Sobre la importancia de un verdadero debate social

Las implicaciones y consecuencias de las decisiones que toman las Administraciones para el desarrollo cultural y educativo de la ciudadanía, son bastante más importes de lo que pueda parecer a simple vista, o miradas de un modo puntual, sin memoria ni perspectiva histórica. A menudo estas decisiones se disfrazan con argots técnicos y de especialización profesional, de manera que la cuestión aparezca a los ojos del ciudadano como un problema de los expertos. Quizá por eso no sorprenda tanto el escaso eco social de una importante decisión política: la inminente reforma de la formación inicial de los maestros y maestras de Infantil y Primaria y del profesorado de Secundaria y Bachillerato. Habrá que reconocer que sorprende un poco más la escasa preocupación que esta cuestión merece entre los propios profesores, sus asociaciones profesionales, los movimientos de renovación pedagógica y las organizaciones sindicales. Parecería que el problema de la formación es casi de exclusiva preocupación de la institución universitaria encargada de impartir / vender los títulos académicos, en el interior de una dinámica institucional claramente corporativa: ¿cuánto más me dan o cuánto más me quitan de mi área de conocimiento o disciplina para dártela o quitártela a ti?. Por ese camino y con esos niveles de preocupación es bastante probable que una vez más perdamos el tren de un cambio que acuda a la raíz, un cambio necesario y urgente.



Por eso, la primera cuestión a reivindicar en el proceso de reformas de los títulos de la formación inicial del profesorado es un amplio y bien organizado debate social y profesional. Los ciudadanos y ciudadanas, los profesionales de la educación, los formadores de profesores, tienen derecho a conocer y dar a conocer sus criterios y deseos sobre qué conocimiento y competencia profesional requiere la función docente. Ese debate no es exclusivo de los “expertos” y menos todavía –como estaba ocurriendo recientemente con las propuestas del Ministerio de Educación- de una “Conferencia de Decanos y Directores de Escuelas Universitarias” que actuaban como “grupo de investigación” contratado y remunerado por una agencia externa a las Universidades y el Ministerio: la ANECA, una fundación creada a la luz del discurso de la convergencia europea y, según mi punto de vista, con una clara hegemonía de la concepción neoliberal de la función de las universidades.