PEDAGOGÍA DE LA DEMOCRACIA MÍNIMA. La concertación educativa como simulacro.

Pablo Gentili

 

El autor de este trabajo pretende demostrar que las estrategias de concerta­ción educativa implementadas por los gobiernos neoliberales constituyen un mecanismo de simulación democrática. Para ello recurre a una aproximación crítica al núcleo doctrinario del pensamiento neoliberal, el cual se fundamenta en una apropiación distorcionada y falaz de la democracia como mecanismo de sustentación de un consenso falsificado.

 

El Cardenal Mazarino, que era un personaje sórdido y, según cuentan los biógrafos de Ana de Austria, bas­tante adepto a los pecados de la carne, ha sido el inventor de la polí­tica moderna como arte de la simu­lación. Su magnífico opúsculo Breviario de los Políticos, publicado en latín en 1684, constituye una pionera y depurada obra acerca de cómo la lucha por el poder (su búsqueda ambiciosa por parte de algunos indi­viduos) encuentra en los mecanis­mos de simulación una herramienta de fundamental eficacia práctica.

Conocerse a sí mismo y conocer a los otros eran, en la perspectiva Mazarino, las precondiciones necesa­rias para el ejercicio eficiente de la actividad política. Lejos de cualquier vocación socrática, el sucesor de Richelieu, consideraba que el auto­conocimiento podía lograrse mediante el persistente respeto a una serie de normas y axiomas que, con generosidad y una buena dosis de cinismo, trató de sintetizar en su célebre Breviario: actuar siempre en relación a los amigos de forma des­confiada (ya que ellos pueden tor­narse, en cualquier momento, ene­migos); ocultar las verdaderas inten­ciones perseguidas en toda acción antes de conquistar los objetivos deseados; no ser demasiado duro en las negociaciones; simular compla­cencia a la hora de establecer acuer­dos; mostrarse afable con todo el mundo sin entregar abiertamente la confianza a nadie; no hablar mal de los poderosos; permanecer equidis­tante de los extremos; poner siem­pre a prueba la generosidad y el sigi­lo de los subalternos; tratar de leer con detenimiento y confidencialmen­te toda carta dirigida a terceros (sean amigos o enemigos); observar cuidadosamente los rasgos físicos de las personas ya que en ellos se sinte­tizan características inocultables de la personalidad humana (los petisos son arrogantes; a los mentirosos se les hunden ligeramente las mejillas al sonreír; los coquetos son inofensi­vos y débiles de espíritu; los de ele­gancia rebuscada, afeminados y carentes de fuerza moral; los astutos pueden reconocerse por su nariz exageradamente curva y por su mirada penetrante, etcétera).

Un considerable número de indi­viduos que llegaron a conocer y sufrir de cerca la puesta en práctica del recetario poco angelical de Mazarino, legaron a la posteridad una serie de testimonios que lo pintan como un sujeto vil y desprecia­ble. En verdad, no sólo por sus ideas, todo indica que el prelado era un canalla (“lo más parecido a una cucaracha que se vió en el Palacio de Vincennes”, según la descripción de un observador de la época). Carde­nal, aunque nunca había sido ordena­do sacerdote, Mazarino acumuló una considerable fortuna aplicando sus propios consejos de forma temera­ria. Sin embargo, no por ello debe quitársele el mérito de haber com­prendido y reconocido que la falsifi­cación y la hipocresia son recursos más que eficaces para alcanzar fines políticos.

A Mazarino le importaban un bledo las justificaciones o los argu­mentos éticos referidos a la política. El suyo constituye un tratado sobre los medios adecuados para alcanzar el poder y mantenerlo mediante la aplicación de un conjunto de recetas de alcance universal (una especie de sistematización rigurosa del savoir faire que debe dominar todo político militante en cualquier época y lugar que se encuentre). Fingir, espiar, ocultar, vigilar, inducir, desconfiar, engañar y sobornar eran, para el poco piadoso Cardenal, los medios necesarios e imprescindibles a los que deberá hechar mano quien se aventure en el ejercicio cotidiano de la manipulación del consenso: la polí­tica práctica.

“Finge tener amistad con todo el mundo; conversa a voluntad con todos, inclusive con las personas que odias, pues es un buen medio de ejercitarte en la circunspección.

Suceda lo que suceda, oculta tu cólera: un único rapto de violencia perjudica más tu reputación de lo que todas tus virtudes son capaces de ele­varla.

Privilegia los emprendimientos fáci­les para ser más fácilmente obedecido. Si debes escoger entre dos tipos de acción, escoge siempre la facilidad en vez de la grandeza con todos los inconvenientes que la acompañan.

Haz de tal forma que nadie jamás conozca ni tu verdadera opinión sobre una cuestión, ni hasta qué punto estás informado sobre ella, ni lo que deseas, aquello de que te ocupas o lo que temes. Entretanto, no impidas que tus virtudes aparezcan.

No te muestres irritado con la dura­ción de los oficios religiosos, pero tam­poco imites a los devotos. Aunque te convenga apenas un gramo de violencia para alcanzar tus fines, jamás recurras a ella. (...)

Los amigos no existen. Sólo hay personas que fingen amistad”. MAZARINO, 1997:203,204,205)

El cinismo de Mazarino es franco y, aunque pueda parecer extraño, en cierto sentido, “democrático”. Franco, porque su texto exprime una maldad diáfana, transparente. El Cardenal era sincero al reconocer que la honestidad es un atributo descualifi­cador para los hombres políticos; sorprende por su abierta naturalidad al invitar a ser deshonesto a todo aquel que pretende disputar un espa­cio de poder. “Democrático”, porque las recomendaciones de Mazarino están destinadas al “hombre común”, no simplemente a los miembros de la realeza o a determinada elite ilus­trada dispuesta a arrebatar el poder a determinado grupo dominante: “el príncipe implícito [en el Breviario] o tiene necesariamente sangre real, no pertenece necesariamente a ninguna dinastía. Él está en todos partes. Es cualquiera que pretendo conquistar y ejercer una parcela de poder, por infini­tesimal que sea, para cualquier fin”. (LAMOUNIER, 1997: 22)

Las enseñanzas y consejos de Mazarino generaron y generan, toda­vía hoy, una colérica aversión en aquellos que consideran que, más allá de todo artificial antagonismo, ética y política deben constituir cam­pos que se imbrincan y fortalecen mutuamente. Sin embargo, cualquier

aproximación empírica a la política “de todos los días” permite reconocer que, para bien o para mal, las obser­vaciones de Mazarino son, al mismo tiempo que detestables, bastantes aproximadas a lo sucede en el mundo cotidiano de los que se dedi­can profesional mente a la lucha por el poder. Aquello que el impostor Cardenal presentaba de forma apo­logética suelen ser algunas de las más visibles características que defi­nen la ideosincrática conducta de los que, para desgracia nuestra, acos­tumbran tener más éxito en el arte de la manipulación del consenso. Cómo quiera que sea, y, aunque algunos desavisados aforistas con­temporáneos pretendan haber des­cubierto en el simulacro un rasgo emblemático de los tiempos posmo­dernos, es indudable que, a lo largo de la modernidad, política y simula­ción han formado parte de un juego indisociado.

La política del simulacro mantie­ne, más de trescientos años después de la publicación del Breviario de los políticos, su más plena vigencia. Apro­ximarnos al estudio de los mecanis­mos de concertación educativa que implementan los gobiernos neolibe­rales en América Latina permite

verificar que los pronósticos de Mazarino se han cumplido y sus recomendaciones han sido respeta­das con riguroso cinismo.

 

¿Somos todos demócratas?

 

Quienes critican el sentido excluyen­te y discriminatorio de las políticas llevadas a cabo por el neoliberalis­mo, suelen sostener que las mismas son “antidemocráticas”. Naturalmen­te, los neoliberales no aceptan de buen grado semejante acusación y se defienden afirmando que, guste o no a sus críticos, ellos son verdaderos demócratas en la medida en que los gobiernos que administran han sido elegidos por la, a veces, abrumadora mayoría de la población, mientras que los partidos de sus adversarios carecen de expresiones representa­tivas y, generalmente, son incapaces de seducir electoralmente a las masas, requisito básico del juego democrático.

Para justificar sus argumentos en favor del espíritu democrático del cual se dicen poseídos, los exégetas del neoliberalismo (políticos conser­vadores, hombres de negocios e intelectuales que parecen haber aprendido muy bien las lecciones de Mazarino), sostienen que ‑ inclusive ‑ sus gobiernos suelen implementar mecanismos de participación que permiten crear instancias de consen­so alrededor de ciertas reformas esenciales como, por ejemplo, la reforma educativa. Se enumeran así una extensa lista de experiencias de concertación que, en la perspectiva neoliberal, constituyen la reafirma­ción y concretización empírica de dichas aspiraciones democráticas, así como el contra‑argumento indiscuti­ble a los calificativos nada halagado­res proferidos por la citada crítica.

El argumento es falaz, aunque no por eso, poco convincente. De hecho, los programas de ajuste edu­cacional implementados por los gobiernos neoliberales en América Latina, tienen como una de sus características comunes, la imple­mentación de diferentes mecanismos de “concertación” orientados a legiti­mar el rumbo asumido por las refor­mas llevadas a cabo. A su manera, la reforma educacional del neoliberalismo ha sido (o, en algunos casos, está siendo) una reforma “concertada”.

Siendo así, ¿están equivocados los críticos que califican dichos pro­gramas de ajuste como siendo per­versamente “antidemocráticos”? ¿Son ellos los antidemocráticos al oponer­se a gobiernos que, para bien o para mal, implementan mecanismos de consulta a la hora de establecer el rumbo de las reformas? ¿Es, en rigor, la concertación un verdadero meca­nismo de consulta? ¿Puede ser posi­ble que quienes tuvieron una actitud francamente hostil a los mecanismos de representación democrática (ya que gran parte de los gabinetes ministeriales de las administraciones neoliberales están formados por ex­funcionarios de las recientes dictadu­ras), se hayan arrepentido, siendo hoy más genuinamente demócratas que aquellos que combatieron los propios regímenes dictatoriales algu­nos años atrás?

En este trabajo pretendo demos­trar que las estrategias de concerta­ción educativa implementadas por los gobiernos neoliberales constitu­yen un mecanismo de simulación democrática. Trataré de hacerlo mediante una aproximación crítica al núcleo doctrinario del pensamiento neoliberal, el cual se fundamenta en una apropiación distorsionada y falaz de la democracia como mecanismo de sustentación de un consenso falsi­ficado.

Permítanme formular entonces tres aclaraciones preliminares a los efectos de contextualizar algunas de las dimensiones de la perspectiva que intentaré desarrollar.

La primera es simple y elemental: no existe un concepto unívoco de democracia a partir del cual sea posible captar su esencia universal. Todo concepto de democracia está indisolublemente unido a conflictos ideológicos, a utopías y a luchas polí­ticas llevadas a cabo entre quienes defienden y disputan diferentes con­cepciones de la misma. Cierto modelo de democracia puede brin­dar el marco institucional necesario para una serie de prácticas emanci­patorias que amplien y profundicen las posibilidades de libertad, justicia e igualdad de las grandes mayorías. Otro, como el pretendo criticar

aquí, puede ser un formidable pasti­che que combine cínicamente meca­nismos de delegación con prácticas autoritarias propias de los regímenes dictatoriales. (1) En suma, ser “demo­crático” no quiere decir absoluta­mente nada a esta altura del campe­onato. A tal punto, que hasta los neoliberales dicen serio.

Segundo, y más complicado: ¿no será una excentricidad intelectual discutir y tratar de criticar un meca­nismo de reforma institucional, como lo es la concertación educati­va, a partir del discurso doctrinario de la filosofía política, cuya especifici­dad es notoriamente diferente? Qui­zás lo sea, habida cuenta de que los políticos neoliberales establecen con la filosofía una relación muy peculiar. [El Presidente Carlos Menem, por ejemplo, ha reconocido que suele deleitar sus tardes en Anillaco “leyen­do a Sócrates” (sic). Siendo así, podría decirse que los discursos de la élite política neoliberal producen la seria impresión de que la filosofía, y junto con ella la Ilustración, han fracasado definitivamente]. Sin embargo, y más allá de esto, no pre­tendo buscar aquí las similitudes o divergencias que existen entre un conjunto de enunciados o recomen­daciones teóricas producidas en los presumiblemente incontaminados ambientes académicos y las decisio­nes políticas asumidas por las admi­nistraciones gubernamentales que hoy definen el rumbo de las políticas públicas en gran parte de los países de América Latina. Semejante pre­tensión tiene, creo yo, poco interés analítico. En efecto, demostrar que los políticos hacen lo que los filóso­fos dicen o, contrariamente, que los filósofos dicen una cosa y los gobier­nos hacen otra, no parece ser un tema de investigación muy estimu­lante o atractivo. Dedicarse a tal asunto presupone la sospecha de que la filosofía debería orientar o normativizar las decisiones públicas, lo cual es, en rigor, un verdadero disparate... o un enorme peligro.

Las referencias que haré aquí a la concepción de democracia elaborada en el marco doctrinario del neolibe­ralismo tienen por objeto, más que verificar vis a vis su impacto en la vida pública, contribuir a una comprensión crítica de algunos de los argumentos que dan sustentación a la retórica hegemónica neoliberal. Es importante destacar, en este senti­do, que los gobiernos producen dicha retórica, al mismo tiempo en que son producidos por ella. La filo­sofía política puede ayudarnos a reconstruir algunos de los significa­dos que subyacen en dicha estructu­ra de argumentos. En otras palabras, comprender e interpretar la filosofía política del neoliberalismo puede ser una buena alternativa para compren­der e interpretar mejor la retórica de la desigualdad que da coherencia y legitimación a las acciones desarro­lladas por los gobiernos conservado­res que hoy hegemonizan el escena­rio político latinoamericano.

Finalmente, permítanme un rápi­do comentario acerca del particular vínculo amoroso establecido entre conservadurismo y democracia. Se trata de un tema que considero rele­vante para situar mejor la compren­sión y la discusión de la concertaci6n educativa. En efecto, desde el punto de vista teórico y doctrinario, las fuerzas conservadoras han sido his­t6ricamente adversas (cuando no decididamente antagónicas) a los mecanismos de consenso y acuerdo democrático. Sin embargo, en los más de doscientos años que van desde la publicación de las célebres Reflections on the Revolution in France de Edmund Burke a la abrumadora hegemonía finisecular del neolibera­lismo, el conservadorismo ha sabido posicionarse con gran astucia estra­tégica en el juego político de las democracias realmente existentes. Lo que durante mucho tiempo no fue otra cosa que una enemistad irreconciliable fue transformándose en una peculiar unión: conservado­rismo y democracia acabaron, gene­ralmente a contrapelo, cruzando sus fronteras doctrinarias y políticas.

Claro que, como en los matri­monios de la vida real, la unión entre conservadurismo y democracia no ha sido fácil. El primero, a pesar de aceptar a la segunda como su legiti­ma esposa, siempre la ha mirado con cierto recelo y convencido de que la confianza ciega nunca es buena con­sejera (Mazarino, dixit). Entre ellos, más que una pacífica relación matrimonial, parece haberse establecido un frío acuerdo de concubinato basado en una draconiana regla de convivencia: “yo no te molesto, si tu no me molestas”. Puede decirse que, en la perspectiva conservadora, la democracia, para “no molestar”, debía someterse a una serie de transformaciones bastante curiosas. Algo así como una cirugía estética profunda donde se readecuasen los rasgos físicos y espirituales de la futura esposa, según la arbitraria coquetería del siempre desconfiado prometido. “Probablemente te quiera ‑parece haber secreteado el conser­vadurismo a la democracia‑ siempre y cuando no te olvides que, a partir de ahora, acabó tu vida de soltera”. En suma, un matrimonio como tantos otros.

No es este el momento de reconstruir las peripecias de tan oblícua relación. A modo introduc­torio voy a referirme a la peculiar concepción de democracia definida por Friedrich von Hayek, Premio Nobel de Economía en 1974 y, sin lugar a dudas, la referencia intelec­tual más importante del neoliberalis­mo como perspectiva doctrinaria.

 

La democracia mínima como juego simulado

 

En la filosofía política del neolibera­lismo es posible reconocer dos modalidades de argumentación que, aun estando interconectadas, poseen especificidad propia. Ambos tipos de retórica, que siguiendo a PHILIPPE VAN PARIJS (1992) llamaremos instru­mental y fundamentalista, tienen el mismo origen: la crítica a los Estados de Bienestar y a las políticas públicas orientadas hacia una ampliación y universalización de los derechos sociales de la ciudadanía.

La argumentación instrumental formula una severa crítica al Welfare State al considerar que las políticas que éste desarrolla tienden a ser perversamente improductivas e inefi­caces. El Estado interventor produ­ce, según esta perspectiva, una pro­fundización inexorable de aquello que dice combatir: la desigualdad, las inequidades, la injusticia social. Con­dicionado estructuralmente por los problemas que su propio desenvolvimiento ha ido creando, dicho mode­lo de Estado “no constituye ‑ para el neoliberalismo instrumentalista‑ un compromiso óptimo entre la eficacia y la justicia social” (VAN PARIJS, 1992: 186). En tal sentido, “no sólo la inter­vención del Estado frena un funciona­miento eficiente del mercado, sino que también tiene el efecto perverso de crear nuevas desigualdades en lugar de reducirlas, de deteriorar la suerte de los menos favorecidos en lugar de mejorar­los” (IBID: 187). Este tipo de argu­mento ha sido, tal vez, el que con más fuerza ha penetrado en los dis­cursos políticos favorables a un tipo de reforma y reestructuración basa­da en la reducción progresiva de los mecanismos de intervención social del Estado y en la privatización cre­ciente de los servicios públicos y de las políticas sociales monopolizadas por el aparato gubernamental.

El argumento fundamentalista, por su parte, realiza la misma crítica, aunque por motivos diferentes: el problema de los Estados de Bienes­tar no radica en su naturaleza impro­ductiva o en su estructural ineficien­cia, sino en su esencia totalitaria. Según este tipo de argumento, las políticas orientadas a ampliar la esfe­ra de los derechos sociales de la ciu­dadanía contradicen un elemento esencialmente constitutivo de la pro­pia naturaleza humana: la libertad de elegir. La progresiva intervención del Estado impone el colectivismo frente al individualismo, la propiedad públi­ca frente a la propiedad individual, los derechos sociales frente a los derechos de las personas, etcétera. Todo proyecto político basado en una ampliación de la esfera del Esta­do acaba alienando la autonomía individual y, de esta forma, contradi­ciendo el fundamento mismo de la esencia humana. La progresiva inter­vención del aparato estatal en la vida social acaba, en suma, con el indivi­duo mismo. Como dispositivo artifi­cial, los Estados de Bienestar tienden a crear, parafraseando a Edmund Burke, una verdadera “guerra civil contra la naturaleza”. Tal como afir­ma nuevamente PHILIPPE VAN PARIJS (1992: 188), “lo que distingue al neoli­beralismo fundamental del neoliberalis­mo instrumental, no son los blancos que se fijo ‑la fiscalización, las políticas keynesianas, la rigidez resultante de las reglamentaciones, etcétera‑ sino el fun­damento final de los argumentos que adelanta: si estos diversos rasgos de la economía mixta son criticables, no es porque son contraproducentes desde el punto de vista de sus objetivos confesa­dos de eficacia o de equidad, sino por­que menoscaban la libertad”.

La obra de Hayek constituye uno de los mejores y más rigurosos exponentes del tipo de argumenta­ción fundamentalista. Sus contribu­ciones analíticas pueden reconocer­se en los escritos de los más repre­sentativos autores de la filosofía polí­tica neoliberal. Entre dichas contri­buciones, la noción hayekiana de democracia es quizás uno de los componentes más destacados del amplio marco argumental esencialis­ta que caracteriza la perspectiva doctrinaria del neoliberalismo.

Veamos esto con un poco más de detalle.

Para comprender la concepción neoliberal‑fundamentalista de demo­cracia es conveniente especificar que, al igual que la noción de Estado, ella es definida en un contexto de oposi­ciones categóricas. Esto es, el con­cepto de democracia sólo puede ser definido, según dicha perspectiva, a partir de su antagonismo estructural con otra noción que la excluye “esencialmente” en forma y contenido. De ahí que, para Hayek, la democracia es un concepto relacio­nal: su definición depende siempre de la oposición establecida con otra categoría fuera de cuyo contraste y refutación carece de sentido. En la perspectiva hayekiana, sólo hay dos conceptos de democracia, y ambos se encuentran visceralmente enfren­tados. La categoría neoliberal sería una de ellas, la otra, su espejo inver­tido.

En varias de sus intervenciones públicas, y en algunos de sus más incisivos escritos, Friedrich Hayek definió esa contraposición como la antinomia existente entre una demo­cracia sin adjetivos, limitada y una democracia ilimitada, caracterizando la primera como el único tipo de régimen democrático que los neoli­berales podrían aceptar defender.

La democracia, en la perspectiva hayekiana, debe ser definida, en sus estrictos límites, como una regla de procedimiento, como un método válido para la elección y renovación de los gobernantes. Como “método”, la democracia no puede ser conside­rada un fin en sí mismo ‑ aunque Hayek reiterará con insistencia que, a pesar de esto, ella suele ser mejor que otras formas de gobierno ‑. El éxito de la democracia limitada dependerá de que no acabe siendo cargada con expectativas o deman­das exageradas y que no se la conde­ne a tratar de alcanzar objetivos, metas o principios morales prefija­dos y para los cuales no ha sido cre­ada ni está preparada. En rigor, como “método”, la democracia no tiene una moral que le sea propia. Según Hayek, la atribución de fines morales a la democracia acaba con­duciéndola perversamente a su pro­pio deterioro, primero, y a su desa­parición, después.

Para comprender mejor esta cuestión es importante destacar que, en la obra hayekiana, existe una per­manente contraposición, explícita o implícita, entre un supuesto estadio primitivo del desarrollo humano y el orden civilizatorio actual, denomina­do por el intelectual austríaco: orden extenso de cooperación humana. Dicha contraposición deriva de los funda­mentos sobre los cuales, cada tipo de orden histórico, encuentra su base de sustentación. El orden pri­mitivo alcanza cohesión mediante el desarrollo del instinto y del espíritu gregario, una solidaridad comunitaria basada en la existencia de pequeños grupos, así como en un altruismo ingenuo fundamentado en el recono­cimiento de que el individuo aislado carece de autonomía y capacidad de sobreviviencia. De allí que la mentali­dad primitiva era considerada por Hayek como siendo prototípicamen­te anti‑individualista, clánica, tribal. El individualismo primitivo hobbesiano no ha sido otra cosa que un mito carente de toda fundamentación his­tórica: “nunca se dio en nuestro plane­ta esa supuesta ‘guerra de todos contra todos’”, sostendrá HAYEK en su últi­ma obra La fatal arrogancia: los erro­res del socialismo (1990:41).

Contrariamente, el orden exten­so de cooperación humana (estadio superador del orden primitivo) encuentra su fundamento en la elimi­nación de las tendencias instintivas que promueven el solidarísmo comunitarista y el altruismo tribal. El proceso civilizatorio (y, en conse­cuencia, el liberalismo que, como actitud espiritual, con él coincide) se fundamenta en un rechazo elemental a cualquier forma de igualitarismo gregario. (2) En palabras de HAYEK, “un orden en el que todos tratasen a sus semejantes como a sí mismos desembocaría en un mundo en el que pocos dispondrían de la posibilidad de multiplicarse y fructificar” (1990:44). El anti‑individualismo primitivo es esencialmente contradictorio con el orden extenso que promueve el proceso civilizatorio, cuya existencia depende de individuos dispuestos a superar sus impulsos naturales e ins­tintivos.

En rigor, el concepto de sociedad hayekiano coincide con la noción de proceso civilizatorio, siendo este último expresión de una dinámica superadora de la mentalidad y el orden salvaje (colectivista) propio de las hordas primitivas. (3) En su ver­sión tribal el hombre no construye sociedades, apenas comunidades gregarias fundadas en principios atá­vicos. Superar ese estado de salvajis­mo es la precondición necesaria para el desarrollo de orden civilizado. De allí que ni el hombre primitivo puede ser liberal, ni el liberalismo coincidir con el orden instintivo que domina las pequeñas agrupaciones de huma­nos en estado salvaje. No existe “sociedad” sin liberalismo, no existe “liberalismo” sin sociedad. Natural­mente, los llamados Estados de Bie­nestar, a pesar de su calificativo “social”, serán considerados por Hayek como “a‑sociales”, en la medi­da en que, paradoja o no tan paradó­gicamente, acaban reconstruyendo la trama de un solidarismo comunita­rista basado en un falso altruismo igualitario y en un amenazador anti­individualismo propio de la lógica colectivista tribal y contradictorio don el orden extenso de la civiliza­ción humana competitiva. La social­democracia y, de forma mucho menos disfrazada, el socialismo, constituyen, desde esta óptica, con­cepciones primitivas y gregarias del orden social.

Entre tanto, Hayek reconocerá que la construcción de un orden civilizatorio nunca es producto de la voluntad ni del racionalismo prome­teico (el fracaso de los regímenes comunistas y de los Welfare States será, para él, una clara expresión de ello). La sociedad no es obra de la ingeniería mental de los hombres que se reconocen dispuestos a “construirla”. El orden extenso se fundamenta en una serie de “normas regulatorias del comportamiento huma­no, plasmados por la vía evolutiva (y especialmente, las que hacen referencia a la propiedad plural, al recto compor­tamiento, al respeto a las obligaciones asumidas, al intercambio, al comercio, a la competencia, al beneficio y a la invio­labilidad de la propiedad privada), las que generan tanto la íntima estructura de ese peculiar orden como el tamaño de la población actual. Tales esquemas normativos se basan en la tradición, el aprendizaje y la imitación más que en el instinto y consisten fundamentalmen­te en un conjunto de prohibiciones (‘no se debe hacer tal cosa’), en virtud de las cuales quedan especificados los dominios privados de los distintos acto­res. La humanidad accedió a la civiliza­ción porque fue capaz de elaborar y de transmitir ‑ a través de los procesos de aprendizaje ‑ esos imprescindibles esquemas normativos (inicialmente limi­tados al entorno tribal, pero extendidos más tarde a espacios cada vez más amplios) que, por lo general, prohibían al hombre ceder a sus institivas apeten­cias y cuya eficacia no dependía de la consensuado valoración de la realidad circundante. Esas normas constituyen una nueva y diferente moral (para las que, en mi opinión, debería reservarse dicha denominación) encaminada a reprimir la ‘moral natural’, es decir, ese conjunto de instintos capaces de agluti­nar a los seres humanos en agrupacio­nes reducidas, asegurando en ellos la cooperación, si bien a costa de entorpe­cer o bloquear su expansión. (HAYEK, 1990: 42‑43)

La “verdadera” democracia sólo puede convivir en dicho orden civilizatorio. En rigor, según Hayek, no existe posibilidad de democracia liberal en regímenes cuya distribu­ción de bienes y recompensas se basan en criterios comunitaristas y socializantes. (4) Una democracia mínima sólo es posible en un estadio superior del proceso civilizatorio: una sociedad de hombres libres, res­ponsables, competitivos y egoístas. (5) Esto supone que ella, en tanto mecanismo jerárquicamente inferior al orden espontáneo del cual se deri­va, no puede pretender imprimirle al mismo una intencionalidad predeter­minada. La naturaleza espontánea del orden social transforma a la propia democracia en una herramienta sin objetivos propios; esto es, en un mero mecanismo procedimental orientado a la elección, renovación y control de aquellos que tienen por actividad profesional ejercer las necesariamente limitadas funciones de gobierno.

El mercado es la expresión emblemática de dicho orden espon­táneo. Allí se realizan los intercam­bios individuales y fluyen las informa­ciones necesarias para la toma de decisiones que permiten que la sociedad avance. Siendo así, no puede haber, en la perspectiva haye­kiana, democracia sin mercado. Al ofrecer la democracia un marco pro­cedimental para la elección indivi­dual, la negación del mercado (esfera esencial para el ejercicio de dicha libertad) acaba suponiendo la inexo­rable negación de la misma.

La conclusión de Hayek es importante, aunque tiene sentido univoco. Afirmar que no existe democracia sin mercado no supone, recíprocramente, afirmar la imposi­bilidad del mercado sin la conse­cuente existencia de la democracia. La “verdadera” democracia precisa del mercado; mientras que el merca­do no precisa inevitablemente de ella. A pesar de su declarado interés por los mecanismos democráticos, Hayek enfatizará que la cuestión central, en una sociedad verdadera­mente libre, no es la democracia, sino la existencia del mercado, en tanto que allí es dónde se realiza la posibilidad empírica de la libertad y, consecuentemente, se crean las con­diciones propicias para la realización de los procedimientos electorales mediante los cuales son elegidos los representantes políticos.

Al mismo tiempo, Hayek recono­cerá que una cierta distorsión de la democracia (una ampliación irres­ponsable de sus límites) puede poner en riesgo al propio mercado y, de esta forma, volverse, ella misma, una amenaza contra la libertad.

La arbitraria opresión a nivel democrático, es decir el uso de la coer­ción por porte de los representantes de la mayoría más allá del marco estable­cido por el Derecho, no tiene más justificación ética que pueda tenerle el arbi­trario comportamiento de cualquier otra fuerza social. En lo que al presente análisis atañe, poco importa que se acuerde quemar o descuartizar a algu­no víctima o que simplemente se le nie­gue al sujeto el derecho a hacer el más oportuno uso de su propiedad. Y aun­que haya buenos razones para preferir un gobierno democrático limitado a otro no democrático, confieso sin reservas que prefiero uno de esta última especie, sometido a la ley, que otro de la prime­ra que, por el contrario, no está sujeto a ella, es decir, un aparato guberna­mental que pueda incontroladamente hacer uso de un poder ilimitado”. (HAYEK, 1985: 9)

Haber atribuido a la democracia una serie de demandas exageradas, así como un conjunto de funciones orientadas a crear la artificialidad de que ella es un valor en sí misma, ha sido, para Hayek, uno de los errores fatales de la socialdemocracia. (6) La pretensión por asignar un determi­nado contenido ético al neutral pro­cedimiento democrático, acaba cre­ando la ficción de un conjunto de

requisitos morales que la democra­cia debería cumplir: brindar condi­ciones de igualdad entre las perso­nas, favorecer mecanismos distribu­tivos y de justicia social, etcétera. Semejantes mecanismos desvirtuan la naturaleza de la democracia limita­da ampliando sus fronteras más allá de lo que ella puede realmente garantizar. La democracia ilimitada se torna así un dispositivo demagógi­co y totalitario. (HAYEK, 1991; DE LA NUEZ, 1994; GRAY, 1994). Al tratar de independizar democracia y mer­cado, los socialdemócratas, dirá el padre del neoliberalismo, acabaron invirtiendo la relación jerárquica que debe existir entre ambos y, de esta forma, subordinando el propio mer­cado a los vaivenes de la actividad democrática. Conclusión hayekiana: con el desarrollo de los Estados de Bienestar, el mercado terminó sufriendo mecanismos de interferen­cia política que dificultaron o imposi­bilitaron estructuralmente su funcio­namiento; mientras la democracia, conducida más allá de sus límites, fue transformándose en una “dictadura plebiscitaria”. (HAYEK, 1980)

Obligada a tener que garantizar mecanismos de justicia e igualdad, la democracia acaba desmoronándose bajo el peso de las demandas atávi­cas y primitivas que se le infieren. Si “el orden espontáneo es moralmente indiferente”, la democracia tampoco puede dejar de serio (DE LA NUEZ, 1984: 241). Si lo hace, tiende a vol­verse una amenaza contra los indivi­duos y una poderosa arma para la conquista de intereses corporativos y colectivistas. “Cuando la democracia deja de ser una garantía de la libertad individual ‑sostendrá Hayek en su célebre Camino de Servidumbre­- puede muy bien persistir en alguno forma bajo un régimen totalitario. Una verdadera ‘dictadura del proleta­riado’, aunque fuese democrática en su forma, si acometiese la dirección cen­tralizada del sistema económico destrui­ría, probablemente, la libertad personal más a fondo que lo haya hecho jamás ninguna autocracia”. (HAYEK, 1976: 102)

He afirmado que, en la perspecti­va hayekiana, la democracia es ape­nas un método eficiente para la elec­ción y el recambio periódico de autoridades, que, en tanto tal, es moralmente neutra y que, en una sociedad libre, ella está siempre subordinada a una esfera fuera de cuyos límites pierde significado y relevancia: el mercado. Llegados a este punto podemos observar que la democracia hayekiana tiene una peculiaridad que la torna curiosa: más que un mecanismo para ampliar el poder de las mayorías ella consti­tuye un dispositivo eficiente para limitarlo.

En efecto, para Hayek, la demo­cracia mínima precisaba ser conside­rada una herramienta profiláctica contra los abusos de poder, tanto de las minorías como de las mayorías. Su único principio normativo debería ser cumplir eficazmente los fines para los cuales ha sido creada: limi­tar el poder para que éste no se torne arbitrario. Se plantea así un problema práctico de compleja solu­ción. Esto es, parece plausible que, mediante el voto popular, las mayo­rías controlen a las minorías; lo que parece mucho más difícil es que, también mediante el principio liberal “un hombre, un voto”, las minorías controlen a las mayorías.

Hayek responderá a este dilema de dos maneras diferentes.

Por un lado, y como ya ha sido enfatizado, para él, nada transforma a la democracia en un bien en sí mismo. De allí que cualquier abuso de poder por parte de las mayorías ‑dado que no puede solucionarse por mecanismos de decisión mayori­taria‑ obliga a ciertas minorías a asu­mir la responsabilidad de tener que cancelar la propia democracia por un plazo que variará según la magni­tud de los “excesos”. El límite de la democracia, dirá Hayek, es el normal funcionamiento del mercado. Violar­lo supone violar el Estado de Dere­cho entendido aquí como el respeto inalienable a la propiedad privada y a los derechos que la protegen (SEI­GAN, 1993). Una democracia que viola el derecho de los individuos a disponer libremente de sus legitimas propiedades, se transforma, de manera irreversible, sostendrá Hayek, en un abuso totalitario con­tra la libertad individual. Por ejem­plo, si un gobierno elegido por el voto popular decide llevar a cabo una reforma agraria que pretenda realizar una redistribución territorial basada en la expropiación de los grandes latifundios y de las propieda­des improductivas, dicho gobierno, al violar el derecho de propiedad de las minorías latifundistas, se tornará antidemocrático por mérito propio, aun cuando tenga masivo apoyo social. En dicho caso, el cancelamien­to de la democracia se transforma en un requisito esencial para el res­tablecimiento del orden. Y es ahí cuando determinado grupo debe asumir la responsabilidad histórica de velar por el buen funcionamiento del mercado, suprimiendo, como medida correctiva, las circunstancias que han dado origen a los disturbios y los abusos. Esta peculiar visión del juego democrático permite explicar como Hayek, un “liberal” aparente­mente tan preocupado por los derechos inalienables de los individuos, siempre tuvo una visión condescen­diente y generosa hacia las brutales dictaduras que asolaron América Latina durante la segunda mitad del siglo XX. Los regímenes de facto eran, para el padre intelectual del neoliberalismo, inevitables mecanis­mos preventivos orientados a crear las condiciones necesarias para el retorno a una genuina democracia mínima. [Durante una vista a Chile realizada a inicios de los años 80, Hayek sintetizó, en una entrevista concedida al Diario El Mercurio, su justificativa ‑nada original, por cier­to‑ del sangriento régimen pinoche­tista: “cuando un gobierno está en quiebra, y no hay reglas conocidas, es necesario crear estas reglas para decir lo que se puede hacer y no se puede hacer. Y en estas circunstancias es prácticamente inevitable que alguien tenga poderes absolutos, que se deberí­an usar justamente para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro” (cita­do en ROBLERO, 1991: 50)]. En suma, para evitar los supuestamente “arbi­trarios” abusos de poder perpetrados por las mayorías, Hayek consideraba “democrático” que una minoría acabe con la democracia.

Sin embargo, esta no era la única respuesta que el intelectual austríaco ofrecía al citado problema. Para él, determinados dispositivos institucio­nales y procedimentales podían fun­cionar como mecanismos preventi­vos para evitar el totalitarismo de las mayorías. Hayek consideraba que una poderosa estructura partidaria y sindical, así como la existencia de asambleas legislativas sometidas al clientelismo y al corporativismo polí­tico, eran el medio institucional pro­picio para la difusión de tales abusos. Por otro lado, los “exagerados” calendarios electorales de las democracias liberales acababan, desde su perspectiva, creando innumerables oportunidades para la manipulación de las masas por parte de los grupos de interés y, consecuentemente, permitiendo la falsa legitimación popular de medidas violatorias del Estado de Derecho. [Las masas eran, para Hayek, indefectiblemente incul­tas y peligrosamente maleables]. La propuesta institucional hayekiana ‑el llamado modelo constitucional ‑ ha sido desarrollado extensamente en uno de sus tratados fundamentales: Derecho, legislación y libertad ( 1994). La discusión del mismo, naturalmen­te, excede los límites de este breve trabajo. Sin embargo, y como buena síntesis de la democracia minina pre­sentada por Hayek, podemos dete­nernos en algunas de las recomenda­ciones que nuestro autor ha formu­lado en torno a la necesaria reforma procedimental del juego democráti­co.

Veamos.

En la perspectiva hayekiana, para que la democracia “funcione”, los representantes elegidos deberían poder mantenerse inmunes a todo tipo de influencia por parte de los grupos de presión, inclusive los par­tidos políticos. Estos últimos deberí­an desaparecer o, en caso de existir, tendrían que estar inhabilitados para crear cualquier forma de vinculación con quienes han sido escogidos para ocupar cargos ejecutivos o legislati­vos. En tal sentido, los “representan­tes” (eufemismo cínico, ya que no “representan” a nadie), deberían ser “un conjunto de hombres y mujeres de reconocido solvencia mental y visión de futuro y que no se dejen arrastrar fácil­mente por pasiones o tendencias pasa­jeras”. (HAYEK, 1985: 19) Aunque Hayek no especificará qué quiere decir con “reconocido solvencia mental y visión de futuro” (o quién está capa­citado para reconocer y legalizar los citados atributos), sí definirá algunas cuestiones bastante peculiares: (7) los candidatos elegidos para las asambleas legislativas deberían desempeñar sus cargos por una única vez; sólo deberían ocupar esas funciones personas que alcanzaron “determinada reputación en su trayec­toria personal” (atributo tampoco definido empíricamente por Hayek); quienes fueran electos ocuparían el cargo por un período de quince años; los candidatos que aspiraran a desempeñar funciones legislativas deberían tener 45 años al momento de la elección y deberían ser elegi­dos por sus coetáneos; de allí que se votarla una sola vez en la vida (a los 45 años de edad) y una vez por año (todos los años votarían ‑ o podrían ser electos ‑ quienes estuvieran en dicha faja etaria); cada año se reno­varía una quinceava parte de la asam­blea de representantes; siendo así, la edad promedio de la asamblea debería ser inferior a 53 años (“más joven que la mayoría de las actuales cámaras”); para el buen fun­cionamiento de la democracia ‑ dirá Hayek ‑ sería recomendable la for­mación de “clubes de coetáneos”, los cuales permitirían un mejor conoci­miento personal de los candidatos electos; no debería haber ninguna discusión en torno al carácter pro­porcional de la representatividad ya que “el proceso electoral se mantendría independiente del partidismo político”; la elección debería tener “carácter indirecto, al objeto de que, a lo largo del correspondiente proceso, las asocio­nes locales compitieran entre sí por el honor de que fuese elegido uno de sus delegados”.

De esta forma, sostendrá Hayek, “una cámara de las características apuntados estaría, pues, a salvo de manipulación y chantaje por parte de intereses sectoriales, cuya incidencia en el juego político ha abocado, hoy en día, en una especie de meta‑gobierno que de hecho determina la Política económi­co del país”. (HAYEK, 1985: 2 1)

La peculiar concepción hayekiana de democracia merece algunos comentarios críticos. En rigor, la operación quirúrgica que Hayek apli­ca a la democracia es tan agresiva que poco acaba quedando de ella. La democracia mínima es un simulacro de juego democrático: se puede ele­gir siempre y cuando se “elija bien”; no se violen ciertas normas de carácter inalienable (fundamental­mente, la propiedad privada); se acepten las condiciones de un débil y caricaturesco mecanismo electoral; se higienice la democracia de valores y demandas que no le corresponden y la exceden (como la igualdad, la justicia, la libertad), etcétera. El juego democrático provee apenas un método de elección, afirmará Hayek. Sin embargo, se trata de un método, cuanto menos, perversamente limi­tado: su contenido está predefinido y si, por ventura, cualquier elección se desvía del resultado prefijado, la misma debe ser cancelada hasta la implementación de un nuevo meca­nismo electoral donde se “elija lo que se debe elegir”. En este marco debe­mos comprender la preferencia de Hayek hacia las democracias en detrimento de las dictaduras. Para él, las democracias pueden garantizar de forma pacífica y “consensuada” los mismos objetivos que los gobiernos autocráticos; al mismo tiempo que ofrecen la posibilidad de volver a ellos, caso no se hayan cumplido las metas esperadas.

Ignoro si Hayek conocía la obra de Mazarino. Imagino que si, ya que era un hombre culto e ilustrado. Como quiera que sea, demostró conocer muy bien uno de los pilares del pensamiento mazariniano: evitar cualquier forma de enfrentamiento si se pueden conquistar los mismos fines por mecanismos pacíficos. Fun­damentalmente, porque “todo meca­nismo pacifico” es siempre plausible de ser manipulado. Y manipular el consenso es, en la lógica del simula­cro, el arte de la política.

Al mismo tiempo, Hayek definirá su opción por la democracia sólo a partir del principio que regula las decisiones individuales en el juego del mercado: la relación costo‑bene­ficio. El costo de la democracia suele ser menor que los beneficios que la misma puede generar. Por eso, lógi­camente, cuando la relación se invierte, la democracia se torna innecesaria y peligrosa. (8)

La democracia hayekiana, más que una posibilidad de emancipación y libertad de las masas, constituye una camisa de fuerza orientada a bloquear cualquier posibilidad de autonomía y determinación popular. Ella está montada sobre un ardil dis­cursivo. Si “la decisión de la mayoría deriva su autoridad de un acuerdo más amplio sobre principios comunes” ‑como afirmará HAYEK en Los Funda­mentos de la Libertad (1991: 13 1) – el problema principal residen en quién puede legítimamente definir tales principios. El sentido común indica­ría que semejante atributo debería corresponder sólo a la mayoría. Para Hayek, por el contrario, dichos prin­cipios comunes derivan del “orden espontáneo” construido evolutiva­mente a partir de los intercambios competitivos establecidos entre indi­viduos libres; ellos no dependen de la voluntad de nadie y son comunes a todos. Es en el mercado que se crean y consensuan tales principios. Esta metafísica del consenso es defi­nida de forma recurrente por Hayek como el requisito de la democracia.

El punto esencial sigue en pie y consiste en la aceptación de esos prin­cipios comunes que hacen que un grupo de hombres se convierta en una colectividad. Tal aceptación es condición indispensable para la sociedad libre. Normalmente un grupo de hombres no se convierte en sociedad porque da leyes a sí mismo, sino por obedecer idénticas normas de conducto. Esto sig­nifica que el poder de la mayoría viene limitado por esos principios comúnmen­te mantenidos y que no existe poder legitimo fuera de los mismos. Los hom­bres precisan llegar a un acuerdo sobre la manera de realizar las tareas nece­sarias y es razonable que esto sea deci­dido por la mayoría; sin embargo, no resulta obvio que esta misma mayoría tenga también justo título para determi­nar el grado de su competencia. No hay razón para que haga cosas que nadie tiene poder de hacer.” (HAYEK, 1991: 131‑132)

En la perspectiva doctrinaria del neoliberalismo, “el acuerdo al cual precisan llegar los hombres” está pre­determinado por un contenido que escapa a la decisión de las mayorías. En suma, las mayorías tienen dere­cho a elegir siempre y cuando su elección no extrapole una serie de límites previamente determinados. Por eso, dirá HAYEK (1.991:143), “no es ‘antidemocrático’ tratar de persua­dir a la mayoría de la existencia de lími­tes más allá de los cuales su acción deja de ser benéfica y de la observancia de principios que no son de su propia y deliberada institución. La democracia, para sobrevivir, debe reconocer que no es la fuente original de la justicia y que precisa admitir una concepción de esta último que no se manifiesta necesaria­mente en las opiniones populares sobre la solución particular de cada caso. El peligro estriba en que confundamos los medios para asegurar la justicia con la justicia mismo. Quienes se esfuerzan para persuadir a las mayorías para que reconozcan límites convenientes a su justo poder son tan necesarios para el proceso democrático como los que constantemente señalan nuevos objeti­vos a la acción democrática

Naturalmente, los principios que, según Hayek, surgen mágicamente del orden espontáneo, no tienen nada de mágico ni de espontáneo. Son principios delibera e histórica­mente definidos. No hay nada de “necesario e inevitable” en la subordi­nación de la democracia a ellos. Resulta evidente que dicho “orden espontáneo” puede ser cualquier cosa, menos una entidad “moral­mente indiferente” (como afirma Hayek). La democracia mínima no es éticamente neutra, así como no son neutras las consecuencias sociales producidas por la supresión arbitra­ria y totalitaria de la voluntad de las mayorías.

El desprecio que Hayek sentía hacia cualquier forma de democracia substantiva se refleja en el hecho de que, para él, la democracia era, en última instancia, apenas una norma “tan valiosa como la higiene” (HAYEK, 1981: 25)

¿Qué tienen todo esto que ver con la concertaci6n educativa?

 

La concertación educativa como simulacro

 

Luego de casi una década de concer­tación educativa, la experiencia lati­noamericana demuestra que los esfuerzos de Mazarino y Hayek no han sido en vano. (9) Los gobiernos neoliberales llaman a “concertar” una vez que han definido la agenda del futuro “acuerdo” y una vez que se han establecido de forma clara y precisa los límites que la propia con­certación no podrá extrapolar. Fuera de dicho marco, nada hay para con­certar. De allí que cuando determi­nadas fuerzas políticas o sindicales cuestionan la agenda de la concerta­ción son acusadas por los gobiernos neoliberales de “antidemocráticas”. La legítima pretensión por discutir el contenido la agenda de la concerta­ción acaba siendo considerado un cuestionamiento a la democracia misma: o se acepta “consensuar” según la pauta que marca el gobier­no, o se está en contra del propio “consenso”. Una curiosa falacia mediante la cual, un mecanismo autoritario (llamar a “concertar” con el resultado de la “concertación” ya predeterminado), se torna regla democrática e, inversamente, una regla democrática (discutir el conte­nido de lo que será acordado), se torna un procedimiento supuesta­mente totalitario.

Los “pactos” y “acuerdos” firma­dos en el contexto de las políticas de concertación neoliberal se han trans­formado en una eficaz herramienta de legitimación del ajuste. Dichas experiencias se orientan de manera recurrente a la creación de mecanis­mos de mercado en la esfera educa­cional, los cuales son vehiculizados mediante diferentes formas de des­centralización y transferencia institu­cional tendientes a responsabilizar a las comunidades del financiamiento de los servicios educativos. Se “con­certa”, de esta forma, la privatización directa o indirecta, descubierta o encubierta, de la educación como (aparentemente) único mecanismo que posibilitará una administración eficiente y productiva de los recur­sos destinados al sector. La “concer­tación” constituye el espacio para legitimar tales decisiones.

La “concertación”, asimismo, tien­de a promover “concertadamente” la implementación de mecanismos de flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en el sector educativo. Quebrar el poder de los grandes sindicatos y confederaciones de trabajadores y trabajadoras de la educación, suele ser uno de los obje­tivos bastante poco disfrazado de los “pactos educativos” que pretenden establecer las administraciones neoli­berales. Aquellos que, en un sentido contrario, pretenden fortalecer el poder de las entidades sindicales, lejos de las bondades milagrosas de la concertación, suelen ser conside­rados agentes del corporativismo docente que (según dicen) impiden la modernización del sector educati­vo. Tal como ha afirmado elocuente­mente Marta Maffei, dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argenti­na (CTERA), “no se llama [a los sin­dicatos] a concertar, sino a capitular. De este modo, la concertación, es el resultado de una rendición”. (MAFFEI, 1994: 14)

Los “actores sociales” son invita­dos a un juego fraudulento. Un buen ejemplo de ello lo constituye la con­sulta en torno a la reforma específi­camente pedagógica. En efecto, cuando la comunidad educativa es convocada a “participar”, se lo hace para brinde su acuerdo ciego con los parámetros o contenidos básicos del currículum nacional (previamente definidos por comisiones de especia­listas locales o extranjeros); se la “invita” a someterse dócilmente a las pruebas de medición de rendimiento orientadas a cuantificar la calidad del sistema y sus agentes; a legitimar los más diversos sistemas de premios y castigos tendientes a “inyectar compe­titividad en la red educativa”; a aceptar la modernización periférica de las escuelas (compra de antenas parabó­licas, aparatos de fax y de TV para escuelas sin energía eléctrica, libros para bibliotecas inexistentes, videos para videotecas virtuales), sin una discusión previa sobre las verdade­ras necesidades de infraestructura escolar, etcétera.

Los “actores sociales” son llama­dos a “concertar” para confiar inge­nuamente en fondos que nunca llegan a implementarse o, cuando lo hacen, suele ser para desgracia de las grandes mayorías.

En rigor, los “actores sociales” son llamados a concertar, aunque no a todos les cabe un papel protagónico en la dramatización de] pacto. Observando lo ocurrido en las diversas experiencias, se diría que los empresarios, hombres de fe, tec­nócratas e intelectuales reconverti­dos parecen tener dotes actorales bastante más jerarquizadas por el casting neoliberal que el resto de los mortales, a los cuales nunca les cabe algo más que un triste papel periféri­co en el contingente de extras que la miran desde afuera.

Se “participa” si se aceptan estas reglas; si no, se “desestabiliza”. Natu­ralmente, en tales condiciones, la participación no es otra cosa que un ardid, un hipócrita acto de simula­ción orientado a legitimar decisiones tomadas por otros (u otras) y que nunca entran en la pauta de discu­sión.

Sin embargo, la concertación es fraudulenta por una cuestión todavía más grave. En efecto, la manipulación gubernamental no se limita apenas al establecimiento de una agenda inal­terable y con resultados prefijados. Se expresa también en el hecho de que las decisiones del gobierno nunca son enunciadas como tales, sino que son encubiertas bajo supuestos “acuerdos generales”, “coin­cidencias comunes” y toda una serie de estratagemas dicursivos orienta­dos a diluir y enmascarar el conflicto y a crear la falsa imagen de una comunidad homogénea de intereses. (10) La artificial agenda neoliberal e transforma en el contenido de un milagroso consenso sobre cuyas pre­misas y principios elementales todos supuestamente coinciden. Lo que no es otra cosa que una decisión autori­taria y autocrática de los gobiernos neoliberales acaba tornándose “inte­rés común”. Dicho “acuerdo” va adquiriendo autonomía y, por obra y gracia de la metafísica, termina ante­poniéndose a la propia comunidad de la cual, supuestamente, ha surgi­do. De allí que si las mayorías no lo apoyan ni lo cumplen, ellas se con­vierten en violadoras del acuerdo. En suma, para mejorar la educación hay que hacer lo que “todo el mundo concuerda en que hay que hacer”. Para hacerlo, hay que “concertar”. Ahora bien, si, por un error histórico, por desinformación o víctimas de la manipulación corporativa de los sin­dicatos o los partidos, las mayorías no aceptan “hacer lo que todo el mundo concuerda en que hay que hacer”, las propias mayorías se vuel­ven anti‑mayoritarias y enemigas del “consenso concertado”... El soliloquio neoliberal alcanza aquí la dimensión más profunda de su sentido grotes­co.

Las administraciones neoliberales dispensan el mismo desprecio hacia la democracia participativa que sus padres doctrinarios. Como ellos, sólo aceptan débiles y caricaturescos mecanismos de consulta y delibera­ción, cuando pueden definir de ante­mano el resultado que los mismos tendrán. Semejante estrategia suele ser evidente en la relación que los presidentes neoliberales establecen con las asambleas legislativas de sus respectivos países: cuando el Poder Ejecutivo aprueba sus propuestas (y sus caprichos) sin cuestionamiento y discusión en las Cámaras, recurre a ellas; cuando no, gobierna por decreto o, simplemente, como en el caso de Alberto Fujimori en Perú, cierra el Parlamento. Lo mismo ocu­rre en el campo educacional: cuando la comunidad educativa, sin extrapo­lar los límites que el gobierno le impone a su participación, acepta pasivamente la reforma, ella es “invi­tada” a opinar; cuando no, los minis­terios de educación vuelven a pare­cerse, sin demasiado maquillaje, a lo que eran en las épocas recientes de supresión de los derechos democrá­ticos.

La concertación educativa, estra­tegia emblemática de la democracia mínima neoliberal, también se carac­teriza por un atributo que, aunque Hayek nunca se atrevió a teorizar, Mazarino practicaba y recomendaba sin titubeos: la mentira. La experien­cia latinoamericana demuestra cómo, a pesar de que los gobiernos neoliberales salen fortalecidos de las experiencias de concertación, ellos son los primeros en no respetar los “acuerdos” que han impuesto o en posponer eternamente su realiza­ción. El simulacro pseu‑democrático neoliberal revela de esta forma su naturaleza estructural mente fraudu­lenta.

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Quizás a esta altura convenga prevenir que no me considero un herético enemigo de los mecanismos de consenso. Contrariamente, creo que ellos pueden y deben ser un pilar fundamental de toda sociedad genuinamente democrática. Ocurre que la democracia mínima neoliberal desprecia el consenso, lo falsifica, tornándolo una herramienta de manipulación. Tampoco creo que debamos caer en la trampa de pen­sar que toda crítica a la democracia define el carácter totalitario de quien la denuncia. La democracia mínima neoliberal debe ser criticada si que­remos defender la posibilidad de un sistema democrático basado en la ampliación de los derechos sociales y humanos, en la necesaria imbrica­ción entre ética igualitaria y política, entre solidaridad y comunitarismo, entre bien común y justicia social. Tal como afirma FRANCISCO DE OLI­VEIRA (1997: 34), “la primera tarea intelectual y práctica del campo demo­crático es problematizar el concepto y la práctica de esta democracia consen­sual y hegemónico”. Totalitario no es discutir la democracia. Totalitario es aceptarla sin reservas como si el modelo que de ella nos imponen fuera el único que nos merecemos.

Por último, realizar la necesaria crítica a los mecanismos de concer­tación educativa no supone, creo yo, desistir del desafío imprescindible de cambiar la escuela que tenemos. Por el contrario, es aceptar que ese cam­bio debe ocurrir; aunque sólo será genuinamente democrático si la polí­tica deja de reducirse a un juego de simulacros, volviéndose un mecanis­mo legitimo de transformación social y emancipatorio al servicio del bie­nestar de las mayorías.

 

Notas

 

(1)La ides de la democracia como “pastiche” es de FRANCISCO DE OLIVEIRA (1997)

(2)De allí que para Hayek el liberalismo como elemento constitutivo del programa civilizatorio era naturalmente anterior a las diversas formas de representación y organización política que fue quistando el mismo una vez definido como campo doctrinario. (HAYEK, 1976, 1990, 1991)

(3) En rigor, Hayek siempre tuvo una gran desconfianza hacia el uso “abusivo” de la palabra “sociedad”. El adjetivo “social”, dirá, “aniquila totalmente el signifi­cado del sustantivo al cual se aplica” (por ejemplo, “justicia social”, “democracia social”, “Estado social”). (HAYEK, 1990: 188)

(4) Véase también de JOUVENEL (1996).

(5) Sobre las virtudes del egoísmo, véase ACTON (1978). Naturalmente, desde una perspectiva neoliberal, la más densa e importante conceptualización acerca de las características humanas necesarias y funcionales a una sociedad competitiva, sigue siendo el excepcional tratado de LUIDWIG VON MISES, Acción Humana (1995).

(6) En La higiene de la democracia (1981), HAYEK reconocerá que la propia palabra “socialdemocracia” le producía rechazo: “aparte de una cierta alergia per­sonal derivada del hecho que pasé los pri­meros años de mi juventud luchando contra un partido marxista radical cuyos miembros se autodenominaban “socialdemócratas”, dudo si un socialista auténtico que sea inteli­gente podría ser también alguna vez un demócrata genuino”. (HAYEK, 1981: 40)

(7) Las referencias entre comillas corresponden a HAYEK ( 1985: 19, 20, 21).

(8) Es esta la justificativa que lleva a los neoliberales a considerar el voto popular como “un mal menor”. (HONIDERICH, 1993; FILLER, 1987)

(9) Un relevamiento de experiencias de concertación educativa en América Latina puede encontrarse en FLACSO CONCRETAR ‑ FUNDACION FORD UNESCO, 1995.

(10) Un ejemplo de esto es el debate pre‑hegeliano establecido por quienes sostienen la disociación entre “políticas de Estado” y “políticas de gobierno”, siendo las primeras representativas del “interés común” y las segundas del “interés particu­larista” de las administraciones de turno. Como es bien sabido, semejante explica­ción no sirve a otros fines que a justifi­car, mediante argumentos poco convin­centes, la participación de ex‑intelectua­les de izquierda en las administraciones neoliberales. (“Trabajo para el Estado y no para el gobierno”, suele ser una de las más frecuentes explicaciones de quienes se pretenden funcionarios del interés colec­tivo).

 

 

 

 

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