Transformaciones recientes del paisaje audiovisual español: un
análisis del sector cinematográfico y televisivo (1994-1997)
(4.810
palabras)
Lic. Carmina Crusafón Baqués ©
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
El paisaje audiovisual español ha experimentado en
los últimos tres años cambios de distinta naturaleza: político-económica,
jurídica y tecnológica. Estas transformaciones no son independientes sino que
algunas son causa y/o consecuencia de las otras. De una parte, el cambio del
gobierno socialista al del Partido Popular ha comportado una nueva regulación
cinematográfica, que ha ido acompañada de un incremento de la cuota de mercado
del cine español. Por otro lado, la presencia de Telefónica en el sector de la
comunicación ha provocado un cambio accionarial en Antena 3 TV y ha agravado el
enfrentamiento entre los grupos mediáticos. Asimismo la llegada de la
televisión digital y el desarrollo de la televisión por cable amplían las dimensiones
del mercado audiovisual español. A su vez, se ha iniciado un debate público
sobre cuál debería ser la actuación del gobierno en el nuevo escenario
audiovisual.
Durante este periodo, también han aparecido otros
temas que han adquirido una relevancia considerable como: la financiación del
audiovisual público, la posibilidad de privatizar algunos medios estatales y la
creación de un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
Analizar el panorama audiovisual contemporáneo en
España supone un ejercicio de interpretación que implica la correlación de los
distintos ámbitos para obtener una imagen de conjunto. Así, a continuación,
realizaremos un análisis por sectores: cine y televisión, y posteriormente, se
hará un balance de los cambios en la política audiovisual que ha impulsado el
gobierno del Partido Popular.
El cine español: el renacer de una
industria
A partir del año 1994, el cine español inicia un
camino hacia la recuperación después de más de una década de pérdida de
espectadores. Diversos han sido los factores que explican este cambio de
tendencia, pero principalmente destacan: en el ámbito de la producción, el
incremento del número de películas producidas y la aparición de una nueva
generación de directores y actores que han acercado el cine español al público
en general. En cuanto a la exhibición, la apertura en los últimos dos años de
numerosos multicines en las principales capitales españolas ha mejorado, en un
grado considerable, la calidad de las salas así como ha diversificado la oferta.
Durante el periodo que analizamos, se observan dos
etapas que vienen marcadas por el partido en el poder. La primera, bajo mandato
socialista (1994-marzo de 1996) se caracteriza por una voluntad de protección
de la industria en consonancia con la tendencia de la Unión Europea de proteger
un sector que todavía no ha conseguido consolidarse. Asimismo responde a un
contexto internacional caracterizado por las conclusiones de la Ronda Uruguay
del GATT, que, aunque sin llegar a un acuerdo concreto, suponen un camino sin
retorno hacia la liberalización del audiovisual mundial. La segunda etapa
marcada por la llegada del gobierno del PP ha supuesto un cambio de talante de
cariz más liberal, aunque mantiene cierta continuidad con el anterior ejecutivo
en lo que se refiere al entendimiento entre el gobierno y el sector de la
producción.
La legislación del gobierno socialista responde a
una voluntad de impulso de la industria audiovisual y de actualización de los
elementos básicos para la protección y fomento de la cinematografía. En
concreto, se aprueba la ley 17/1994, de 8 de junio, que continua en la misma
línea de la política gubernamental que "desde 1989, antepone la óptica
económica que se orienta a la constitución de una infraestructura estable de
producción" (BUSTAMANTE, 1993:11). Al mismo tiempo, "esta nueva etapa
que se abre permitirá ganar más a los productores que conecten con su público,
con lo cual es de esperar que existirán retornos a nuevas producciones; pero
también exigirá a los creadores afinar más para conectar mejor con el gusto del
público del cine español" (ÁLVAREZ MONZONCILLO / LÓPEZ VILLANUEVA,
1994:133).
Tres razones justifican la ley 17/1994. La primera
es la necesidad de equiparar la obra cinematográfica de los países miembros de
la Unión Europea a la obra cinematográfica española; la segunda, era
conveniente flexibilizar el cumplimiento de la cuota de pantalla para los
exhibidores; y la tercera, adaptar la cuota de distribución a las exigencias
del mercado.
En relación con la cuota de pantalla, la ley
17/1994 obliga a la proyección de un día como mínimo de obra cinematográfica
comunitaria por cada dos días de exhibición de películas en versión doblada en
cualquiera de las lenguas oficiales (en ciudades con población superior a
125.000 habitantes) y a proyectar un día como mínimo de obra comunitaria por
tres de películas de terceros países en versión doblada (ciudades con población
inferior a 125.000 habitantes). Esta cuota "ha supuesto una relajación de
la exigencia respecto a la existente con anterioridad (RDL 1257/89) dado que
ésta era imposible de cumplir por muchos exhibidores" (VALLÉS COPEIRO DEL
VILLAR, 1994: 155). En cuanto a la cuota de distribución cinematográfica, se
obtienen dos licencias de doblaje por cada obra cinematográfica de la Unión
Europea. La primera se consigue cuando la obra comunitaria ha obtenido unos
ingresos brutos en taquilla de 20 millones de pesetas [150 pesetas = 1 dólar].
La segunda, cuando se consiguen los 30 millones, habiendo estado exhibida, al
menos, en dos lenguas oficiales y de acuerdo con las condiciones que se fijen
reglamentariamente. Las licencias son intransferibles y tienen caducidad de dos
años.
Este cambio de legislación "ha tenido un doble
efecto sobre el sector de la producción: el ya citado de incentivar la
inversión y la expulsión de las distribuidoras nacionales independientes del
mercado. Esta fue la razón de que, por primera vez en la historia,
distribuidores y exhibidores se unieran para hacer una huelga en contra de la
cuota de pantalla y de distribución" (ÁLVAREZ MONZONCILLO/ LÓPEZ
VILLANUEVA, 1994:134).
Otro de los nuevos elementos de reglamentación fue
un nuevo sistema de subvenciones al cine, aprobado como orden ministerial el 5
de octubre de 1994. La nueva normativa significa la desaparición de las
subvenciones anticipadas y la sustitución por un sistema automático de apoyo
económico estatal principalmente basado en el reconocimiento del público. Se
rebajan las cuantías de las recaudaciones en taquilla exigidas por el real
decreto 1773/1991, de 13 de diciembre, por las cuales una película puede optar
a la ayuda a fondo perdido equivalente al 33% de la inversión del productor. De
esta manera, las cuantías, referidas a los dos primeros dos años de explotación
comercial de una película, pasan de 50 a 30 millones de pesetas, lo que
significa aumentar el número de películas que pueden optar a estas medidas. De
igual manera, se aplica a las películas de nuevos realizadores que consiguen
una recaudación de 20 millones de pesetas y a las realizadas en su versión
original en una lengua oficial de una comunidad autónoma diferente al
castellano que lleguen a los 10 millones de recaudación. A estas cantidades se
añade el 15% de la recaudación que reciben todas las películas; con la
posibilidad de recibir un máximo de 100 millones por ambos conceptos. Por otro
lado, se duplicaba el fondo de garantía, que pasaba de 800 a 1.600 millones.
Otro de los aspectos a señalar de la etapa
socialista es el hecho que la industria cinematográfica fue objeto de estudio
por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia. En su informe de 1995, el
tribunal se mostró crítico con la política y las medidas legales adoptadas para
proteger esta industria. Este documento recibió una replica del sector
profesional, elaborada por la Fundación Procine, que puntualizaba algunas
afirmaciones del informe así como mostraba una concepción basada en el carácter
dual, económico y cultural, de este sector.
La llegada al gobierno del Partido Popular en marzo
de 1996 supondrá un cambio en la legislación cinematográfica de carácter más
liberal, que se concretará en dos decretos ley (81/1997 y 1039/1997). Esta
etapa se inicia con cierta polémica a raíz de las declaraciones del secretario
de estado, Miguel Ángel Cortés, que califica los últimos trece años de cine
español como "nefastos" ('El País', 9 de julio de 1996). El real
decreto 81/1997 de 24 de enero contempla una liberalización de las cuotas de
distribución, junto con una flexibilización de la cuota de pantalla. En
relación con la distribución, se establece que se pueden obtener hasta tres
licencias -antes eran dos- de doblaje de acuerdo con las recaudaciones
comunitarias: la primera cuando la película comunitaria ha recaudado 10
millones de pesetas, la segunda, cuando ha recaudado 20 millones y la tercera
cuando llegue a los 30 millones o si es versión doblada, cuando recauda cinco
millones de pesetas en alguna de las lenguas oficiales españolas diferentes del
castellano.
Sobre la flexibilización de las cuotas, se
sustituye la normativa anterior por la de tres días de películas de terceros
países por uno de película comunitaria. También se aprovecha la existencia de
cuotas para favorecer a las películas habladas en otras lenguas oficiales. En
este caso, la cuota es de cuatro días de películas de terceros países por un
día de película comunitaria hablada en una lengua propia de una comunidad
autónoma. Sobre las coproducciones multipartitas, permitirán la coproducción
financiera fijando un mínimo del diez por ciento y un máximo del sesenta por
ciento su participación en el presupuesto y se concederá un porcentaje de ayuda
automática menor, el 15 % de la recaudación, a las coproducciones financieras.
El real decreto 1039/1997, de 27 de junio, refunde
y armoniza la normativa de promoción y estímulos de la cinematografía. Según
apunta el propio real decreto, "las disposiciones relativas al fomento y
estímulo son básicas en una política tendente a la consolidación y
relanzamiento de la industria audiovisual en su conjunto, que necesita de estímulos
suficientes para que sea realmente eficaz" y además "las razones para
el apoyo del cine son fundamentalmente culturales, destacando la importancia
que tiene el cine para la expresión en lenguas españolas".
En definitiva, el gobierno del PP tiene la intención
de "modificar la política cinematográfica del anterior equipo por una
nueva de carácter más liberal partidaria de ayudas, estímulos e incentivos y
que se muestra contraria a las cuotas, las imposiciones y las barreras. La
palabra clave es promoción y no protección" (BECEIRO, 1996a). A pesar de
los cambios, se mantiene el entendimiento entre productores y administración
iniciado bajo el gobierno socialista.
En cuanto a la industria cinematográfica se
refiere, el mercado del cine español ha ampliado su cuota de mercado en los
últimos tres años, pasando de un 7’6% en el 94 hasta un 13% en el 97. Asimismo
se ha pasado de una producción de 44 películas en 1994 a 70 películas en 1997
(datos del ICAA, 'El País', 22-1-98). Asimismo, en este último año, el presupuesto
medio por película se elevó a 500 millones de pesetas. Estos datos son un
indicador de cambio y apuntan la posibilidad de que la industria autóctona
recupere su cuota de mercado. No hay que olvidar que el mercado español es
importante tanto a nivel cinematográfico (entre los seis grandes mercados del
mundo) como en el videográfico, donde España se convirtió en el 1995 en el
tercer mercado mundial con una facturación de 77.325 millones de pesetas ('La
Vanguardia', 28 de mayo de 1996).
A pesar de una cierta recuperación del sector, uno
de los problemas de las productoras cinematográficas es la atomización del
sector. Según datos del Ministerio de Cultura, el 82% de las productoras
realiza anualmente una sola película; únicamente el 11’5% realiza dos ('El
País', 28-1-98). Asimismo, una de las asignaturas pendientes de la industria
cinematográfica española, al igual que de la europea, es la creación de un gran
grupo de distribución, ya que está en manos extranjeras, con un dominio de la
empresa estadounidense United Pictures International.
Otro de los aspectos a destacar de la etapa 1994-97
es la importancia creciente de los festivales de cine, como plataforma de
lanzamiento y promoción del cine español. Además, la creación en 1996 del
Mercado Iberoamericano de la Industria Audiovisual (MIDIA) permite a la
industria española ampliar horizontes, especialmente hacia el mercado de habla
hispana. Durante el año 1996, la cifra de negocios del MIDIA llegó a mil
millones de pesetas en venta directa de películas y programas de televisión
('La Vanguardia', 23 de junio de 1997).
El sector de la televisión: la llegada de la
televisión digital, la guerra entre grupos de comunicación y el auge de la
producción nacional
El sector de la televisión ha sufrido una transformación
en sus distintos ámbitos: se ha producido una consolidación del sector privado;
se ha ampliado el mercado con la llegada de la televisión digital y la
regulación de la televisión por cable. Asimismo se ha agudizado la crisis de la
televisión pública al tiempo que Telefónica se ha convertido en uno de los
principales actores del sector televisivo, después de la compra de Antena 3 TV
y de su participación en la plataforma digital, Vía Digital.
La tecnología ha sido uno de los motores del cambio
del sector televisivo español. La llegada de la televisión digital vía satélite
ha ampliado el mercado audiovisual y ha provocado una verdadera batalla no sólo
entre los distintos grupos de comunicación, sino también con el gobierno. La
televisión digital inicia sus emisiones en España a principios de 1997 de la
mano de dos plataformas.
La plataforma digital liderada por Telefónica y con
participación de RTVE, Vía Digital, se presenta como la opción avalada por el gobierno.
Su oferta tiene un carácter marcadamente hispano, debido a la participación del
grupo Televisa, que emite varios de sus canales, y un precio popular de 2.500
ptas. por 35 canales.
La segunda plataforma es Canal Satélite Digital
(CSD), con una participación mayoritaria de Sogecable (grupo Prisa y Canal
Plus, principales accionistas), y su oferta es de carácter más internacional y
uno de sus principales activos son los contratos en exclusiva con las 'majors'
de Hollywood (Columbia, Time Warner, Buenavista Internacional, Polygram,
Dreamworks, Universal, Paramount, Altafilms) para emitir sus producciones
audiovisuales. Este grupo se ha enfrentado por los derechos del fútbol a la
plataforma liderada por Telefónica y ha tenido problemas judiciales principalmente
la negativa oficial a inscribirse en el registro público de operadores. Otro de
los aspectos polémicos ha sido su descodificador simulcrypt, motivo del
enfrentamiento entre el gobierno y la Comisión Europea. A finales de 1997,
ambas plataformas contaban con alrededor de 250.000 abonados respectivamente
('El País', 27-12-97).
Otro de los cambios propiciados por la tecnología
es el lanzamiento vía satélite de las cadenas de televisión autonómicas. En
concreto las de Cataluña, País Vasco y Galicia crean un canal común llamado
Galeusca.
Un acontecimiento, cualificado de seísmo
audiovisual, ha sido el cambio accionarial en Antena 3 TV a finales de julio de
1997. Una operación empresarial que sorprende a todo el mundo ya que Antonio
Asensio, quien había recibido a finales de 1996 presiones del gobierno para que
no culminara el pacto con Canal +, vende unos meses más tarde sus
participaciones a Telefónica. Así, los nuevos accionistas de Antena 3 TV son:
Telefónica (25%), Grupo Santander (22% - amplía su participación), BCH (23% -
ampliación), Banco de Nueva York (13%), accionistas varios (17%). La venta se
cierra por un valor de 51.800 millones de pesetas (56%) y Antena 3 TV queda
valorada en 92.500 millones de pesetas. Destaca en esta maniobra empresarial la
rapidez de la actuación del Ministerio de Fomento. Otro dato a señalar es que
Antena 3 entra el 30 de enero de 1997 en Canal Satélite con un 15%, por lo que
con el cambio de accionistas, Telefónica también tiene una participación en la
plataforma competidora.
En esta nueva situación audiovisual, Telefónica
está jugando un papel protagonista con su participación no sólo en el mundo de
la televisión digital, con Vía Digital, sino también en la televisión
generalista de manos de Antena 3 TV. A su vez, en agosto de 1997, entra en el
mundo de la producción cinematográfica con la compra del 33% de Lolafilms.
Además su participación en el ámbito de la comunicación también incluye el
Grupo Recoletos (20%), SOFRES (25%) y fuera de España, el cable argentino (Video
Cable Comunicación).
El fútbol ha sido de los temas más polémicos de
este periodo que analizamos, principalmente en lo relativo a la regulación de
la transmisión de acontecimientos deportivos y la lucha entre las dos
plataformas digitales por los derechos en manos de la sociedad Audiovisual
Sport, participada conjuntamente por Sogecable y Gestora General de Medios
(propiedad mayoritaria de Telefónica y Antonio Asensio). A pesar de un tira y
afloja durante el año 97, en noviembre se llega a un acuerdo para que ambas
plataformas emitan los mismos partidos, en modalidad pago por visión, de la
temporada 97-98.
En cuanto a la televisión por cable, uno de los
sectores con mayor índice de expansión en los próximos años, entre 1994 y 1997
se va definiendo su despliegue por el territorio español. En septiembre de
1996, se aprobó el reglamento que establecía la manera cómo funcionaría las
distintas demarcaciones y operadores. Los principales grupos promotores de
operadoras de cable en España han comprometido hasta el momento inversiones que
superan los trescientos mil millones de pesetas, sólo en las demarcaciones
cuyos concursos ya han sido adjudicados. A esa cifra hay que sumar los cerca de
doscientos mil millones de pesetas que se han comprometido a invertir los dos
grupos que compiten por el concurso de las tres demarcaciones del cable en la
comunidad de Madrid, por lo que cuando éste se adjudique, la inversión
acumulada por este nuevo negocio de las telecomunicaciones superará ampliamente
el medio billón de pesetas ('Expansión', 1997).
Entre los catorce concursos ya adjudicados hasta
1997, se han configurado dos grandes polos inversores, liderados en un caso por
los accionistas del núcleo duro de Retevisión -Endesa, Telecom Italia y Unión
Fenosa- junto con otros aliados como la argentina Supercanal, frente al
liderado por el grupo norteamericano SpainCom y Cableuropa. El diseño del mapa
del cable quedará terminado, según todas las previsiones, en el 1998.
Retevisión, el segundo operador de telefonía, jugará también un papel en el
futuro del audiovisual español, ya que estima que en el año 2005 la TV digital
terrestre será competitiva con el cable o el satélite como vía de distribución
de TV digital multicanal ('El País', 8-10-97).
El sector de la producción televisiva se ha
consolidado en los últimos años, consiguiendo que las series de producción
propia hayan ocupado los primeros puestos del ranking de los programas más
vistos de 1996, entre los que destacan "Médico de familia"
(Telecinco) y "Hostal Royal Manzanares" (TVE). Esta circunstancia se
enmarca dentro de una tendencia europea de dominio de la producción europea en
el prime time de países como Francia, Alemania, Bélgica e Italia ('Business
Week', 1997).
Telecinco ha creado un centro de producción propia
de series con una inversión de 9.000 millones para producir 400 horas ('La
Vanguardia', 25 de junio de 1997). Se ha asociado con el Grupo Planeta para la
elaboración de canales temáticos ('El País', 22 de octubre de 1997) y con el
grupo Godó ha creado una agencia de noticias de TV, Atlas Catalunya, instalada
en Mediapark, que forma parte de su proyecto Atlas, de expansión
iberoamericana. Asimismo, Telecinco ha mantenido una actitud beligerante con
TVE en relación con los precios de los anuncios, acusándola de dumping.
El periodo analizado también se ha caracterizado
por una altísima competencia entre las cadenas generalistas, que es reflejo de
la madurez de una industria asentada y competitiva, capaz de generar 7.721
horas de producción propia en una temporada televisiva de 9 meses. La tarta
publicitaria engordó durante la temporada 95-96 en un 8%, con un volumen global
de 244.889 millones de pesetas (Datos del Gabinete de Estudios de la
Comunicación, 'El País', 22-11-97).
El tema de la televisión pública también ha sido
objeto de debate en los últimos tres años, debido principalmente a una falta de
definición del servicio público de televisión. Principalmente han destacado:
los problemas de la deuda de RTVE, que para 1998 se eleva a 593.000 millones
(mientras que con el gobierno socialista era de 249.000 millones en 1995) ('El
País, 23 de septiembre de 1997), el cambio de directores y la disminución de la
audiencia y el uso partidista del ente público (véase BUSTAMANTE, 1997).
La política audiovisual del gobierno del Partido
Popular
El gobierno del Partido Popular ha elaborado
durante sus dos primeros años de mandato (1996-97) una política audiovisual
caracterizada principalmente por una tendencia más liberal en cuanto a la
reglamentación cinematográfica, una voluntad de privatización en el sector
televisivo y una excesiva presencia del gobierno en todos los asuntos
mediáticos.
El carácter más liberal de la regulación
cinematográfica responde a una voluntad del gobierno de promocionar una
industria, en lugar de mantener una protección. También se observa un cambio
respecto a la defensa de la "excepción cultural", de la cual este
ejecutivo no se muestra partidario.
Uno de los atributos característicos de la política
audiovisual de esta etapa es una voluntad de privatización, iniciada ya en el
ámbito de las telecomunicaciones con la privatización de Telefónica. Aunque
hasta el momento esta tendencia no se ha concretado en el sector televisivo,
principalmente por motivos electorales (ya que uno de los grandes problemas por
resolver es el del ente de RTVE), el gobierno prepara un proyecto de ley que
permitirá privatizar los canales autonómicos, así como la posibilidad que cada
comunidad autónoma disponga de dos cadenas de TV propias si el espectro lo
permite.
Otro rasgo propio es el protagonismo del gobierno
en los últimos acontecimientos ocurridos en el sector audiovisual.
Principalmente destacan tres ocurridos durante el año 1997: la ley digital y la
polémica del fútbol, la compra de Antena 3 TV por Telefónica; y el registro de
las oficinas de Telecinco por orden judicial en un procedimiento abierto por
presunto delito fiscal contra algunos de sus antiguos administradores.
El decreto ley 1/1997, de 1 de febrero, sobre la
televisión digital y los descodificadores es el origen de gran parte de la
polémica entre el ejecutivo español y la Comisión Europea. Aunque se trata de
la transposición de la directiva 95/47/CE, este decreto ley, en su versión
inicial, atentaba contra los artículos 30 (supresión de las restricciones cuantitativas
entre los estados miembros) y el 59 (libre prestación de servicios) del Tratado
de la Unión. Asimismo, la imposición de las características técnicas del
descodificador implicaba el uso de un modelo, el multycript (utilizado por Vía
Digital), en contra del simulcrypt (utilizado por Canal Satélite Digital y ya
vigente en otros países europeos). Destaca también el protagonismo y capacidad
de control de la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones (CNMT) así
como su facultad de establecer las condiciones técnicas. En verano de 1997, la
Comisión Europea exige la modificación de la ley digital (se abre un
procedimiento urgente de infracción con 15 días naturales para contestar,
exigiendo al ejecutivo que adecue su legislación a la normativa comunitaria).
El gobierno se ve obligado a cambiar el decreto ley en septiembre de 1997. Esta
modificación es aceptada por la Comisión Europea, pero ésta debe ser
interpretada en términos políticos, ya que, de otra manera, si no hubiera sido
aceptada hubiera provocado un enfrentamiento frontal con el gobierno español,
que podía perjudicar en otros temas en negociación en el ámbito comunitario.
La compra de Antena 3 TV por Telefónica, la primera
empresa privada española y que mueve el 10% del volumen de la bolsa española,
ha sido interpretada por los grupos parlamentarios de la oposición como la toma
de control por el gobierno del mundo audiovisual. Es acusado por el PSOE de
querer crear un grupo de comunicación, de falta de diversidad en el panorama
audiovisual y un atentado a la libertad de expresión. De esta manera, según la
izquierda, "el gobierno controla 3 de los 4 canales de TV generalista no
codificada, que es la que crea y distribuye el mensaje político para la mayoría
de la población que, por tanto, puede llegar a determinar el triunfo electoral
en una situación de equilibrio" (Diego López Garrido, 'El País', 1 de
agosto 97).
Por último, dos temas importantes de la política
audiovisual que se han iniciado en esta etapa pero tendrán continuidad en el
futuro son: la creación de un Consejo Superior de los Medios Audiovisuales.
Este proyecto es muy diferente según el partido político: mientras el PP quiere
que sea dependiente de la CNMT y nombrado por el gobierno; el PSOE propone un
órgano independiente con ocho miembros, cuatro elegidos por el Congreso y
cuatro por el Senado y cuyas funciones serían la capacidad para velar por el
cumplimiento de las normas sobre contenido y publicidad y la facultad de
garantizar la transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales.
El segundo es la renovación de las licencias
vigentes de televisión privada en 1999, según el ministro de Fomento,
Arias-Salgado, su prorrogación depende del compromiso de adopción de la
tecnología digital para la difusión de sus señales (esto comportará la
necesidad de codificadores y de nuevos receptores de TV). Asimismo, existe la
necesidad de definir el nuevo modelo de televisión terrestre.
Conclusiones
El paisaje audiovisual español se ha transformado
en sus diferentes ámbitos, mostrando una imagen de conjunto bastante distinta a
la de principios de la década de los noventa. En cuanto al cine, el sector vive
un momento de renacimiento, fruto de una mejor adecuación de la regulación y de
una cierta consolidación, aunque sólo en sus inicios, del sector de la
producción. Además, le favorecen factores complementarios como la buena marcha
de la economía general y la ampliación del mercado audiovisual, ávido de nuevas
producciones audiovisuales.
En relación con la televisión, el rasgo más característico
es la ampliación del mercado, fruto de la llegada de la televisión digital y el
desarrollo de la televisión por cable. En cuanto a la primera, el futuro
determinará si se pueden mantener dos plataformas digitales o existirá la
necesidad de fusionarlas en una sola, aunque esta última opción se vea hoy
improbable debido a las diferencias existentes entre los distintos grupos
empresariales que las lideran.
La televisión por cable acabará por definir los
principales grupos de comunicación en España y a su vez, ampliará la oferta
televisiva. No hay que olvidar el protagonismo de Telefónica en este sector, ya
que una excesiva presencia de esta empresa podría provocar una concentración de
propiedad.
La política audiovisual del Partido Popular ha
iniciado una nueva etapa en el mundo de la comunicación. Hasta el momento, sólo
hay indicios de una política más liberal y de carácter privatizador y con
voluntad de creación de un gran grupo de comunicación afín al gobierno, el
futuro determinará si se estos concretan o no, y en tal caso, habrá que
recordar la necesidad de una mayor diversidad y pluralidad en los medios
audiovisuales.
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FORMA DE CITAR ESTE TRABAJO DE
LATINA EN BIBLIOGRAFIAS: Nombre del autor: título del
artículo, en Revista Latina de Comunicación Social número 5, de mayo de 1998;
La Laguna (Tenerife), en la siguiente URL: http://www.lazarillo.com/latina/a/96carminacruzafon.htm |