El devenir en las diferentes esferas del contexto social (educación, sanidad, política, economía, etc.) está respalda­do por un discurso construido a par­tir de principios éticos y científicos que se presentan como fuente de la normativa reguladora de la práctica. Con frecuencia, sin embargo, se advierten incoherencias entre princi­pios y directrices que, sorprendente­mente, son asumidas, en muchos casos por una gran mayoría, sin que medie el debate y la reflexión sobre la raíz y alcance de las mismas. Esta situación, como veremos en el aparta­do siguiente, se mantiene gracias al reconocimiento social de que es obje­to este tipo de discurso y al frecuente uso que de él hacen, en todos los ámbitos, quienes están instalados en el poder. El estatus que, en nuestra sociedad, poseen los principios éticos y científicos, sobre todo estos últi­mos, conseguido a partir de supues­tos, como la neutralidad, la universali­dad, el rigor, etc., es el que los con­vierte, a menudo, en instrumentos legitimadores de decisiones sobre la vida de los individuos, dificulta la toma de conciencia de la manipula­ción y alienación de que son objeto, y, consecuentemente, propicia el con­senso en torno a esas decisiones.