Editorial

 

EL DERECHO A APRENDER Y EL DEBER DE ENSENAR

 

La implantación generalizada de la E.S.O. y la observación de la realidad educativa en nuestro país nos abre la puerta a un debate del que nunca pudimos ocuparnos anteriormente: ¿la vindicación del derecho a la educación como derecho individual y colectivo lleva apareja­da automáticamente la vindicación del deber de asistir a la escuela durante diez años al menos?

El establecimiento en España de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los dieciséis años, sin tener prevista esta ampliación en condi­ciones profesional y técnicamente aceptables y de forma cívica, está produciendo efectos contrarios a lo que cabía esperar y sobre todo, a lo que todas las personas implicadas y comprometidas con una educación pública de calidad y generalizada, proponíamos. En realidad se ha puesto en marcha el derecho a través de un deber y eso es en sí mismo una contradicción cuando menos.

Los presupuestos y bases filosóficas de la LOGSE planteaban precisamente el deber por parte de los poderes públicos, para que se pudiera obtener la extensión de este derecho y que toda la población infantil y juvenil pudiera disfrutarlo, consiguiendo así un salto cualitati­vo e histórico en el acceso a medios de formación, cualificación y cultura. Pero por la falta de previsión, la improvisación de sistemas correctivos y la carencia de financiación nos vemos en este momento en situaciones que no hubiéramos imaginado, sobre todo quienes deseábamos una reforma integral de la enseñanza y pretendíamos la extensión universal del derecho como un bien individual y social.

Para conseguir la generalización de ese bien social, como uno de los fundamentales dentro de los países democráticos, los centros educativos hubieran tenido que renovar profundamente su faz: con la transformación de espacios: multiplicados, mejor distribuidos, equipa­dos y diversificados, con la llegada de profesionales de trabajo social, pedagogía, psicología, animación sociocultural y deportiva, biblioteca y documentación, sanidad, educación social, vigilancia. De este modo cumplirían los centros la doble función que la sociedad les encomienda: realizar un servicio de guarda y custodia de menores durante unas horas determinadas del día y durante unas épocas determinadas del año, y proporcionar una instrucción y educación que permita desenvolverse con cierta solvencia en las complejas sociedades en las que vivimos.

La labor de guarda y custodia ha de ser realizada durante las horas lectivas y no lectivas. No sirve sólo asegurarla cínicamente de lunes a viernes en horario escolar. Al mismo tiempo que grupos de “estudiantes” están realizando tareas de aprendizaje curricular, otros grupos de “no estudiantes” realizarían actividades y tareas relacionadas con aprendizajes relativos a las habilidades personales y colectivas para una vida cívica de calidad, tal y como se entiende en nuestra cultura. Sin ello, no hay docente que pueda enseñar nada: ni a leer, ni a escribir, cuando menos a crear hábitos de corrección en el trato, de trabajo intelectual, de estudio, en suma.

Me refiero con ello al “totum revolutum” que se ha implantado como parche con las famosas normas de atención a la diversidad que pretenden, sin buscar soluciones eficaces, asegurar formalmente el deber de escolarización a quienes no quieren o no pueden estudiar, encuadrándoles en grupos llamados de apoyo, diversificación, adaptación como quiera que sea dicho, no para auparlos a los niveles adecua­dos, sino para “condenarlos” a la desigualdad de por vida, impidiendo que el desarrollo curricular circule a un ritmo adecuado.

Entre este alumnado se hallan los llamados conductuales y los llamados con necesidades educativas especiales, es decir: quienes no quieren y quienes no pueden. Ninguna de estas categorías de jóvenes avanzan ni dejan avanzar con tratamientos inadecuados, y así los encontramos año tras año anclados en las mismas carencias y víctimas de las mismas quejas.

Las criaturas que pueden y quieren seguir el proyecto curricular de un centro están sumamente perjudicadas por esta falsa atención a la diversidad que no es tal. Cuando digo que pueden y quieren me estoy refiriendo al menos al 90% de la población escolar, hablo de la inmensa mayoría, para quienes se ha diseñado la política educativa general de la LOGSE, entre quienes se encuentran malos y buenos estu­diantes, excelentes, regulares, con motivación o sin ella, inteligentes, torpes, y de todo.

Con este 90% se puede trabajar en clase, mal que bien, pero se puede. Se puede también hacer un seguimiento, evaluar procesos o resultados, según convenga, pero se puede. Con este 90% puede el profesorado cumplir con su deber de enseñar.

Lo que ningún docente puede ni debe hacer ‑porque lo hacemos mal y perjudicamos con ello ciertas expectativas de atención indivi­dualizada y especializada‑ es hacer como si atendiera a la diversidad y luego volverse tarumba haciendo lo que puede. Hemos oído en múlti­ples ocasiones comentar en las juntas evaluadoras, en las reuniones de tutoría, en las salas de profesorado, tomando un café en la cantina o en las Comisiones de Coordinación pedagógica, que “mientras atiendes a la diversidad de X, que no puede o no quiere ni abrir el cuaderno o seguir un trabajo común, descuidados al resto (unos 25 al menos) que necesitan de tu tiempo, esfuerzo y conocimientos”.

Esto es una injusticia para todas las partes afectadas: las familias de quienes se matriculan en un centro público pensando que les van educar y a enseñar; los propios matriculados a la fuerza que se sienten tratados como bichos raros y rechazan el aprendizaje; los demás estudiantes que no avanzan y quedan en un nivel inferior al que podrían alcanzar, el profesorado que ve confusas e imposibles sus facultades y competencias profesionales, teniendo que realizar de mala manera tareas que no sabe ni nadie le enseña, y por último, los jóvenes titula­dos que no ven salida a los estudios “con demanda social” que acaban de realizar llenos de ilusión, optimismo, técnicas y conocimientos puestos al día.

Francamente, así no. Vamos a contar con la diversidad, con las diferencias y con las desigualdades de inicio para ver si la escuela y el instituto pueden ser el puente entre la desigualdad y la igualdad. Tratando de forma diferenciada a los diferentes, conseguimos que entren poco a poco en la regla y la norma común. De poco sirve hablar de integración y mantener la simple presencia de criaturas desintegradas psicológica o socialmente durante años y años en los mismos recintos escolares, sin que ello produzca progreso sino exclusión prolongada. Así vemos cómo esta situación genera agresividad y violencia: el profesorado está en el filo del estrés y el alumnado “no estudiante” está siempre en el filo del aburrimiento, la marginación y la hartazón. Estas dos frustraciones son malas consejeras: ni unos aprenden ni los otros enseñan. Simplemente nos soportamos por obligación y no por deber, dejamos de apreciar el derecho y eso a la larga va estallando.

No demos la razón a quienes nunca creyeron en la extensión del derecho a la educación. Comencemos a hablar claro y a exigir, sin ninguna mala conciencia y sin tapujos, que las diferencias sean tratadas como se merecen: de forma diferencial. El profesorado actual intenta cumplir con su deber de enseñar, pero no puede inventar y sobre todo conseguir la cuadratura del círculo. Un país como el nuestro recla­ma un gran esfuerzo económico y de recursos humanos para poner en primer lugar, como garantía de futuro y de recambio generacional, el derecho a la educación. El deber de asistir a la escuela es un añadido que se ha impuesto e improvisado antes de haber sido previstas sus consecuencias.

 

Mª Elena Simón Rodríguez

Profesora de Secundaria. Comunidad Valenciana.