibidas, pese a que existan intentos de que así ocurra.
Como se ha mencionado
anteriormente, en nuestro país ya se vivió un período en el que se reconoció
la profesionalización de la dirección con la creación del Cuerpo de
Directores en 1967. El curso de formación que tenían que superar junto con el
concurso oposición, incluía la actualización de los contenidos en la
formación científica y cultural y sus didácticas, la formación psicopedagógica,
cuestiones de organización escolar, técnicas de Dirección y prácticas de
dirección, siendo la finalidad del curso de formación lograr que el aspirante a
director escolar adquiriese un conocimiento adecuado para el desempeño de la
función directiva en los distintos momentos de la escolarización primaria.
Ahora, veinte años después del decreto que regula la creación del Cuerpo, no
difiere en esencia de lo que actualmente se persigue con la formación de los
directores. Se busca con ella, que los directores de las escuelas posean un
conocimiento específico y diferenciado del resto de los profesionales, estos
son, los docentes y así poder desempeñar adecuada y satisfactoriamente sus funciones.
"No cabe duda de que la profesionalización requiere como condición necesaria
que el docente adquiera unas competencias y unas capacidades que no forman
parte del cuadro formativo del empleo de profesor: se es, en efecto, un
profesional de la dirección en la medida en la que se domina las exigencias
científicas y técnicas que requiere la eficiente ejecución de las funciones
específicas de este ofcio" (Gómez Dacal 1992, 25). Pese a que se escudan
en la necesidad de que los directores tengan una gran experiencia pedagógica,
donde radican los máximos intereses es en el dominio de los campos o temáticas
directamente vinculadas con la gestión y administración en su sentido más puramente
empresarial. Si se sigue haciendo tanto hincapié en estos aspectos, puede
llegar el momento que licenciados en Dirección de Empresa puedan ocupar los
puestos de dirección en los centros escolares, solicitando a los aspirantes
hacer o tener hecho algún curso vinculado con materia educativa.
Invocar la
profesionalización de la dirección implica, inevitablemente, la aceptación de
la especialización del conocimiento, aspecto, que por otra parte, es habitual
en el campo de la educación, dada la enorme división de funciones y la
complejidad de las mismas en la sociedad moderna, consecuencia a su vez del
modelo tecnoburocrático adoptado y establecido desde comienzos de la década de
los sesenta. Admitir la especialización conduce a un distanciamiento cada vez
mayor entre "el conocimiento experto que se reclama para unos [directores]
y la ignorancia que se legitima de este modo en los demás. Cuanto más se
destaque esa necesidad de conocimientos específcos para los equipos directivos,
más nos retraemos al resto de la comunidad de la participación y decisión en la
vida académica y organizativa del centro" (Baz Lois, Bardisa Ruiz y García
Abós 1994, 121), llegando al convencimiento de que el conocimiento es sólo de
y para unos pocos (equipo directivo/director). Popkewitz (1990) denomina a este
fenómeno, profesionalización del conocimiento, que provoca el que los
individuos se hagan cada vez más dependientes de ciertos grupos de expertos,
contribuyendo ello a cultivar la descualificación y la desprofesionalización
del profesorado. La infravaloración de los profesores reducen a éstos a meros
reproductores de lo que otros, los especialistas en la materia directiva,
pensaron y decidieron. Los procesos de
profesionalización
conllevan racionalización, despolitización y tecnocratización de los procesos
educativos.
La defensa de la
profesionalización de los directores sustentada en los discursos que ven en
ella el ocaso de la crisis de la dirección de los centros educativos, actúa
como una poderosa arma para deslegitimar las prácticas de participación
democrática en los mismos. Los discursos destructivos, manifestados reiteradamente,
únicamente traen consigo el lavado de cerebro perfecto para desmantelar
cualquier intento de colegialidad y de deliberación en la toma de decisiones
en los asuntos de la escuela. Realmente, la democracia lleva conviviendo con
nosotros un período breve de tiempo comparado con los años de sometimiento
autoritario que hemos padecido. La democracia es un proceso en marcha, no sólo
en las escuelas sino también en la sociedad civil. Hay que tener presente que
"(...) la democracia escolar, sus procedimientos, son mecanismos no sólo
para legitimar una determinada forma de gestión que se cree más acertada,
sino para fomentar, precisamente, la creación y asentamiento de una cultura
democrática que estimule la participación, la sensibilidad y la implicación en
un asunto público de tanta trascendencia como es la educación. El procedimiento no es consecuencia de esa
cultura sino del compromiso con el objetivo de su logro para crearla"
(Gimeno 1995,81)[la negrita es mía]. Pero el compromiso, en una época como la
nuestra marcada por un profundo individualismo y narcisismo, tienen perdida la
batalla.
Otro aspecto merecedor de
ser destacado en este examen de la profesionalización, es la atribución del
adjetivo "profesional" a los directores. Según recoge Alvarez
Fernández (1992, 67) en un estudio realizado, los directores encuestados
"desean ser considerados como profesionales, pero sin pertenecer a un
cuerpo profesional". En primer lugar, con las condiciones que se han
establecido para la obtención de la acreditación especifica para la dirección
permite hablar de un cuerpo especializado pese a no estar reconocido como tal a
nivel legislativo como ocurría en el 67. En segundo lugar, por supuesto que son
profesionales, pero no profesionales de la dirección como se explicitaba en la
cita anterior de Gómez Dacal; son , al igual que los profesores y profesoras,
profesionales de la educación (Angulo 1993b) que han de estar comprometidos con
los principios fundamentales de la sociedad civil, tales como justicia social,
solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad, libertad y ser capaces de llevarlos
a la práctica educativa. Todos estamos comprometidos con la escuela pública, y
por ello, hemos de responsabilizarnos todos; la responsabilidad no es sólo de
los directores, sino también de los profesores y de todas aquellas personas a
quienes le compete este servicio público, que es la escuela pública. Hablemos,
pues, de responsabilidades compartidas.
Por otra parte, con la
profesionalización los directores serán armados caballeros para hacer frente
a las miles de batallas que tendrán que saldar en los centros. Con ello, el
reconocimiento y las recompensas conformarán el cuadro perfecto que les
permitirá, como señala López Rúperez (1994, 91) recuperar el honor perdido.
Sorprende que hoy día, a las puertas del siglo XXI, se retome como principio de
la moral aquella que durante el período de la premodernidad ocupaba un lugar
privilegiado dentro de las clases más próximas a la cúspide de la pirámide
social. Además, recuérdese también, que el honor, ligado a un sentimiento
religioso de ideal cristiano, es entendido como gloriosa o excelsa reputación
que se alcanza tras demostrar la herocidad en la guerra. No estamos en las
cruzadas, aunque a veces se utilice la metáfora de la escuela como campo de
batalla (Ball 1990). Tengamos cuidado no vayamos a terminar, como nuestro
querido hidalgo Don Quijote, viendo monstruos donde sólo hay molinos.
7. Últimas palabras.
Después de estas líneas
que ponen en tela de juicio la profesionalización de los directores como la vía
más plausible para la salida de la actual crisis de la escuela pública, que
como aperitivo se nos presenta, queda verdaderamente dar el paso más
importante: pasar del discurso a la acción. Por regla general, nuestros
lamentos y zollosos llegan a convertirse en el condimento perfecto para el
victimismo, pasividad e individualismo, y al final nos volvemos a encontrar en
el punto de partida. No esperemos que desde las instancias superiores nos den
soluciones porque éstas vendrán cargadas de los tintes que en cada momento les
quieran dar. En las escuelas, no es cuestión de proseguir jerarquizando y
parcelando funciones de tal manera que de la tarta tan solo nos queden miguitas
esparcidas. Todos, absolutamente todos, como profesionales de la educación,
estamos embarcados en esta empresa cuyo horizonte es lograr una educación
concebida como recreación de la cultura (Pérez Gómez 1997). Siempre hay algo
por lo que merezca la pena luchar en la escuela (Fullan y Hargreaves 1997). No
nos desanimemos, tenemos un futuro por delante. Galeano nos anima a ello con
sus palabras: "la utopía es como el horizonte. Vemos donde está, pero
nunca llegamos a él. Esto nos ayuda a seguir" (cit. por Hernández 1995,
16).
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Notas
(I) Una cuestión es que la
dirección de centros sea debatida en diferentes foros y otra, muy diferente,
desde qué planteamientos epistemológicos, ideológicos y morales es debatida.
(2) Al respecto, Saénz
Barrio (1997, 108) señala que "una institución que goza de buena salud no
requiere tantos análisis, radiograrías y diagnósticos como ha sufrido la
Dirección Escolar en la última década. Si se han hecho es porque la percepción
generalizada es que algo no funciona". Tal vez no funciona la dirección
de los centros educativos, pero no per se sino por los agentes externos que
obliteran los canales reales para el desempeño de la función directiva. Tal
vez sea una percepción generalizada, pero a todas luces, cabe que pensar que
tales percepciones se mantienen sobre discursos fantasmagóricos desplegados por
la administración.
(3) Siempre que aparezca
"director", se hace referencia a los dos sexos. No obstante, aclarar
que en determinadas ocasiones del artículo, las citas y/o comentarios sobre
ellas corresponden a momentos históricos concretos en los que el término toma
predominantemente el carácter masculino.
(4) Si bien la fecha de
interés es diciembre de 1965, hemos de retrotraernos a comienzos de los años
cincuenta. Desde 1951, el franquismo adopta otros visos debido a la
incorporación en el cuerpo del Estado de tecnócratas que empiezan a dar un
nuevo rumbo a los asuntos económicos, culturales y educativos, alcanzando su
consolidación a partir de la década de los años sesenta tercera etapa
del franquismo , e imponiéndose los cánones de la racionalidad
instrumental.
(5) La ley de 1947
"se ha modificado en algunos de sus aspectos por otras disposiciones
legales para acomodarla a sus sucesivas exigencias, sin que aquellas
estructuras básicas varíe (...) [En este Proyecto de Ley] se amplía, actualiza
y, en ciertos aspectos técnicos, se perfecciona la vigente, sin modificar
sustancialmente su signo y orientación (...)" (Boletín Oficial del Estado,
Gaceta de Madrid, 23 de Diciembre de 1965, n° 306, tomado de Aranzadi 1965,
2167).
(6) Decreto, 20 de Abril
de 1967, n° 985/67 (M° Educ. y Ciencia) CUERPO DE DIRECTORES, Aprueba el
Reglamento (Boletín Oficial del Estado, 16 de Mayo de 1967, n° 116, tomado de
Aranzadi 1967,1035 1037).
(7) La constante
utilización de mayúsculas en determinadas palabras como es el caso de Director,
me recuerda a los comentarios que los analistas de Kafka hacen de su obra El
Castillo. El uso de las mayúsculas en ciertos términos (Castillo, Alcaide,
Oficina Central, etc) es para indicar jerarquización [Kaka, F. (1982) El
Castillo. Madrid. Alianza/Libro de Bolsillo.].
(8) Orden, 7 de Diciembre
de 1936. Instrucción Pública. Sanciones, Normas a la Comisión Depuradora.
(9) Sin embargo, no se ha
conocido en la historia de la educación una preocupación y acción tan intensas
por la educación y la cultura como tuvo lugar durante el período de la II
República (1931 1933) así como durante la guerra civil por el frente
revolucionario. Durante la república, se produjeron cambios significativos en
cuanto al incremento de la tasa de escolarización, creación de escuelas y de
bibliotecas (Safón 1978); se impulsó la formación del profesorado tanto
inicial como permanente, los estudios de pedagogía obtuvieron rango
universitario, etc. (Navarro 1992). Por otra parte, el frente revolucionario,
luchó contra la analfabetización hasta en las zonas de lucha, con la creación
de las Milicias de la Cultura cuyo material básico de trabajo fue la Cartilla
Escolar Antifascista: "La lucha por la cultura del pueblo español, que la
reacción mantenía en la ignorancia y el analfabetismo, va unida
inseparablemente a la lucha ideológica y política contra el fascismo. El pueblo
español está derrotando al fascismo con las armas en la mano. Los maestros y
todos los trabajadores de la cultura deben hacen honor a este ejemplo,
derrotando también al fascismo con los libros y con la pluma" (Cartilla,
1997, "Explicaciones e Instrucciones", s.p.).
(10) El Real Decreto es
desarrollado en la Orden Ministerial, 10 de Enero de 1996 (B.O.E., 13 de Enero
de 1996).
(11) Tras la Ley del 70, y
en lo relativo a la supresión del Cuerpo de Directores, aparecen dos decretos:
Decreto 19 de Octubre de 1972, n° 2957/72 (M° Educ. y Ciencia) MAESTRO.
Integración en el Cuerpo de Profesores de EGB (B.O.E., 1 de noviembre de 1972,
n? 262) y Decreto 30 de Agosto de 1974, n° 2655/74 (M° Educ. y Ciencia)
COLEGIOS NACIONALES. Regula el ejercicio de la función directiva (B.O.E., 20 de
septiembre de 1974, n? 226).
(12)
(13) Resolución de 26 de
Abril de 1965 (Dir. Gral. Enseñanza Primaria) MAESTROS. Instrucciones para la
concesión de los "Diplomas de Maestro y Director Distinguido"
(Boletín Oficial del Estado. Gaceta de Madrid, 17 de julio de 1965, tomado de Aranzadi
1965, 1088 1094).
(14) Dos cuestiones
respecto a la calidad. Primero, el bombardeante discurso sobre la calidad
provoca una reacción entre el público como si hasta el presente no hubiera
existido preocupación por la calidad de la enseñanza. Segundo, al igual que
ocurre con tantos otros conceptos, cuando se habla de la calidad de la
educación no se está haciendo referencia a un concepto vacío y neutro, como
puede pensarse (la calidad de la educación no es la calidad de los productos
alimenticios). La calidad de la educación es un concepto ideológico, objeto de
y sujeto a, valoraciones e interpretaciones diversas por lo que resulta
inadmisible aceptar que, en una sociedad democrática como la nuestra (sin
entrar en análisis conceptuales de lo que es una sociedad democrática),
exista una sola instancia determinando los indicadores de calidad, que serán
puestos en práctica por determinados sectores educativos.
(15) Zazzo, R. (1983) Los
débiles mentales. Barcelona, Fontanella.
(16) Tampoco es despreciable
su otra obra La libertad de elección en educación (1995). Madrid: Fundación
para el Análisis y los Estudios Sociales.
(17) La gestión de
calidad,. "gestionada en toda la empresa, (...) es un conjunto de principios,
de métodos organizados de estrategia global, intentando movilizar toda la
empresa para obtener una mejor satisfacción del cliente al menor coste"
(Bernillón y Cerutti 1989, 15).
(18) Desde la gestión de
la calidad total se diferencia entre los clientes internos, que en la empresa
serían los trabajadores y en la escuela, el profesorado, y los clientes
externos, las personas se benefician de los servicios de una empresa y de la
escuela, padres y alumnos/as.
(19) Y no es tan extraño.
En nuestro país encontramos experiencias de dirección colegiada, como la de
Palomeras, en Vallecas (Madrid).