Este artículo analiza para el contexto español las políticas promovidas en los últimos años por el gobierno conservador del partido popular y los cambios que conllevaron la entrada en vigor, en el 2002, de la Ley de Calidad de la Enseñanza. Los mismos no parecen garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, pues nos encontramos ante una Ley cuya finalidad es buscar respuestas a los cambios tecnológicos y los criterios de mercado, llegando a afirmarse que las reformas educativas son necesarias para la “revisión, ajuste y mejora”, siendo la “calidad” el mecanismo para “el logro de cotas más elevadas de progreso social y económico”. A pesar de que la exposición de motivos de la Ley alude al bienestar individual y social –sin explicitar abiertamente el significado que les otorga-, los planteamientos neoliberales de las economías capitalistas se insertan en el discurso y se habla, como se ha indicado, de la necesidad de ajustes que en estas perspectivas no garantizan el avance en la lucha contra la exclusión y la discriminación, dificultando el encuentro de las diferencias, de lo femenino y de lo masculino. El nuevo gobierno socialista, surgido de las elecciones celebradas en el pasado mes de marzo de 2004, forzosamente debe plantear una transición educativa que necesita de medidas urgentes, atrevidas y transformadoras.