editorial
La inmigración y los procesos de inclusión
La aprobación de la Constitución Española se
produce en 1978, no siendo publicada hasta 1985 la conocida popularmente Ley de
Extranjería. Pero no sería hasta 1996 cuando se contempló al inmigrante como
una persona con intención de arraigo y no como mero transeúnte. Se trataba de
adecuar la legislación al marco europeo: Tratado de la Unión Europea, y a los
restrictivos acuerdos de Schengen.
El pasado 31 de julio se
acabó el plazo de regularización que, acogido a la Ley de Extranjería en vigor
desde el 11 de enero de 2000, ha permitido presentar la solicitud a más de
225.000 inmigrantes en su mayoría procedentes de Marruecos y de Ecuador.
En este momento se está
produciendo un amplio debate en la sociedad española sobre la conveniencia o no
de este cambio. La Iglesia, ONGS, sindicatos, movimientos vecinales y partidos
políticos, a excepción del PP, no ven conveniente la modificación de la Ley. El
aspecto más criticado hacia el gobierno, es que está presentando la inmigración
como un riesgo para la convivencia, como un problema en sí mismo, cuando la
inmigración debería entenderse como una solución a problemas concretos
-demográficos y económicos- de un país desarrollado como España. El debate de
la inmigración debe enfocarse desde un discurso solidario y aperturista. El problema
más grave de la inmigración son los ya incontables muertos por naufragios de
pateras y la aparición de mafias traficantes del hambre y de la miseria. Pero
no vamos a entrar a analizar los efectos perniciosos que puede acarrear la
modificación de la Ley de Extranjería.
Vivimos en una
contradicción evidente, necesitamos del aporte de mano de obra procedente de la
inmigración y ponemos barrera a su entrada. En el plazo de apenas quince años,
se calcula que aproximadamente el 12% de la población activa tiene que ser
inmigrante ante el envejecimiento de la población española, cifras que ya se
han alcanzado en otros países. Sabemos que la inmigración es un proceso
irreversible que seguirá en los próximos años. Este hecho demanda la necesidad
de disponer de una política migratoria clara y consensuada, por ello deberíamos
preguntarnos: ¿Qué mecanismos debemos poner en marcha para que este proceso no
sea problemático?, ¿la escuela como institución que debe aportar?, ¿qué
mecanismos debemos poner en marcha para permitir, por un lado, la inclusión
social y laboral de los inmigrantes y para evitar los brotes de racismo y
xenofobia que cada vez son más frecuentes?
Se hace
imprescindible potenciar y desarrollar la educación intercultural, no sólo en
aquellas escuelas donde haya inmigrantes, sino extenderlas a todas. Tendremos
que evitar que la educación intercultural se quede en un mero currículum
turístico de tipo exótico, que se limite a introducir en el curriculum -siempre
selección de la cultura- conocimientos puntuales y curiosos sobre las culturas
minoritarias. Tendremos que partir de un relativismo cultural. No hay culturas
superiores. La diversidad no puede ser la puerta abierta por la que se cuele la
desigualdad. Es muy fácil caer en la trampa y que la diferencia se transforme
en desigualdad de trato.
Al igual que en la integración de
discapacitados, los inmigrantes no pueden concentrarse en determinados centros
-"de segunda división"-. Éstos deberían tener en la escuela
profesores de su lengua de origen para evitar el asimilacionismo. No es
suficiente el crear grupos de recuperación con los inmigrantes que no saben
español. Es, por tanto, necesario y urgente establecer programas de formación
del profesorado en ese ámbito, si no es así, cualquier innovación fracasará.
Permitir que la educación intercultural se
reduzca a un tratamiento transversal puede facilitar que suceda lo que está
pasando con muchos otros contenidos educativos, que se diluyan y desaparezcan.
El reto está ahí, experiencias buenas y malas existen en otros países de
nuestro contexto que han pasado por situaciones similares a las que nos vamos
a enfrentar. De las administraciones educativas depende el enfrentarse con
tiempo y éxito a una realidad que se nos antoja inexorable. Muchos de los
planteamientos educativos de atención a la diversidad, hasta hoy restringidos
al ámbito de la discapacidad, amplían su campo de actuación hacia otras problemáticas
difíciles pero apasionantes.
Evitar la improvisación en la dotación de
recursos humanos y materiales, proveer de las dotaciones presupuestarias
necesarias, exige la puesta en marcha de proyectos de investigación y de
innovación que permitan detectar las peculiaridades que estos procesos de
educación intercultural demandan. Se debe evitar caer en el error, como ha
ocurrido en la integración de personas con discapacidad, de mantener una
legislación coherente con planteamientos integradores y una práctica
absolutamente disociada de ella.